Entre los días 20 y 30 de mayo, han declarado testigos e imputados –salvo Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta que aún no han sido citados- en la causa abierta en la Audiencia Nacional a consecuencia de la presentación por Izquierda Unida y otras asociaciones de la querella contra los anteriores, otros dirigentes del Partido Popular, y responsables de empresas de construcción e infraestructuras, por la comisión de distintos delitos relacionados con corrupción. Declararon como testigos Eugenio Nasarre, diputado del PP y ex Secretario de Estado de Educación, Pío García Escudero, actual Presidente del Senado, Jaime Ignacio del Burgo y Santiago Abascal, ex diputados del PP, Calixto Ayesa, ex consejero de Sanidad de Navarra, Jaume Matas, ex ministro de medio ambiente y ex presidente de Baleares, Jorge Trías, ex diputado del PP, Luis Molero, cajero del PP, y Milagros Puente, jefa de contabilidad del PP.
La totalidad de los testigos han confirmado la veracidad de los apuntes contables existentes en los denominados “Papeles de Bárcenas”, ratificando que efectivamente cobraron o entregaron las cantidades que allí aparecen –siempre en sobres- en las fechas que constan en los mismos. Eugenio Nasarre reconoció haber recibido un primer pago de 30.000 euros en efectivo entregado por Lapuerta y Bárcenas en el despacho del primero, pago al que siguió meses después otro de 40.000 euros, efectuado también en efectivo a un colaborador suyo. Ambos pagos habrían tenido como destino la Fundación Humanismo y Democracia, siendo contabilizados por esta entidad como “donación anónima”. Juan Ignacio del Burgo no solamente reconoció haber recogido en la calle Génova un total de 3,9 millones de pesetas que percibió en varias entregas efectuadas por Álvaro Lapuerta o Bárcenas, sino que igualmente confirmó que dichas cantidades fueron entregadas por él, sin firmarse recibo alguno, a Calixto Ayesa para “compensarle” la pérdida patrimonial que le suponía aceptar ser Consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra. También reconoció Del Burgo haber efectuado otra entrega de dinero -recogida en los “papeles”– a la viuda de un concejal del PP del País Vasco. Respecto al pago efectuado a Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo declaró que la autorización para efectuar el mismo la recibió personalmente del entonces Presidente del Partido Popular, José María Aznar. A su vez, Ayesa y Abascal reconocieron haber recibido efectivamente las cantidades que se reflejan en los “papeles” como por ellos percibidas, y haberlo hecho en las fechas que se indican en esos documentos. También Jorge Trias reconoció ante el tribunal que su amigo Bárcenas le enseñó los “papeles” hace ya dos años, y que incluso los había tenido en su poder durante unas horas para estudiarlos, todo ello antes de que la prensa divulgara la existencia de los mismos. Pero Trías, como era de esperar, niega haber sido él quién los entregara a la prensa.
Por el contrario Jaume Matas y Pío García Escudero no reconocieron haber percibido las cantidades que los “papeles” les atribuyen, ni fueron tampoco capaces de desvirtuar con argumentos creíbles los muchos indicios contables y documentales que contradecían sus afirmaciones, indicios que confirmarían que efectivamente recibieron esos pagos, y a falta de lo que se vaya acreditando en el futuro.
Lo llamaban “donaciones»
El cajero del Partido Popular, mano derecha de Bárcenas según se deduce de su declaración, y la jefa de contabilidad de ese partido negaron vehementemente la existencia de esos papeles o la existencia de dinero opaco al fisco circulando por la sede de Génova. No supieron aclarar más allá del consabido recurso a las donaciones “anónimas”, el origen de las cantidades, hasta más de un millón de euros al año, que el PP contabilizó en esos años como donaciones. A la vista de las donaciones “anónimas” registradas contablemente, las colas de donantes “anónimos“ habrían llegado algunos días en la calle Génova hasta la esquina.
También comparecieron y ratificaron su informe los dos peritos calígrafos de la policía judicial que han examinado la letra que figura en los denominados “papeles de Bárcenas” concluyendo sin ningún género de dudas que dicha letra pertenece a Luis Bárcenas y las firmas que aparecen en los mismos, a modo de visé, pertenecen al propio Bárcenas y al también ex Tesorero del PP, Álvaro Lapuerta.
Entre los días 27 y 29 de mayo comparecieron, en calidad de imputados, los empresarios García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Villar Mir (OHL), Mayor Oreja (FCC), Sánchez Domínguez (SANDO), Manuel Contreras (AZVI), Fernández Rubio (ALDESA), Vilela Jerez (Rubau Construcciones), Luís del Rivero (Sacyr Vallehermoso) y Pablo Crespo, ex responsable de organización del PP de Galicia y procesado también en el caso Gurtell. Es la primera vez, tras la eclosión del “fascismo financiero” al que conocemos como “crisis”, que lo más granado del elenco de constructores patrios se han tenido que sentar en el banquillo.
El denominador común de las declaraciones de los empresarios ha sido negar haber efectuado esos pagos, en muchos casos de forma prepotente y negándose a contestar a las preguntas de la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados, Federación Los Verdes y Justicia y Sociedad, si bien varios reconocieron que en otras circunstancias y fechas han efectuado “donaciones” desinteresadas al Partido Popular o a la Fundación FAES, negando que dichas donaciones tuvieran como finalidad influir en la concesión de contratos públicos y no sabiendo explicar cómo es que hacían esa donaciones a pesar de que la ley prohíbe taxativamente efectuarlas. Resulta evidente que la ley de financiación de partidos políticos no ha sido respetada ni por el Partido Popular ni por la mayoría de estos empresarios, ni respecto a las cuantías máximas que pueden ser objeto de donación ni respecto al hecho de que no puedan donar a partidos políticos empresas contratistas de la Administración Pública.
El empresario Vilela Jerez, de “Construcciones Rubau”, reconoció ser integrante de la “Comisión de Infraestructuras del Partido Popular”, de la que solo alcanzó a decir que, además de él, ocupaban asientos en dicha comisión el tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y el entonces gerente, Luis Bárcenas. No llegó a aclarar si el objeto de dicha comisión era verificar el funcionamiento de tuberías y retretes de la calle Génova o por el contrario examinar las jugosas contrataciones venideras. Aunque por lo que vamos conociendo, ambos supuestos finalmente vendrían a ser lo mismo.
