Dentro de un concepto amplio de protección social, este país ha avanzado de manera manifiesta en las dos últimas décadas. De entre las muchas medidas destacaremos tres por su impacto estructural: En primer lugar la universalización de la asistencia sanitaria; en segundo lugar la extensión de la cobertura de desempleo con los subsidios, siendo los de mayor impacto el agrario y el de mayores de 52 años; y en tercer lugar la promulgación de las pensiones no contributivas que vinieron a dar prestaciones económicas a multitud de personas sin recursos, las cuales, no tenían derecho a prestaciones de la Seguridad Social por falta de cotización. La cuarta es la reciente aprobación de la Ley de Dependencia que deberá asistencia familiar con coste proporcional a los recursos y que además será una fuente generadora de mucho empleo.
Por supuesto que los sindicatos mayoritarios han tenido un protagonismo decisivo unas veces en la acción y otras en la negociación, pues no cabe duda que las primeras conquistas fueron el fruto de las movilizaciones de los 80 culminadas en la huelga del 14D, mientras que la Ley de Dependencia ha sido fruto del acuerdo.
Queda mucho por recorrer hasta el estado del bienestar, ya que tenemos un diferencial del 8% del PIB respecto al porcentaje que se destina a esta misma materia en los países occidentales y nuestras pensiones son muy inferiores comparadas con los mismos.
Paralelamente, el empecinamiento desde el Pacto de Toledo en erosionar el sistema contributivo, especialmente el Régimen General, arroja sombras muy peligrosas sobre las pensiones de los trabajadores en activo respecto a su futuro.
El Pacto de Toledo
Ninguna de las negras previsiones que hicieron la mayoría de partidos políticos, patronales, sobre todo entidades financieras y también sindicatos, para justificar el Pacto de Toledo se cumplen: la Seguridad Social no ha lastrado ningún déficit en el PIB, tampoco ha quebrado en el 2006, ni siquiera la estructura de población evoluciona como se vaticinaba hace diez años.
Al contrario, los excedentes del sistema contributivo de la Seguridad Social se han ido sucediendo, en privado se han cambiado las predicciones y ahora algunos sitúan que las dificultades podrían llegar en el 2020; por su parte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social manifiesta que las pensiones están garantizadas hasta el año 2036 y que el impacto en el PIB es asumible hasta el 2050.
Pero nada se rectifica e interesadamente se siguen alimentando los mismos miedos e inseguridad para justificar los recortes. El Pacto de Toledo se ha convertido en un gran edificio con cimientos falsos, lleno de luces de neón que nos impiden ver la claridad del día.
Diez años después podemos discernir a quien le va muy bien y a quien no.
Los ganadores:>/b>
1- Las entidades financieras y las compañías de seguros que han conseguido captar capitales fijos en Planes de Pensiones privados y en seguros de vida, retribuidos con intereses especulativos, con el reclamo de que tienen rentabilidad del 30% porque se deducen directamente de los ingresos en la Declaración de la Renta, lo que provoca retornos importantes. Están pasando a manejar con la mayor impunidad cantidades descomunales de ahorros y el erario público está dejando de ingresar.
2- Los Empresarios que sin aportar material ni riesgo, en años de grandes beneficios, han visto como al amparo de la música y la letra del Pacto de Toledo reducían sus cotizaciones a la Seguridad Social. Claro está, el Pacto de Toledo relaciona peligrosamente en un cóctel inaceptable, pensiones, cotizaciones y competitividad de las empresas.
3- Las Mutuas que han visto como sucesivamente en los diferentes acuerdos parciales se les daban atribuciones de control y se recortaban las prestaciones de incapacidad temporal que ellas debían pagar, por ej. la cuantía al césar de la empresa o la reducción del periodo de incapacidad temporal más prorroga.
Los perdedores
Los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social para obtener pensiones dignas. El sistema contributivo, que es la columna vertebral de la Seguridad Social es el gran perdedor.
En los sucesivos acuerdos de Seguridad Social celebrados en el marco del Pacto de Toledo, se han aplicado recortes estructurales a las prestaciones más emblemáticas, jubilación e invalidez y ahora se han sentado las bases para eliminar la de viudedad, en una década en la que el sistema contributivo ha venido arrojando excedentes y al mismo tiempo que se reducían las cotizaciones empresariales.
Cierto que ha habido más medidas, unas negativas (palo a la IT) otras positivas (reducción de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada) pero las de futuro, las de mayor peso, las de calado estructural, son las mencionadas en primer lugar.
Todo es lógico. Para los ideólogos del Pacto de Toledo no hay ninguna contradicción porque apuestan a largo plazo por un modelo de protección social basado en pensiones mínimas para todos de carácter público y pensiones complementarias de carácter privado para quienes puedan costearlas.
Dicho mas técnicamente, estaríamos ante un sistema tripolar basado en un sistema asistencial (mínimo y financiado a través de los PGE) otro profesional contributivo (financiado con cotizaciones a la Seguridad Social) al que hay que erosionar para impulsar el tercer sistema que es el privado, colectivo o individual (financiado con ahorros).
La privatización está en marcha, por lo tanto lo que está en cuestión es el modelo, no solo cada prestación.
Un entuerto emblemático
Presentado como el gran dogma de fe que venía a demostrar que el Pacto de Toledo era irrefutable, la separación de las fuentes de financiación, en realidad es la piedra angular para exonerar al estado de su responsabilidad exclusiva y poner el sistema contributivo a los pies de los caballos.
Antes, la Ley General de la Seguridad Social dejaba muy claro que ésta se financiaría en primer lugar con los Presupuestos Generales del Estado y, en segundo lugar, con las cotizaciones sociales. Pues bien, tras el Pacto de Toledo pasa a formularse por modificación de la misma Ley, que el sistema contributivo deberá autofinanciarse, a sí mismo, es decir, que la separación de las fuentes de financiación que sería una buena práctica en cualquier familia, empresa, ente o institución para la mejor gestión de los recursos en este caso es una buena coartada para trasladar la exclusiva responsabilidad del Estado a la capacidad de financiación del sistema.
A partir de aquí la pregunta es de Perogrullo ¿si en época de fuerte acumulación de beneficios empresariales y excedentes en cotizaciones de Seguridad Social se recortan pensiones y se reducen cotizaciones empresariales, ¿hacia donde vamos ?
Crear inseguridad y miedo en el sistema contributivo es abono básico para desviar la atención y los recursos hacia la vía de privatización.
El último acuerdo de medidas de reforma de la Seguridad Social confirma la línea de erosión a las pensiones estructurales del sistema contributivo, jubilación, invalidez y viudedad y por los colectivos principalmente afectados es manifiestamente contraria a la igualdad de género.
Endurece el acceso a la pensión de jubilación al exigir 15 años efectivos de cotización cuando antes bastaba con menos de 13 con sus días cuota.
Se aplica un fuerte recorte a las pensiones de invalidez, según los años que falten (reales + potenciales) para alcanzar los 35 cotizados. El ejemplo mas extremo sería el de una persona que pasa a invalidez permanente a los 60 años con diez años cotizados y cuya pensión antes de aplicarse el acuerdo hubiera sido del 100 % de la Base Reguladora y que ahora con la nueva norma le quedará reducida al 50 %, o sea la mitad.
La exigencia de más años de cotización para acceder a la jubilación afecta muy mayoritariamente a las mujeres. Los enormes recortes a la pensión de invalidez afectan a las/os trabajadoras/es que combinando edad y vida laboral no alcancen 35 años de cotización, es decir también atenta de manera especial contra las mujeres, históricamente más afectadas por la intermitencia laboral y decepciona comprobar que pueden más los compromisos del Pacto de Toledo que las políticas de igualdad.
Capítulo aparte merece el incierto futuro de las pensiones de viudedad a las que ahora se tiene derecho objetivo en función de las cotizaciones del causante para pasar a conceptuarla como «renta de sustitución» lo que puede dar pie a su futura eliminación en la mayoría de los casos.
La Ley 40/2007 de medidas de Seguridad Social, disposición vigésimo quinta, mandata al gobierno para que en desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo elabore un proyecto para la reforma integral de la pensión de viudedad.
* Graduado Social, experto en SS
