El pasado 23 de septiembre, en el marco de la Fiesta del PCE, en San Fernando de Henares, se presentó este informe anual que se viene realizando desde hace ya ocho años, y que en esta ocasión estuvo a cargo de Marta Pérez, miembro de la sección sindical de CCOO en Cajasur; Javier Orozco, coordinador del Programa asturiano de atención a las víctimas de la violencia en Colombia, y Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid, los tres formaron parte de la delegación que se desplazó a Colombia. Como moderador, el ex eurodiputado Pedro Marset, miembro del Comité federal del PCE.
La delegación, integrada por siete personas, permaneció 13 días en Colombia, desplazándose a los departamentos de Chocó, Arauca, Antioquia, Magdalena, Cesar y Cundinamarca, para llevar a cabo un trabajo de campo consistente en entrevistarse con distintas autoridades civiles y militares, y recoger testimonios de las víctimas y sus familiares.
Como resultado de la visita, la delegación llegó a las siguientes conclusiones:
– Encontraron al gobierno colombiano con un discurso más aperturista, aunque incapaz de garantizar la seguridad. El tema de la seguridad está siempre presente en todas las decisiones del gobierno, pero se trata de la seguridad sobre los derechos de propiedad y no sobre las personas. La concentración de la tierra y de los bienes de producción es enorme.
– Se constató la persistencia de grupos paramilitares y la permisividad del ejército con esos grupos.
– A pesar del Programa de recuperación de tierras, continúa habiendo desplazamiento forzado de la población campesina por parte de grupos paramilitares y/o de multinacionales. Para ello se sirven de amenazas de muerte, tanto colectivas como individuales.
– Los bombardeos indiscriminados afectan enormemente a las comunidades indígenas que acaban buscando refugio en los países limítrofes (Ecuador, Perú, Panamá).
– Continúa habiendo desapariciones y asesinatos de líderes sindicales, con el agravante de que las autoridades dan explicaciones no políticas sobre los hechos y al mismo tiempo los grupos paramilitares y los inductores de los asesinatos siguen quedando impunes.
– No se permite el acceso a las cárceles.
– También se ha puesto al descubierto un gigantesco escenario de violencia sexual contra la mujer.
La delegación ha constatado que el nivel de violaciones a los derechos humanos sigue siendo muy elevado y que existe una vinculación entre las violaciones y la explotación de los recursos.
La delegación considera necesario denunciar las comprobaciones realizadas a través de los medios de comunicación, continuar apoyando los programas de protección a las víctimas y encontrar la forma de seguir dando continuidad al proyecto.
Las conversaciones de paz que se inician en Oslo en este mes de octubre deberían ser el inicio de una nueva era de paz y justicia para Colombia.
