El País Valencià es uno de los feudos del Partido Popular. Son ya trece años de gobierno de una de las derechas más reaccionarias de todo el estado, trece años de políticas basadas en los grandes eventos, el turismo de sol y playa, la construcción y los campos de golf. Este tipo de políticas, son el escaparate bajo el que se esconden enchufismos y corruptelas, por las que son ya muchos los cargos públicos del PP imputados en procesos judiciales.
El caso paradigmático que ha hecho saltar a Castellón a las portadas de los grandes medios de comunicación es el del Presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, por cuya causa han pasado ya ocho juezas y cuatro fiscales y lleva más de cinco años instruyéndose, sin que parezca que vaya a resolverse en breve. Una extensa red de favores, de clientelismo y de complicidades le ha permitido mantenerse durante 13 años en el sillón de Presidente de la Diputación de Castellón, a pesar de las múltiples imputaciones por delitos de tráfico de influencias, contra la hacienda pública y delito fiscal.
El de Fabra es, sin duda, el caso más escandaloso, pero él no es el único representante del pueblo con carnet del PP imputado por delitos de corrupción. La lista de alcaldes y concejales que en breve deberán sentarse en el banquillo de los acusados por delitos relacionados con la construcción es vergonzosamente extensa. Se cuentan por decenas los cargos públicos acusados por recalificar terrenos de manera ilegal.
Ahora se sabe por qué el PP dejó morir la industria, la agricultura y la pesca del País Valencià para poner todos los huevos en la cesta de la construcción, porque es de ahí de donde salían las comisiones más suculentas. Ayudados por una legislación que deja en manos de los promotores inmobiliarios la planificación y el diseño del urbanismo valenciano, dando como resultado un modelo especulativo y depredador del territorio que no responde al interés común de la sociedad, sino al enriquecimiento rápido de unos pocos gracias a las grandes reclasificaciones de terrenos rústicos.
Hay otros que han preferido quedarse al margen de los grandes beneficios que se obtienen con la transformación de suelo agrícola en urbanizable para dedicarse a algo mucho más tradicional, como el Conseller de Gobernación del Consell de la Generalitat Valenciana, Serafin Castellano, que según parece lleva una década adjudicando contratos de obras públicas a una pareja de amigos, un matrimonio propietario de una empresa constructora. Casualmente la co-propietaria de esta empresa trabaja para el Grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes.
Estas últimas semanas la corrupción ha vuelto a salpicar al Partido Popular del País Valencià, pero esta vez son las más altas esferas del Consell las que se ven envueltas en una trama corrupta. Los tentáculos de la red controlada por el empresario Francisco Correa en Madrid llegan incluso hasta el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
La empresa Orange Market, (filial de la sociedad Special Events presidida por Francisco Correa), cuyo presidente Álvaro Pérez es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, ha sido durante años la empresa adjudicataria de la organización de grandes eventos en el País Valencià, como la Volvo Ocean Race. También a esta empresa se le adjudicó el montaje del stand del País Valencià en Fitur y contratos con Radio Televisión Valenciana. La sociedad presidida por Pérez tiene también una estrecha relación con la cúpula del Partido Popular, no en vano ha sido la encargada de organizar múltiples actos de este partido.
El empresario José Luís Ulibarri, también pensó en el País Valencià a la hora de hacer «negocios». Son dos los proyectos que menciona en las grabaciones que forman parte del sumario judicial, dos actuaciones urbanísticas en las que está implicado.. Ahora bien, parece ser que no sólo a la construcción se dedica Ulibarri, pues una de sus empresas fue de las más afortunadas cuando el Consell repartió los canales de TDT: consiguió que le adjudicaran 13 canales.
Será la justicia la que acabe de atar los cabos, aunque todo apunta a que la política de cartón piedra del Partido Popular, basada en visitas papales, carreras de coches y barcos se está perfilando como el caldo de cultivo perfecto para engordar amiguismos, sobornos y demás prácticas propias de una derecha corrupta y sin escrúpulos.
* Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts
