Ante la realidad de unos hechos que se nos iban presentando día a día por los medios de comunicación, que atribuyen al ex-tesorero del partido en el gobierno, Luis Bárcenas, una serie de pagos no declarados por contratistas de obra pública al partido en el que este trabajaba, y que dejaban al descubierto una íntima relación de intereses entre diversas empresas constructoras y dicho partido, gracias a la cual se pudo obtener una posible, y hoy aún supuesta, financiación ilegal de este, la sociedad en su conjunto esperaba que, o bien se produjera la imputación del tesorero y de los mencionados contratistas, o bien se interpusiera una querella contra estas revelaciones por parte del Partido Popular. Ni la una ni la otra se produjeron; solamente una tibia investigación de la fiscalía anticorrupción aún no judicializada y que no parecía que fuera a elevarse a juzgado alguno, con el peligro de malograr un procedimiento por la prescripción de algunos delitos. Tras un mes de cautelosa espera y arduo trabajo, se produce la interposición de la querella de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, Justicia y Sociedad y Federación Los Verdes.
Si no era ahora, ¿cuándo? Si no eran IU y el resto de colectivos, ¿quién? Es pues una querella oportuna y necesaria. Podemos estar ante unos hechos cuya gravedad aún no sea apreciable en toda su extensión, por lo que, para lograr una investigación eficaz, además de la querella hay que impulsar un apoyo social fuerte y decidido. Ante un acontecimiento como este, en el que se pone de manifiesto de forma tan evidente el modus operandi de la corrupción en el reino de la burbuja inmobiliaria, que es la realidad palpable de que este sistema está podrido, el procedimiento que abrimos no puede quedarse en un mero procedimiento penal al uso, sino dar un paso más allá para poner en marcha un cambio urgente y necesario.
La coalición de intereses entre corruptores y corruptos ha podido tener una importancia capital en el devenir pasado, presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en el impulso descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de empleo basado casi en exclusiva en las grandes obras y en la construcción, modelo que fácilmente puede considerarse que ha respondido más a los intereses de los adjudicatarios de obras y desarrollos urbanísticos que a los verdaderos intereses de la ciudadanía.
El hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, al endeudamiento imparable del estado, a los rescates mil millonarios al sector financiero privado y, como consecuencia de lo anterior, a unos niveles de paro insoportables, con el 26% de la población en situación de desempleo, a un despedazamiento de los servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos y a la mutilación de los derechos sociales.
Y todo ello estrechamente ligado a las exigencias de las instituciones gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados financieros, para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de desarrollo ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas finales son asumidas por la economía nacional, mientras que los beneficios fueron recogidos en exclusiva por las grandes empresas constructoras y los directivos que las dirigían, entre los que se encuentran los empresarios contra los que se dirige esta querella.
España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han precisado del rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país que más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. Y eso a pesar de las continuas denuncias que desde los movimientos ciudadanos y ecologistas se han venido realizando durante años, evidenciando la inversión insostenible en infraestructuras multimillonarias, que ha quedado cristalizada en estaciones fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados o transportes al servicio de una selecta élite.
Se intentaron justificar esas grandes obras en pro del desarrollo económico general, pero las sospechas entonces de unos pocos, hoy con los papeles de Bárcenas quedan confirmadas, ya que estos ponen claramente en evidencia que desde el poder público se ha venido impulsando un modelo de desarrollo del que al final solo se han beneficiado los directamente interesados en la ejecución de las obras y aquellos que han cobrado de los anteriores.
No podíamos quedarnos quietos y no reaccionar ante estas revelaciones. La sociedad en su conjunto no hubiese entendido nuestra actitud, más aún cuando el discurso de Cayo Lara en el debate del Estado de la Nación apuntaba a que era el momento de asumir el papel de oposición, de verdadera oposición, junto a los ciudadanos, haciendo frente a esta estafa generalizada tanto en la calle con las mareas como en el parlamento con la Izquierda Plural y pasando, cómo no, por los tribunales. A estos, a la justicia como institución, les corresponde ahora medirse con la realidad y demostrar si realmente son útiles o no para regenerar esta sociedad, si son útiles para el cambio social o, de lo contrario, optan por mantener esta decrépita situación. Ahora son los jueces los que están bajo el escrutinio de los ciudadanos, y deberán asumir un papel u otro, o bien el de los jueces italianos que lucharon contra la mafia, o el de los jueces latinoamericanos que permitieron la impunidad.
Con nombres y apellidos: Acebes, Rato, Trillo, Lapuerta…
La querella presentada por IU está dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de los que fueron responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal de esta formación Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo.
Rato, Acebes y Trillo -exvicesecretario, ex secretario general y ex responsable jurídico del PP, respectivamente-, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos (figuran como receptores de dinero del PP en los papeles manuscritos) que no fueran los propios de su labor en el ministerio. En la querella, IU desgrana las donaciones de los empresarios al PP que figuran en los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas y los relaciona con adjudicaciones hechas a esas empresas por las administraciones públicas.
Los querellantes quieren que se investiguen las supuestas donaciones irregulares recibidas por el Partido Popular provenientes de distintos empresarios y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.
La nómina de querellados se completa con los altos directivos de ocho empresas que habrían realizado presuntamente estos pagos, además del ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un nombre codificado o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad ‘B’ atribuidos a Bárcenas, que reflejan las presuntas donaciones y pagos irregulares que afectan al PP.
Los directivos de empresas de construcción mencionados en la querella son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi; Juan Manuel Villar Mir, presidente de Grupo OHL; Luis del Rivero Asensio, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, ex presidente de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, apoderado de Construcciones Rubau.
