Mundo Obrero: ¿Insultastéis a Cospedal?
Jorge Fernández. Nosotros solo estábamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta legítima y de forma pacífica. Gritábamos consignas contra los recortes y la gestión de Cospedal. En democracia los políticos deben soportar un alto nivel de crítica, porque si cada vez que un político se siente insultado denuncia a los ciudadanos, estos verían muy limitado su derecho a la libertad de expresión. El propio Constitucional ha emitido numerosa jurisprudencia en este sentido, afirmando que la protección del derecho al honor entre los que ocupan puestos de responsabilidad política está limitado, y es menor que una persona sin relevancia pública que no gestiona lo que es de todas y todos.
Antonio Domínguez. Nosotros no insultamos a Cospedal, pero es una vergüenza que con los escándalos de corrupción que está protagonizando su partido y por los que ella ha tenido que declarar en sede judicial, se atreva a llevar a ciudadanos al juzgado.
Mundo Obrero: ¿Juicio de faltas como método de represión?
Jorge Fernández. El juicio de faltas implica el uso de un procedimiento penal para controlar la protesta social. El derecho penal debe ser, según nuestra constitución, el último recurso para gestionar conflictos sociales. Cuando se trata además de conflictos en los que estén en juego libertades democráticas, el derecho penal no puede usarse de forma extensiva, sino que debe ser el último recurso y sin violar ningún derecho fundamental. Las sanciones administrativas tampoco pueden en ningún caso sancionar por ejercicio de derechos fundamentales.
Mundo Obrero: ¿Existe una persecución política en Castilla la Mancha?
Javier Heredia. Las sanciones administrativas y los procedimientos penales abiertos contra decenas de compañeros en Castilla-La Mancha y cientos de personas en toda la región tienen una motivación claramente política. El Gobierno de María Dolores de Cospedal usa a la policía y al derecho penal como instrumentos para combatir a la oposición política y social a los recortes que estamos sufriendo los ciudadanos y ciudadanas. En este caso el atestado policial no esconde las razones políticas que conducen a denunciar a los acusados. Especialmente escandaloso es el caso de uno de los acusados, que la policía califica como cabecilla de los movimientos sociales de Ciudad Real. Pese a ser asiduo de las manifestaciones y bien conocido por ello por los agentes, ese día no participó en la protesta. No sirvió de nada, está denunciado igual que los otros acusados.
Mundo Obrero: ¿Qué buscan con estas sanciones?
Antonio Domínguez. Las sanciones buscan provocar lo que el Tribunal Constitucional ha calificado en numerosas ocasiones el efecto de desaliento para el ejercicio de derechos fundamentales. La policía y la subdelegación de gobierno buscan sancionar a las personas más significativas de los movimientos sociales para infundir miedo al resto de manifestantes, y así impedir el ejercicio de derechos fundamentales imprescindibles en una democracia: el derecho de reunión y manifestación, el de participación política o el de libertad de expresión.
Jorge Fernández. El libre ejercicio de derechos fundamentales, en democracia no requiere de autorización administrativa previa, tal y como reconoce expresamente la Constitución Española para el caso de derecho de reunión y manifestación. Una interpretación extensiva de la normativa sancionadora que ponga en riesgo este ejercicio es inconstitucional y así lo ha expresado en numerosas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Mundo Obrero: ¿Existe una campaña de represión?
Javier Heredia. Existe una campaña de represión a gran escala. La imposición de sanciones administrativas y la apertura de procedimientos penales contra la oposición es masiva. Decenas de compañeros de IU y cientos de manifestantes sólo en Castilla-La mancha están sancionados. Es una campaña de represión en toda regla, propia de regímenes totalitarios, que ataca a los principales opositores contra la política de recortes. Desde que María Dolores de Cospedal es presidenta de Castilla-La Mancha se han impuesto más sanciones que en toda la democracia.
Mundo Obrero: ¿Son procedimientos democráticos?
Antonio Domínguez. Se pone en peligro la democracia. Al limitar derechos a través de la persecución policial y la imposición indiscriminada de sanciones estamos poniendo en peligro los derechos fundamentales más básicos. Si los derechos fundamentales de la ciudadanía no se respetan no puede hablarse de un régimen democrático ni siquiera desde el punto de vista formal del término. El régimen está mostrando en estos momentos su cara más inhumana y antidemocrática.
Mundo Obrero: ¿En vuestra opinión que métodos utilizan para controlar la protesta?
Jorge Fernández. Son tácticas franquistas. La policía, bajo órdenes de la delegación de gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Interior está usando tácticas franquistas contra quienes intentamos ejercer oposición en la calle, intentando aterrorizar a todo aquel que se atreva a oponerse públicamente a María Dolores de Cospedal, que viaja por toda la región bajo un despliegue policial impresionante que presiona y persigue a cualquiera que ose protestar contra la Presidenta regional o sus consejeros. Las sanciones indiscriminadas, las identificaciones masivas, la burorrepresión o señalar y perseguir a los líderes de los movimientos sociales para atemorizar a todo la oposición eran prácticas muy extendidas entre la policía franquista.
Mundo Obrero: ¿Qué opináis sobre la existencia de archivos policiales?
Javier Heredia. En este sentido tememos que la policía y delegación de gobierno esté usando archivos ilegales en los que se almacene datos de los manifestantes y opositores en función de su filial política o su pertenencia a movimientos sociales u otras plataformas de protesta. Las denuncias policiales cada vez revisten de forma más descarada una motivación política y destacan aspectos de los denunciados como su filiación o pertenencia a grupos de oposición a las políticas de recortes tales como la marea verde, o incluso destacan el uso de prendas de vestir reivindicativas como las camisetas de la marea verde o la PAH. Algunos acusados no habían sido identificados por la policía y sin embargo en la denuncia constan datos personales y de carácter político que obraban en poder de la policía. La Constitución Española prohíbe expresamente la elaboración de archivos policiales para el control político de la población.
