A la izquierda española la sola mención de la necesidad de reformar el mercado laboral le produce espanto. Y no es de extrañar, porque desde la implantación del Estatuto de los Trabajadores, aprobado con el rechazo de CCOO, conviene recordarlo, las cinco reformas que ha sufrido y las inacabables reformas al mercado laboral, con acuerdo o por decreto-ley, lo han sido para precarizar el empleo y recortar y disminuir derechos de los trabajadores (legalización de las ETT, establecimiento de los contratos temporales, diversificación de los tipos y modos de contratación, establecimiento de los contratos «indefinidos» subvencionados, limitaciones al salario mínimo, recortes de las pensiones de jubilación y otras).

El espanto es, desde luego, comprensible, pero la política de «virgencita, virgencita, que me quede como estoy» del chiste de la peregrinación a Lourdes no es en absoluto aceptable. En nuestro país, el sistema de relaciones laborales, y el mercado de trabajo, no es un paraíso para los trabajadores, más bien es un infierno para una amplia mayoría de ellos: entre 9-10 millones de ciudadanos, una parte no despreciable de trabajadores con empleo, viven en la pobreza y exclusión social; 1-1’5 millones de trabajadores, en parte solapados con los anteriores, desarrollan su actividad en la economía sumergida; se ha llegado a los casi 4’5 millones de desempleados, estadísticos de la EPA o registrados en el INEM; el «ejército de reserva» del que hablaba Karl Marx (gran parte de los inactivos en edad de trabajar más los parados) está alrededor de los 19 millones de personas, más o menos equivalente a la población ocupada; más de 4’5 millones de asalariados poseen un contrato temporal; y a todo ello hay que añadir los bajos salarios y extensas jornadas, que marcan una de las peores situaciones de la UE-15. El panorama descrito, que no es más que una agravación del existente antes de la entrada en la crisis, exige una profunda reforma y la izquierda, especialmente la autodenominada izquierda transformadora, tiene el deber de plantear alternativas desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, de todos los trabajadores dependientes.

Porque de donde no se puede esperar nada, o casi nada, al menos nada bueno, es ni del partido de gobierno (PSOE), ni del principal partido de la oposición (PP) que, en nuestro particular sistema electoral, es el único con posibilidades de alcanzar ese gobierno. En principio, ambos partidos, que practican una política económica casi idéntica y una filosofía social y laboral muy similar salvo en matices (por importantes que puedan ser esos matices, que eso no hay que negarlo) bajo el paraguas del neoliberalismo económico, proclaman que esos asuntos se deben dejar a la autonomía de las partes, aunque en ningún momento hayan dejado desde el gobierno de recurrir al decreto-ley, o amenazar con él como medida de chantaje, cuando les ha venido en gana, casi siempre en detrimento de los intereses de los trabajadores y en beneficio de los empresarios.

El PSOE desde el gobierno ha centrado su discurso y su actuación en el problema del paro, sobre todo a partir de la hecatombe de la superación de la mítica cifra de los 4 millones, con la intención de mantener y extender las prestaciones, lo cual es muy loable pero totalmente insuficiente; ahora es más o menos del dominio público que no todo aquel que se encuentra desempleado posee derecho a prestación y aunque nadie se atreve a dar cifras la cantidad de trabajadores en esas condiciones no es en absoluto despreciable; cuando en la situación descrita se habla de desempleados reales, estadística y/o administrativamente contabilizados o no, que ni trabajan ni reciben prestaciones, la cifra de los 4 millones se desborda.

Pero es que el PSOE ha realizado dos movimientos en la cuestión sobre la que reflexionamos, la reforma laboral, que no son de ninguna forma favorables a los intereses de los trabajadores: el primero ha sido al asumir rápidamente y sin condiciones la propuesta de la CEOE de impulsar y favorecer la contratación a tiempo parcial, lo que en la situación actual implica una puerta abierta a la economía y el trabajo sumergidos (1); el segundo, el sorprendente acuerdo con CiU, probablemente el grupo parlamentario que más y con ahínco defiende los intereses patronales, si bien de los empresarios algo mas ilustrados que los del modelo «pocero», acuerdo que incluía la «flexibilización de la negociación colectiva» (flexibilizar es una acepción totalmente ambigua y muy peligrosa si no se especifica cuál es su contenido real) y un nuevo impulso a la privatización de los servicios públicos de empleo (a este paso podemos acabar con la CEOE gestionando el pago de prestaciones por desempleo) junto con un contrato único en la línea propuesta por un grupo de expertos cercanos o militantes del PSOE (2). El acuerdo, que más parecía un daño colateral de la aritmética de los acuerdos parlamentarios puntuales dentro de la soledad del gobierno, duró alrededor de las 24 horas y el gobierno, a través de su presidente, decidió tomar las riendas del diálogo social, así que habrá que esperar a sus propuestas.

En el PP, cuyas propuestas se han comentado ya con un cierto detalle en este periódico (3)las cosas parecían muy fáciles, criticar al gobierno por ineficacia y falta de previsión, decir que ellos tenían medidas pero sin hacerlas explícitas, utilizar a los parados, víctimas de la crisis, como arma arrojadiza (del mismo modo que utilizó a otras víctimas, las del terrorismo de ETA o islamista radical) y esperar a que los votos y el poder les cayeran del cielo, aunque todo se les torció con la debacle de su líder en el debate sobre el estado de la nación y con la aparición de los innumerables casos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, sus famosas medidas se reducen a: flexibilizar el mercado laboral, controlar el déficit, disminuir o eliminar las cotizaciones empresariales, compromisos en el área de las pensiones, todo ello evitando cualquier tipo de concreción. Por cierto, los parados, como arma arrojadiza les vale, pero a ellos, los protagonistas, ni agua.

NOTAS:
1.- Ver, D. Lacalle, «¿Otra vuelta de tuerca?» en Mundo Obrero, febrero 2009.
2.- Javier Andrés y otros, «Propuestas para la reactivación social en España» en El País. Negocios 26 de abril 2009, pg. 23.
3.- D. Lacalle, «Las recetas del Partido Popular ante la crisis» en Mundo Obrero, marzo 2009.

* Fundación de
Investigaciones Marxistas