¿Quién teme una comisión de investigación de la trama de robo de bebés que asoló España desde el franquismo hasta los años 90?

Entre los años 1940 y 1990, se produjeron en el Estado español  robos organizados de neonatos. En la trama estaban involucrados médicos, matronas, funcionarios y rectores. Los afectados, según los cálculos de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), podrían ser cerca de 300.000 en todo el Estado. Las Fiscalías de Valencia, Alicante y Castellón ya cuentan con cientos de denuncias de niños robados y cada día siguen apareciendo más casos. No obstante, si no se realizan más es por las dificultades que se encuentran las afectadas y afectados en el momento de recabar la documentación necesaria para proceder a la denuncia. Se dan casos tan cruelmente surrealistas en los que los Hospitales contestan a ancianas mujeres que nunca parieron ni pasaron por allí cuando reclaman sus historiales médicos.

En las maternidades decían a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto y pedían a los padres que buscaran una caja de madera o cartón y fueran rápidamente a enterrar a sus hijos en fosas comunes. En muchos casos, a la hora de exhumar los cuerpos se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.

Pero el drama también asola a esos hijos robados que, ya siendo adultos, han descubierto que sus padres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse en pruebas de ADN, o bien al descubrir falsificaciones e incongruencias en su documentación. Pero esto es “algo sabido”, una de esas historias insoportablemente reales e incómodas que es preferible no “remover” para “unos cuantos”.

En el pleno de Les Corts se perdió la oportunidad de abrir la puerta de la democracia al reconocimiento político de la existencia de este gran drama y la posibilidad de crear una Comisión de investigación sobre la desaparición de bebés desde el franquismo hasta los años 90 facilitando la creación de un banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes de los casos de robo y desaparición de neonatos, con el objetivo de ayudar a los afectados a encontrarse. El PP sin embargo, frenó este avance presentando un texto alternativo en el que no cabían comisiones de investigación ni apoyo a la creación de bancos de ADN. Mientras en Euskadi se ha llegado a un consenso parlamentario, ni siquiera el texto resultante firmado por el PP del País Vasco, ha servido para que el PP valenciano atienda las necesidades de las víctimas.

Esto es algo tan grave y trascendente que no se puede comprender que no se apoye en los términos que demandan las afectadas y afectados sino es por el miedo a que la verdad salpique a determinados sectores del PP. Desde Esquerra Unida seguiremos presentando diferentes iniciativas parlamentarias, así como seguiremos asesorando a la Fiscalía en el proceso de exhumaciones, ya que además del apoyo político también estamos cediendo nuestras sedes para las reuniones de la asociación SOS Bebés Robados y poniendo nuestra experiencia profesional –en el caso de quien suscribe este texto, como arqueóloga- al servicio de esta causa.