La sostenibilidad supone imitar a la naturaleza. Esta imitación se basa en entender que es un sistema que no sólo ha sido capaz de mantenerse miles de millones de años, sino que ha evolucionado hacia grados crecientes de complejidad y conciencia.

Imitar a la naturaleza significa seguir varios principios: cerrar los ciclos de los materiales que usamos (haciendo que la basura se convierta en «alimento»), eliminar los compuestos tóxicos, basar la economía en lo local, acoplar nuestro ritmo de producción a los ciclos naturales de regeneración, basar la energía que necesitamos en la que el sol nos proporciona, potenciar una alta diversidad interconectada, reducir nuestro consumo drásticamente, tener una forma de vida solidaria con quienes nos rodean y que sea en libertad y justicia (es decir, actuar desde lo colectivo) y, finalmente, entender que vivimos en un entorno con una complejidad que hace que tengamos que actuar siempre bajo el principio de precaución.

Sin embargo estos principios no se ven plasmados en los PGE para el 2008 que el Gobierno está tramitando. Veamos algunos ejemplos.

Sobre el criterio de basar la economía en lo local encontramos partidas(1) dedicadas a la externalización de «nuestra» economía en varios ministerios: Fondos de Ayuda al Desarrollo, que en realidad son instrumentos para las empresas «españolas» (1.572.145’00), aportaciones a Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (904.461’21), ayudas a la exportación (57.000) o aportaciones a la UE, uno de los principales actores internacionales y nacionales en favor de la globalización (12.208.100’00).

Reducir drásticamente la movilidad motorizada y basarla en los transportes menos impactantes (como el ferrocarril convencional) es una medida que se relaciona con varios principios, como el de basar la economía en lo local, reducir nuestro consumo, acoplar nuestra velocidad a la de los ecosistemas o eliminar los compuestos tóxicos. Sin embargo vemos como los PGE para el 2008, las partidas insostenibles abundan: transporte aéreo (402.420’00), creación de carreteras (2.862.829’01), conservación de carreteras (1.220.482’6), AVE(2) (1.267.284’61), transporte terrestre excluyendo el tren convencional (147.362’45). En contraposición la financiación para el desarrollo de medios de transporte sostenibles, como el tren convencional, se queda corta (1.462.767’93).

La movilidad motorizada además tiene importantes implicaciones ambientales, como la emisión de CO2, principal gas causante del cambio climático. Sin embargo encontramos que, frente a las partidas señaladas anteriormente que van a fomentar el calentamiento global, las que son para luchar contra el cambio climático resultan mucho menores: IDAE(3) (81.376’20) o lucha contra el cambio climático (163.308’61).

Cuando hablamos de reducir también nos referimos al consumo de recursos naturales, como es el caso del agua. Desde esa perspectiva no se entiende el presupuesto para regadíos (219.348’05) o el del programa AGUA (2.165.330’69) que, mayoritariamente, quiere incrementar la oferta de este recurso mediante la desalación.

Muy relacionado con el principio de maximizar la diversidad, uno de los prin
cipales problemas ambientales que sufre el Estado español es el que se desprende del proceso de urbanismo descontrolado que se está produciendo. Por ello las partidas de promoción del turismo (390.668’24), fuertemente ligado al proceso urbanístico, y de construcción de nueva vivienda (1.273.929’82) son consideradas como insostenibles. El problema de la vivienda que hay en la actualidad debe afrontarse con el alto número de viviendas vacías que existe. Las partidas que se dedican a conservación (516.671’77), a defensa de la costa (277.945’28), a un desarrollo rural sostenible (100.000’00) o a la protección de la pesca (52.354’36) vuelven a ser menores que las de destrucción.

Buscar una gestión desde lo colectivo también está reñida con el fomento de la competitividad.

De este modo las partidas para el incremento de la competitividad del sector agrario, ganadero, agroalimentario y pesquero (109.212,33, 206.706’40, 108.472’26, 146.671’97) o defensa de la competencia (10.503’50), además de otros muchos programas relacionados en los ministerios de economía y hacienda, fomento, e industria y comercio, profundizan la lucha del ser humano contra su entorno.

Las actividades del Ministerio de Defensa (10.091.945’85) son consideradas, obviamente, como destructoras de las personas y del medio.

Algo similar podríamos decir con la mayoría del presupuesto dedicado a seguridad ciudadana y cárceles (8.871.999’89).

Es verdad que los presupuestos incluyen otra serie de importantes partidas que se puede considerar sostenibles: las pensiones (9.285.976’54), la sanidad (763.201’28) o la mayor partida de los PGE, la correspondiente a la Seguridad Social (119.276.598’47). En todo caso, también habría que hacer un desglose más fino de estas partidas, ya que, por ejemplo, el fomento del empleo se está usando para precarizar cada vez más el mismo.

Otros apartados que podrían haber contabilizado como sostenibles, como el de educación y cultura (1.370.256’54) serían más bien lo contrario, como ha quedado patente en un análisis elaborado por Ecologistas en Acción.

De este modo, no queda más que concluir que estos PGE son, nuevamente, desarrollistas y, por lo tanto, insostenibles. Todo ello reconociendo que hay importantes partidas que se podrían considerar como sostenibles.

Notas
(1) Todas las cifras se dan en miles de euros.
(2) La cifra está calculada considerando que el porcentaje del presupuesto del PEIT para alta velocidad es el 77% del presupuesto para ferrocarril.
(3) Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.

* Miembro Ecologistas en Acción