El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley para actualizar la normativa de suelo y ordenación territorial vigente desde hace décadas, con el objetivo de unificar en un único texto legal una legislación que, según el Ejecutivo regional, había sido objeto de múltiples modificaciones parciales.
La propuesta, denominada ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, pretende sustituir el marco normativo vigente tras 25 años de la actual ley del suelo y 30 de la legislación territorial. Sin embargo, el texto ha suscitado críticas por parte de organizaciones sociales y ecologistas, que cuestionan tanto su contenido como el proceso de participación pública.
Entre ellas, Ecologistas en Acción ha presentado un documento de alegaciones en el que considera que el anteproyecto no responde a los principales retos de la región, como la crisis de acceso a la vivienda, la presión sobre los espacios naturales o el aumento de las desigualdades sociales en un contexto de emergencia climática.
La organización critica además el plazo de un mes habilitado para la consulta pública —coincidente parcialmente con las vacaciones de Semana Santa— para analizar un texto de más de 300 artículos, lo que, a su juicio, limita la capacidad de participación ciudadana en una norma de gran impacto.
En el fondo del debate, las entidades críticas señalan que la nueva ley apuesta por una mayor flexibilización del urbanismo, con el objetivo de agilizar la tramitación de proyectos y facilitar la intervención de agentes privados. En este sentido, vinculan el anteproyecto con iniciativas recientes del Gobierno regional, como la conocida como ley Ómnibus de 2024 o la creación de la Aceleradora Urbanística, orientadas también —según denuncian— a simplificar los procedimientos administrativos.
El documento de alegaciones advierte de que esta orientación puede traducirse en un modelo de crecimiento urbano intensivo, basado en previsiones de aumento de población consideradas “irreales” por los críticos y que, en su opinión, ignora los límites medioambientales y la capacidad de las infraestructuras existentes.
Otro de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de intervenir en suelos protegidos o de valor natural mediante instrumentos que podrían imponerse sobre el planeamiento municipal. Según las organizaciones ecologistas, esta medida abriría la puerta a macroproyectos de carácter logístico, energético o recreativo, con un fuerte impacto sobre el territorio.
Asimismo, denuncian que el texto introduce cambios que, lejos de simplificar el sistema urbanístico, generan inseguridad jurídica al alterar el modelo jerárquico actual y otorgar mayor protagonismo a la iniciativa privada en el diseño de ciudades y municipios.
En materia de protección patrimonial, el anteproyecto también reduce el peso de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, lo que, según los críticos, debilita la conservación del patrimonio cultural y natural.
Las objeciones se extienden al ámbito jurídico, donde se cuestionan algunas disposiciones que podrían rozar la inconstitucionalidad, como la limitación de los efectos de las sentencias judiciales que anulan planes urbanísticos o la posibilidad de tramitar proyectos sin determinados informes sectoriales obligatorios.
Además, el texto plantea una reducción de los controles ambientales y de seguridad en actividades recreativas y espectáculos públicos, así como un recorte en los mecanismos de participación ciudadana.
Desde Ecologistas en Acción consideran que el anteproyecto responde a un modelo orientado a la “extracción de rentas del suelo” y alertan de que podría consolidar un proceso de transformación territorial al servicio del capital inmobiliario y financiero.
La tramitación de la norma continúa ahora su recorrido institucional, con el foco puesto en la Asamblea de Madrid, donde se debatirá un texto que ha abierto un nuevo frente de discusión sobre el modelo urbanístico y territorial de la región.
