La respuesta a la crisis financiera internacional ha puesto de relieve el papel del Estado como «prestamista de último recurso». Cuando la Banca no puede conseguir préstamos en el mercado de capitales es el Estado el que viene a poner el dinero para evitar que se detenga la máquina. Puesto que en el sistema capitalista el crédito no es más que un adelanto para posibilitar los beneficios del futuro, la intervención del Estado es inevitable: de otro modo sin adelantos hoy, no habrá beneficios mañana. Pero esto trastoca los equilibrios de poder y debilita al hasta ahora todopoderoso capital financiero. Y aquí es donde yacen las contradicciones políticas de la situación.
La nacionalización del crédito es una exigencia democrática que no se puede limitar a una estatalización formal. La democratización real vendrá de la gestión y participación que aseguren que el crédito se pone al servicio de las necesidades reales. Sólo así la salida a la crisis no consistirá en restablecer las condiciones para volver a las siniestras formas de dominación y explotación que hemos padecido hasta aquí. De ahí que la respuesta a la crisis debe ser política.
No es esta la única innovación democrática que cabe imaginar. Podemos pensar en un sistema de «el Estado como empleador de último recurso». Se trata de que cualquier persona en paro tenga derecho a un empleo público, a cambio de un salario modesto, de forma indefinida. Este derecho no sería contradictorio con las prestaciones por desempleo que le correspondieran sino que quien tuviera derecho a ellas podría elegir entre seguir en paro o incorporarse al sistema inmediatamente sin perder el derecho de cobrarlas en otro momento.
¿En qué trabajarían estas personas? En tareas y actividades de interés comunitario o social, decididas y controladas de forma descentralizada y con participación directa de las ciudadanas y ciudadanos. Obviamente, con un control sindical para evitar que se emplearan en sustituir trabajo público regular. Y financiado desde el Estado con cargo a los Presupuestos.
Hagamos unos números muy esquemáticos; con un millón de personas paradas sin subsidio y un modesto salario de 600 euros al mes, se necesitan 7.200 millones de euros al año. Menos que el Plan E, o que los avales garantizados a CCM. Sin inflación pues hay una producción de valor real por detrás. Con efecto multiplicador máximo, pues esos salarios se convertirán en consumo de bienes básicos. Sin necesidad de cebar a los ricos para que las migajas rebosen hasta los pobres. Fijando un SMI real, pues nadie trabajaría por menos para otro.
¿Qué ocurre? Que no hablamos de valor de cambio sino de uso; trabajo invertido en resolver necesidades que la gente decide y que no se atienden a través del mercado. Desde luego no es la revolución, pero, … ¿y si la gente empieza a acostumbrarse a que se pueden organizar las cosas de otra manera?
* Secretario de Formación del PCE y Director de la Fundación de Investigaciones Marxistas(FIM)
