En España, tras el nombre de «democracia» se despliega un régimen parlamentario que otorga a la libertad de empresa más fuerza que a las libertades y los derechos de la gente. Los políticos, sindicalistas e intelectuales defensores -o leales opositores- de este régimen, se autodenominan «los demócratas». La izquierda, unida en torno al PSOE, goza de buena salud. Lo que está en crisis es cualquier proyecto que, sin asumir este hecho, pretenda organizar a las víctimas del capitalismo. Sin movilización popular, no hay izquierda, entendida ésta como algo sustancialmente diferente a la derecha. Pero no habrá movilización sin deslindar los campos entre el capitalismo y el anticapitalismo y entre las políticas de izquierdas y las de derechas, las aplique quien las aplique.

En los últimos 30 años, tras confundir la democracia con su propia legalización, el PCE apostó por una Constitución franquista y excluyente, enfrentándose con los movimientos populares, que había contribuido a levantar.

Posteriormente desarticuló su base organizada en la sociedad. Las aguas muertas de la monarquía parlamentaria de mercado le han erosionado, junto a toda la izquierda, en los planos político, ideológico y vital. Hoy es una quimera hablar del PCE como algo diferente a IU y viceversa. El votante, como buen calculador racional, sabe que casi todos los políticos, incluidos los suyos, mienten más que hablan y prefieren votar al original en vez de a la copia, apoyando a quien puede hacer política, en lugar de a quien se contenta con ser la «conciencia moral» de la izquierda capitalista. Por eso, millones de trabajadores votan al PP y millones de votantes de izquierdas votan al PSOE.

La reconstrucción de la izquierda está vinculada a la oposición de masas contra el orden totalitario y violento del mercado. No hay libertad sin lucha por la liberación ni izquierda sin enfrentamiento con el capitalismo.

Motivos y perjudicados no faltan. Nada que ver con la interminable especulación sobre métodos de trabajo, formas organizativas o espacios electorales o con «incorporar a nuestro proyecto a sindicatos, etc.». Menos aún con «la participación en los encuentros, jornadas y foros de unos movimientos sociales» hegemonizados, tras el paréntesis del Movimiento contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra (2001-2003), por diversas agencias del PSOE, entre las que se cuenta la que nos ha hecho esta propuesta.

La implicación de militantes o agrupaciones en espacios de resistencia no partidarios desde abajo del todo, la libertad intelectual para poner nombre a lo que nos está pasando y la lucha teórica desde un Marx anticapitalista y libertario, no supone romper nada porque estas políticas no tienen viabilidad organizativa desde la actual IU. Del despliegue de esta fuerza plural que acabe con la impunidad de la derecha, depende el porvenir de la izquierda.

La crisis del sistema financiero tiene su origen en el libertinaje especulativo del propio sistema financiero. La falta de liquidez significa restricción voluntaria del crédito por parte de los bancos. Los gobiernos que han impuesto la libertad de mercado, se apresuran a dar dinero fresco y casi gratis para sacar a los bancos de su propia ciénaga.

Las recetas del capitalismo para superar sus crisis forman parte de nuestra memoria histórica. Tienen el culpable definido de antemano: los salarios, las jubilaciones, el seguro de desempleo, el coste de los despidos, la indisciplina en las empresas, el sindicalismo asambleario y los movimientos populares autónomos del poder.

No se puede consentir que el gobierno se entregue al chantaje de los banqueros que amenazan con conducir a millones de rehenes al paro, los desahucios y «el corralito» de sus ahorros. Con la Constitución en la mano (artículo 47,9.2 y 128.2), el gobierno debería comprar una parte de las acciones de los bancos con el dinero fresco que ha librado para comprar las hipotecas y con bonos del estado. Retirar de la dirección, investigar y encarcelar a los directivos que han puesto a la población al servicio de sus cuentas de resultados. Pero el PSOE ya ha tomado partido.

El gobierno socialista no se ha preocupado por millones de familias trabajadoras solventes con problemas de liquidez para asumir el doble de hipoteca mensual. Sin embargo, se desvive por salvar a los bancos. Debido a la oleada de despidos y a que, quien hace tres años pagaba 700euros mensuales de hipoteca paga hoy 1350euros, lo que el Gobierno presenta como una «compra segura de activos saludables», son activos al borde del abismo.

El impago colectivo de las hipotecas con una cobertura legal bien fundamentada y la resistencia colectiva a los desahucios, son tareas urgentes. También lo es la ocupación organizada de viviendas y espacios abandonados para vivir por parte de quien lo necesite. Si el mercado no permite el acceso a la vivienda, el estado debe garantizar dicho acceso. Si el estado no hace nada por la gente, ha llegado la hora de la intervención social. Este es el terreno de la izquierda. Las ocupaciones organizadas en todo el país, deben establecer un dialogo con los propietarios, negociar una mensualidad posible y garantizar el cuidado de los inmuebles.

* Miembro del CAES