Como es bien conocido, casi siempre que en las grandes empresas y en la Administración se quiere justificar una decisión previamente tomada se hacen las cosas de forma que todo parezca consecuencia del aviso informado de un grupo de expertos.
Este es el caso de la reforma de las pensiones, que ya cuenta con el susodicho informe. El primer riesgo de su análisis es quedarse en los aspectos técnicos y dejar a los neoliberales que cuelen sus objetivos políticos.
Por tanto, hay que comenzar por negar la mayor: el sistema público de pensiones no está amenazado. Por ejemplo, los datos del déficit público para el primer trimestre de 2013, sitúan a la Seguridad Social con superávit, pese al volumen de paro. Lo que sí está en crisis son los sistemas privados basados en la capitalización. Sin embargo en los medios de comunicación parece un mantra la idea de que algo hay que hacer con las pensiones públicas, sin que nadie diga por qué y para qué.
La segunda cuestión es que los objetivos políticos de quienes encargan el informe, el Gobierno de Rajoy al servicio de las requisitorias de la troika como lo estuvo la reforma del PSOE, buscan por cualquier medio el cambio de sistema. Y a eso se aplican los expertos: viviremos más, luego habrá que pagar más pensiones, y conviene prevenir la situación con un plan privado. Ahí está el pase de los trileros.
Porque la esperanza de vida tiene mucho que ver con la rentabilidad de los planes privados de capitalización, pero poco con las pensiones públicas que se rigen por el sistema de reparto, que se basa en un criterio de solidaridad.
De tal forma que, supongamos en el año 2025, la disponibilidad de recursos del sistema para las pensiones públicas estará directamente vinculada al número de cotizantes en ese año multiplicado por la cotización media. Es decir, tendrán mucho que ver los salarios, los crecimientos de productividad, el nivel de paro y el volumen de las cotizaciones y menos el crecimiento de la esperanza de vida. Es curioso que los expertos no se refieran de forma significativa en su informe al paro ni a la productividad. El sistema está resistiendo bien (gracias al fondo de reserva) tasas de paro superiores al 25% de la población activa. Esperamos que los expertos no consideren esa situación como un dato permanente de la economía española, porque cuestionaría algo más que las pensiones públicas.
Por otra parte, en la actualidad el gasto en pensiones públicas es en España tres puntos de PIB inferior a la media europea. Como ha demostrado el profesor Viçens Navarro, un aumento significativo del gasto en pensiones no crearía ningún problema económico porque el incremento de la productividad reconocido por el Banco de España haría aumentar el PIB de forma que los recursos disponibles, fuera de lo ocupado por el gasto en pensiones, serán mucho más elevados que actualmente.
Estamos por tanto ante una cuestión política y no económica. Se trata, ni más ni menos, que de meter la mano en la bolsa de las pensiones y redirigir los salarios diferidos (es decir, recuperarlos) hacía los bolsillos del capital financiero.
Esta reforma profundiza y agrava los peores aspectos de la que aprobó el Gobierno del PSOE y conduce, de aprobarse sus recomendaciones, a un descenso aún mayor de las pensiones.
Un resultado prefigurado
No solamente es que la mayoría de los expertos están vinculados profesionalmente o han sido asesores de bancos y empresas aseguradoras. Lo más importante es que la metodología utilizada conduce irremediablemente al resultado querido y encierran algunas argucias.
Así, el FEI (factor de equidad intergeneracional) utiliza como base de cálculo la esperanza de vida de toda la población, haciendo equivalente el conjunto de toda la población con el conjunto de la población con pensión de jubilación. La primera es de 8 millones, mientras la segunda no supera los 5,5 millones y tienen esperanzas de vida diferentes.
Por otra parte, no se pueden hacer previsiones demográficas a un plazo superior a 10 años, y esto con una probabilidad no suficiente. Por ejemplo, las previsiones hechas por el INE hace 20 años daban una población de 8 millones de personas menos que las residentes actualmente. Estamos viendo como la población está ahora disminuyendo y el crecimiento de la esperanza de vida se ha detenido.
Por otro lado, el FRA (Factor de Revalorización Anual) se hace depender del balance cotizantes/pensionistas, pero no de total de ingresos por cotizaciones en relación a gastos por pensiones de jubilación.
La propuesta de los expertos es esencialmente ideológica, incluso en las citas sesgadas de la Constitución. Su autopregonada neutralidad política es falsa y su objetivo no es otro que generar inseguridad para relanzar en España los planes privados de pensiones y liberar recursos para asegurar el pago de las deudas con la banca internacional.
Frente a esta política, Izquierda Unida tiene una propuesta de fortalecimiento del sistema público de pensiones que permita rebajar la edad de jubilación: políticas de empleo, aumento del salario mínimo, reforzamiento de la negociación colectiva para hacer aumentar la participación de los salarios en la renta nacional, elevación solidaria de los límites para la cotización máxima, o tomando las medidas necesarias para que los salarios de hombres y mujeres sean equivalentes, entre otras cosas.
