Hemos vivido, en estos días, un paso más de un diseño que comienza en el año 1985 y que busca como objetivo que la cuota de los planes de pensiones privados aumente respecto al sistema de protección publico y que mezcla un sistema contributivo (con las aportaciones de trabajadores/as y la de los empresarios que sacan de la productividad de los propios trabajadores/as), con una intervención redistributiva de la renta.
Este diseño se basaba en una idea que el tiempo ha demostrado falaz: «reformar cosas para evitar agresiones mayores, a fin de salvar el Sistema público». Esta idea teóricamente bienintencionada, choca directamente con la ambición del capital, que no va a cambiar su estrategia de quedarse con gran parte del pastel, a cambio de nada (ni tan siquiera los grandes bancos y aseguradoras que optan al negocio de las pensiones, pueden garantizar sus depósitos e inversiones).
El Partido Popular pretende ahora esconderse en un informe técnico, para ejecutar una nueva agresión que ya tenía prevista en el documento que remitió a la Comisión Europea (C.E.) hace unas semanas.
El recorte de nuevo lo sufren las pensiones futuras, tal como el Gobierno proponía en el documento de medidas que remitió a la C.E.
Dicho recorte viene avalado por parte de un «teórico grupo de expertos» que paradójicamente afirmó en el año 2010, para justificar el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, que si se subía la edad de jubilación, las pensiones estarían garantizadas como mínimo hasta el 2027 y tendrían una proyección de garantía hasta el 2050. Esto lo afirmaban ya en plena crisis del Capital, por lo que todavía se entiende menos la recomendación de provocar un nuevo recorte a las pensiones, condenándolas a perder poder adquisitivo.
El «informe de expertos» se basa en dos elementos: Por un lado quiere potenciar los planes de pensiones privados, y por otro reducir las pensiones en su cuantía, relacionándolo en su justificación, a la merma del salario medio en España (pag. 21 del «Informe del Comité de Expertos»).
Estamos por tanto, sencillamente, ante un nuevo recorte de una prestación social por la que los trabajadores/as ya han cotizado. Bendice un nuevo paso adelante para poner en manos del capital especulativo una buena parte del sistema, al potenciar los planes privados; es decir, poniendo en mano de fondos privados la ingente suma de dinero que suponen dichas aportaciones, privatizando por tanto el sistema y dejando en manos del “mercado” el futuro de miles de pensionistas a los que este modelo no les va a garantizar un futuro digno y estable. Un mercado financiero que se ha demostrado incapaz de dar estabilidad a los ahorros de los/as ciudadanas, por lo que indirectamente, al situar parte de la pensión futura en manos del ahorro privado, lo que se hace es eliminar la garantía de cobro de esa parte de la pensión, ya que hoy en día se ha demostrado que ninguna entidad financiera, ni fondo de inversión puede garantizar lo invertido.
El «informe del Comité de Expertos» plantea una grave estafa: al situar como eje central del problema que los trabajadores futuros tendrán un salario medio inferior al actual y que esto dificultaría las cotizaciones para pagar las pensiones de trabajadores/as actuales, lo que está diciendo realmente es que no se les reconozca a los trabajadores/as actuales (futuros pensionistas) las aportaciones que con sus cotizaciones están realizando en el presente. Es decir, que el dinero que aportamos con nuestras cotizaciones y que nos generan un derecho a una pensión, no se reconozca íntegramente en el futuro.
El PCE, defiende otras alternativas reales
En la actualidad existe un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como garantía de pensiones en tiempo de crisis, que supera los 63.400 millones de euros (aumentó en marzo de 2013, contradiciendo al Informe de Expertos). Este fondo debía de utilizarse antes de establecer nuevos recortes.
No es posible mantener una política fiscal que sólo beneficie a los más ricos. El cambio urgente de dicha fiscalidad es la verdadera garantía del Estado Social.
Reducir el poder adquisitivo de las pensiones, que está significando el soporte económico de muchas familias españolas, es condenar, en el futuro, a miles de familias a no contar con este soporte en tiempos de crisis; teniendo en cuenta que el desempleo en España, debido a las erróneas políticas neoliberales, tiene una base estructural.
Llama poderosamente la atención, también, la evidente contradicción del discurso del Partido Popular: por un lado afirma que la economía comenzará a crecer en el 2014, y por otro propone un nuevo recorte a la protección social, justificándolo en la perduración en el tiempo de la crisis.
El Informe confirma también lo que el PCE e IU ha denunciado en multitud de ocasiones: el verdadero objetivo de las reformas laborales del PP era reducir el salario de los trabajadores/as. Es decir, continuar con la política de ajuste, típica del modelo especulativo basado en el ladrillo y los servicios, que ha caracterizado a la economía española en los últimos treinta años y que ha tenido su expresión en las sucesivas reformas laborales que han ido poniendo en marcha los gobiernos del PSOE y PP durante estas tres décadas. Este reducción intensa de salarios, que ya se está produciendo, se recoge en este «informe» como una verdad que no se puede discutir, dando la razón a los que hemos dicho que el verdadero objetivo de las recomendaciones de la TROIKA, sólo era realizar un fuerte ajuste de costos laborales, facilitando así los beneficios del capital al medio plazo.
Para el PCE, intentar legitimar con este «informe» las políticas del Gobierno del PP, que ya se han demostrados fracasadas, es condenar más a los españoles y españolas a la pobreza, con el único objetivo de seguir beneficiando a los más poderosos frente a los/as que significan el verdadero soporte de este país, los/as trabajadores/as.
Ni compartíamos la anterior reforma de las pensiones ni compartimos el nuevo recorte que los técnicos proponen, exigiendo al Partido Popular que cambie radicalmente las políticas para buscar una verdadera estabilidad social a los ciudadanos/as españoles/as.
