El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, trasladó a la Comisión Europea su preocupación por las intenciones de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno de la Comunidad de Madrid de posibilitar y participar en la puesta en marcha del proyecto ‘EuroVegas’, que han ofrecido ya terrenos tanto en la comarca del Baix Llobregat como en el término municipal de Alcorcón respectivamente.

Meyer, quien ha dado voz así a las recientes denuncias y el rechazo de plataformas ciudadanas, autoridades locales, asociaciones ecologistas como ‘Ecologistas en acción’ y formaciones políticas como Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) e Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IU-CM), alertó de las consecuencias de este proyecto «una nueva ciudad artificial, que a todas luces sería un paraíso fiscal, sin obligaciones fiscales ni derechos sociales o laborales, con una clara finalidad de blanqueo de grandes capitales y en el que proliferarían lamentables actividades económicas como la especulación urbanística o la prostitución».

‘EuroVegas’ es un megaproyecto del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson consistente en la construcción de una ciudad ludo-recreativa artificial, con seis megacasinos, una docena de hoteles y varios campos de golf para lo que exige privilegios legales y financieros como un préstamo del Banco Europeo de 25.000 millones de euros avalado por el Gobierno español.

«Seguir adelante con este proyecto sería seguir apostando por el modelo económico del pelotazo inmobiliario y del derroche, por el beneficio sin escrúpulos para unos pocos, que nos ha llevado a la actual situación de desempleo masivo y atropellos de los derechos. Sería profundizar en trabajos cercanos a la explotación, sin derechos ni salarios dignos, y continuar con la destrucción e insostenibilidad medioambiental», indicó Meyer.

Por estas razones, el Vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, solicitó a la Comisión que investigue los posibles incumplimientos medioambientales, sociales y económicos de la legislación comunitaria que supondría este proyecto y analice las consecuencias medioambientales que tendría para zonas de especial protección vecinas a los terrenos propuestos.

«¿Considera la Comisión Europea que este tipo de proyectos, basados en la precariedad laboral, salarial y social, así como la destrucción medioambiental, están en la línea de una economía basada en la innovación, la investigación y la sostenibilidad?», preguntó Meyer.