Desde hace años, la izquierda y los movimientos sociales venimos denunciando la nueva forma de apartheid, esa ignominiosa discriminación hacia la población no blanca en la Sudáfrica racista, que se viene imponiendo en España y la Unión Europea.
Los extranjeros o quienes tienen un color de piel más oscuro se ven sometidos a las redadas racistas, que es una forma de excluirles de determinados espacios públicos si no quieren ser hostigados de forma vergonzante. Al mismo tiempo, las leyes diseñan un doble concepto de administrado, con una mayor o menor garantía a sus derechos dependiendo del pasaporte que se ostente, lo que rompe con la lógica del Estado de Derecho y el principio de igualdad. En el ámbito penal, el tratamiento de hecho y de Derecho es distinto, y, en lo referido a las infracciones administrativas, un extranjero puede ser privado de libertad y expulsado sin contemplaciones.
La Unión Europea y España retroceden en derechos humanos, a pesar de su retórica omnipresente, y el cuestionamiento de su universalidad, una de sus señas de identidad desde la revolución francesa, es ya una realidad cotidiana, como lo demuestra la negación del derecho a la sanidad de los inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de Rajoy.
Pero este apartheid no se detiene con la regulación de la extranjería, incluso entre los que ostenten la nacionalidad española unos serán más iguales que otros. Este es el sentido del borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que ha elaborado el ministerio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón.
En el proyecto se plantea crear un examen oficial de lengua e integración en la sociedad española para los extranjeros que soliciten la nacionalidad. En la actualidad, son los jueces responsables del Registro Civil en cada territorio los que valoran este extremo, aunque sus criterios varían mucho. Algunos de ellos han aplicado prácticas discriminatorias, con pruebas y preguntas ridículas que no pasaríamos la mayoría de los españoles.
Pero el Gobierno del PP, en vez sancionar a los jueces que han utilizado malas prácticas para impedir el acceso a la nacionalidad, lo que hace ahora es elevar el abuso a norma de carácter general.
Eso sí, de paso Gallardón avanza en su programa de privatización de la Justicia. Porque el nuevo trámite ya no se haría ante un juez, sino en una notaría. De esta forma se consolida la apuesta del PP para que la celebración de los matrimonios y la gestión de los expedientes de nacionalidad se conviertan en un lucrativo negocio.
El resultado es redondo para el Gobierno del PP. Se quitan del medio el atasco de una gestión administrativa que funciona con retrasos impresentables y múltiples deficiencias, y de paso, les echan una mano a sus amigos notarios. Claro que todo esto no se hace a cambio de nada, ya que por el camino se pierde el principio de igualdad y la conversión de la Justicia en un privilegio para los pudientes. ¿O es que alguien piensa que los notarios harán el trabajo por amor al arte?
Para colmo, el borrador elaborado por el Gobierno modifica también el artículo 25 del Código Civil, donde se regulan los motivos para la pérdida de la nacionalidad de quienes no son españoles de origen. A partir de ahora, el Gobierno podrá retirar la nacionalidad “por razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional”, un concepto jurídico indeterminado muy acorde con el estado de excepción global que viene imponiendo el capitalismo en crisis.
De la igualdad del constitucionalismo clásico pasamos al apartheid de hecho y de Derecho; sin duda menos visible que la prohibición de sentarse juntos en un autobús público, pero no por ello menos pernicioso e injusto.
Con este proyecto Gallardón se reafirma como el ministro más reaccionario y hostil a los derechos. Su apuesta por la privatización de la Justicia y por convertirla en un privilegio de ricos, claramente reflejada en la ley de tasas, no estuvo motivada por un capricho pasajero; es un programa coherente de demolición del sistema de derechos y libertades para ponerlo al servicio de las políticas de ajustes y los recortes. Razón de más para defender un proceso constituyente que debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y, no lo olvidemos, recuperar las garantías básicas y las libertades trituradas por el capitalismo en crisis.
