En 2003 la policía desmantelaba un taller clandestino con diecinueve orientales que cosían esclavizados en turnos de 16 horas con el propósito de confeccionar 28.000 prendas de ropa a contrarreloj. No se trata de una de las escenas de la película Gomorra, de Matteo Garrone, sino un «incidente» de un taller clandestino que cosía para Zara en las inmediaciones de Santiago de Compostela. El fundador del grupo INDITEX, Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del planeta, es el empresario más sobresaliente de una casta que el PsdeG-PSOE y BNG entronizan como los símbolos de una Galicia moderna y desarrollada que sigue el ritmo de la globalización.
Estaba en lo cierto Artur Mas, el ex-Conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, cuando en junio de 1998 (un mes antes de la firma de la llamada Declaración de Barcelona por BNG, CiU y PNV) se reunía con Beiras y el equipo económico del BNG y declaraba: «El BNG no tendría el 26% de los votos en Galicia si no fuese un partido con vocación de centro[…] En Galicia ya hay un partido nacionalista que conecta con una burguesía nacionalista y con amplias bases sociales del país».
En tres años de gobierno bipartito puede concluirse, parafraseando a Marx, que el gobierno autonómico gallego formado por el PSOE y el BNG es el consejo de administración de la burguesía, y lo es sin pudor, sin tapujos, sin vergüenza.
En 2005 era absolutamente necesario cambiar al PP de «la boina y el birrete», no sólo para la ciudadanía, los partidos y movimientos sociales, sino también para los sectores más pujantes de la economía gallega. La necesidad de expansión económica y el cambio de gobierno central en 2004 requerían un nuevo gobierno alejado de las baronías del PP anquilosadas en políticas caciquiles carentes de legitimidad tras el «Nunca Máis» y el «No a la guerra». Pero también, y sobre todo, un gobierno que garantizase la neutralización del conflicto laboral a través de la complicidad y afinidad política de las cúpulas sindicales de UGT, CIG y CC.OO., que hiciesen la vista gorda ante medidas laborales flexibles con el objetivo de maximizar los beneficios empresariales.
Si tenemos claro que la globalización capitalista es el reparto del mundo por el capital financiero, el gobierno gallego aplica las reglas por el manual. Resultan evidentes los lazos del gran capital con el poder político, especialmente cuando se observan cómo se confían puestos a altos funcionarios en las directivas de los bancos y las empresas. Por citar un ejemplo claro, como asesores o miembros de los consejos de las empresas del Grupo San José figuran el ex-presidente del Parlamento de Galicia, Victorino Núñez, el ex-presidente de la Xunta, Fernando González Laxe, el ex-ministro Otero Novas o el ex-ministro Antoni Asunción, entre otros. Dicho grupo económico del sector de la construcción mantiene fuertes vínculos con el BNG, hasta el punto de adquirir la cabecera nacionalista A Nosa Terra o crear el diario en gallego Xornal de Galicia en contraprestación por la concesión de 142 megavatios de energía eólica. San José, que se caracteriza por la diversificación de inversiones, es muy conocido en Madrid por la ampliación del Museo del Prado o la concesión de la futura «operación Chamartín» en Madrid, además de poseer la productora de audiovisual Filmanova, dirigida por Antón Reixa, o poseer plantaciones de cereales para biodiésel en Argentina.
Pese a la demagogia del Presidente de la Xunta anunciando el pleno empleo para el final de la legislatura y la ceremonia «a la americana» de la firma del «Acuerdo por el empleo» entre gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CC.OO. (del cual se desmarcó la CIG por considerarlo «propaganda vacía de contenido»), los datos son reveladores: 189.903 parados en diciembre de 2008, con serias sospechas sobre el falseamiento de los datos con fines electorales, cerca de un 90% de temporalidad en los contratos, 400.000 personas consideradas pobres de las que al menos 109.000 lo son en situación de extrema pobreza. Sin embargo, los problemas de los trabajadores y trabajadoras van en direcciones contrarias a la política de la Xunta.
La marcha al exterior de Galicia de las matrices de varias empresas, fundamentalmente Fadesa y Unión Fenosa, provocó que Emilio Pérez Touriño forzase varias reuniones con el empresario Manuel Jove (fundador de Fadesa y primer accionista individual del banco BBVA) para solicitar la inversión de capital en territorio gallego. De esas reuniones y la sociedad con otros empresarios, se creó la compañía de fabricación de aerogeneradores GAELSA Energías con la vista puesta en la concesión de varios parques eólicos. Atrás quedaba la propuesta nacionalista de conseguir mediante dicha inversión la privatización de los astilleros públicos ASTANO o la creación de un gran grupo lácteo autóctono.
Cuando la bacanal del ladrillo y el cemento toca a su fin forzoso, los potentados de la construcción se reinsertan con un empujoncito de la Consellería de Industria. El concurso eólico diseñado por el PP ha sido desempolvado como plan de rescate de los especuladores del ladrillo. Buena parte de los adjudicatarios y de los que aguardan en lista de espera tienen o han tenido negocios inmobiliarios o de construcción y la energía renovable es su nuevo maná. El concurso eólico (2.325 megavatios, equivalente a unos 2.000 nuevos molinos de viento) se asemeja al guión de una telenovela.
Para PSOE y BNG «modernizar» Galicia ha consistido en recambiar con sus afines las redes clientelares del PP, ganarse el favor de los grandes empresarios, conceder licencias en espacios naturales, en definitiva, vender Galicia a costa del medio ambiente, el empleo digno y el bienestar de la mayoría de la sociedad gallega. Existe una omnipresencia de empresas que se repiten en todos los procesos empresariales, siempre polémicos: planta de gas de REGANOSA, concurso eólico, fundación Cidade da Cultura, Unirisco Galicia, S.C.R. (sociedad de capital riesgo de la Universidad de Santiago), Fundación Universidade de A Coruña, etc. Empresas que como ha hecho tradicionalmente la burguesía, se enmascaran en una supuesta «obra social» para saquear las arcas autonómicas, fundamentalmente a través de sus fundaciones. Los grandes grupos económicos gallegos manejan en Sociedades de inversión de capital variable (SICAV) un equivalente al 7% del PIB de Galicia. La lucha de clases en Galicia existe y los representantes de la clase explotadora tienen nombres y apellidos, pero sus cómplices tienen siglas. Caixanova, Caixagalicia, Inditex, Grupo San José, Tojeiro, Azkar, Coren o Monbus financian sus campañas electorales. Políticos de la mal llamada izquierda y empresarios nadan en la opulencia mientras el paro, la exclusión y la marginalidad se ciernen sobre los gallegos.
* S. General Partido Comunista de Galicia
