Desde que se dio a conocer que IU y otras cuatro organizaciones habíamos presentado una querella criminal contra diversos constructores y dirigentes del PP por su vinculación con los llamados papeles de Bárcenas, el nerviosismo empezó a cundir en las élites del poder de este país. Y es que la querella no se quedaba en una mera denuncia de una más que posible financiación ilegal del Partido Popular, sino que va mucho más allá. Para los que elaboramos la querella, el nudo gordiano de nuestra acción judicial es un hecho que ha pasado desapercibido para buena parte de los medios de comunicación, incluidos los que han sacado a la luz pública los documentos de Bárcenas: la adjudicación de obra pública.
Cuando a comienzos del mes de febrero empezamos a trabajar la querella, el equipo jurídico puso en marcha una investigación para cruzar los pagos de los constructores reseñados en los documentos de Bárcenas y las adjudicaciones de obra pública y, efectivamente, como temíamos, empezamos a encontrar sospechosas coincidencias temporales entre los pagos anotados en el libro de contabilidad B del tesorero del PP y las fechas de adjudicación de diversas obras públicas, llegando al extremo de que el proceso de licitación y adjudicación de diversas obras finalmente concedidas a las empresas investigadas coincidía casi milimétricamente con los apuntes de pago realizados por el tesorero del Partido Popular. Es decir, cuando se publicaba en el BOE un avance en el proceso de licitación o la adjudicación en firme de dichas obras, Bárcenas anotaba a la vez un pago del constructor beneficiado por la concesión.
Por eso el poder, léase las constructoras, los bancos que las controlan y el Partido Popular que hace de eficaz servidor, se sintió especialmente perturbado. Se estaba poniendo en duda, con hechos y ante los tribunales, la política de grandes obras públicas que se ha desarrollado en España en los últimos 15 años, política que respondería a intereses espurios y que a la postre ha sido una de las principales causas de la desastrosa situación económica en la que se encuentra nuestro país. A esa inquietud del poder económico por lo contundente de la fundamentación de la querella, tanto en los hechos a perseguir como en las cuestiones jurídicas de fondo, se unió una nueva circunstancia: el juez al que por reparto recayó la querella, el juez Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º3 de la Audiencia Nacional, entendió que existía base más que suficiente para abrir una amplia investigación, que incluía, como no podía ser de otro modo, la imputación de los máximos responsables de ocho grandes constructoras, así como la petición de diversa documentación al Partido Popular, Agencia Tributaria, empresas constructoras, bancos, etc. La situación empezaba a preocupar a los poderosos, por lo que se puso en acción la maquinaria de presión del poder para evitar una investigación eficaz. Ya no bastaba con que la Fiscalía Anticorrupción controlase la investigación de una forma lenta, parsimoniosa y con un afán investigador que se quedaba en una pueril indagación que de una u otra forma desembocaría en el archivo de las actuaciones. Ya no bastaba con dejar hacer al juez Ruz, que rechazaba investigar los papeles de Bárcenas. Ahora había que actuar a fondo, ya que un juez parecía querer investigar con profundidad y eso era preocupante.
Por eso, en las últimas semanas hemos asistido a una esperpéntica carrera por apartar al juez Gómez Bermúdez de la investigación. Primero, instando al precavido y parsimonioso juez Ruz, por medio de un inexplicable giro de la Fiscalía, a que su Juzgado asumiese la competencia para investigar, negando así al juez Gómez Bermúdez el derecho a que investigase los hechos denunciados en nuestra querella. Luego, presionando para que jueces cercanos al Partido Popular, como el magistrado Enrique López, evitasen mediante un auto sin fundamento legal que Gómez Bermúdez tomase declaración en calidad de imputado a Bárcenas, declaración en la que nuestra acusación pensaba solicitar medidas cautelares contundentes que el juez podría haber adoptado. Dicho auto de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ya ha provocado la presentación de una querella criminal por prevaricación contra los tres magistrados que lo redactaron. Y, por último, con la decisión de la Sección Tercera, presidida por el despótico magistrado Alfonso Guevara que, en un auto que no responde a la mayor parte de las cuestiones planteadas por nuestra acusación, decidía en pocas palabras apartar al juez Bermúdez de la investigación, remitir la querella al colapsado Juzgado que regenta Pablo Ruz y unirla al abismo de papel que suponen los 700.000 folios de la causa Gürtel-Correa.
Resuelta la cuestión procesal, aunque sea de forma contraproducente para los intereses generales, ahora toca volver al trabajo de investigación y seguir impulsando la instrucción, pese a los obstáculos que nos puedan surgir. Esperamos que con un apoyo social firme podamos conocer finalmente la verdad y acabar con la impunidad de los delincuentes de cuello blanco. No nos callarán, no nos cansaremos.
