CC.OO. y UGT han presentado esta semana su Propuesta sindical unitaria, un documento estratégico que coloca la crisis de la vivienda como eje central de la acción política en España y que incorpora, además, reformas en materia laboral para corregir desigualdades persistentes en el mercado de trabajo.
Durante la presentación, el secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, defendió el papel de los sindicatos en la mejora de los indicadores económicos en los últimos años, subrayando hitos como el aumento del salario mínimo, el refuerzo de las pensiones o el avance de la contratación indefinida. Sin embargo, advirtió de que estos avances no se traducen en una mejora generalizada de las condiciones de vida.
“Este crecimiento no llega a todo el mundo”, señaló Pacheco, quien alertó de que amplios sectores de la población trabajadora siguen teniendo dificultades para acceder a necesidades básicas como la vivienda, la alimentación o los servicios esenciales. En la misma línea, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, insistió en la necesidad de impulsar una nueva agenda de reformas que garantice un reparto más equitativo de la riqueza.
El documento presentado por ambas organizaciones articula cuatro grandes ejes de actuación: la reforma del despido, la regulación del contrato a tiempo parcial, el fortalecimiento del diálogo social y una intervención decidida en el mercado de la vivienda.
En este último ámbito, los sindicatos reclaman medidas urgentes ante el encarecimiento sostenido de los alquileres y las hipotecas, que —según denuncian— absorben una parte desproporcionada de los salarios. La propuesta incluye la creación de un parque público de vivienda en alquiler, la paralización de desahucios sin alternativa habitacional y el refuerzo de ayudas a colectivos vulnerables.
Entre las iniciativas concretas destacan la puesta en marcha de un fondo para la construcción de entre 50.000 y 100.000 viviendas asequibles, así como un programa para movilizar viviendas vacías hacia el alquiler mediante su rehabilitación e incorporación al mercado. Asimismo, plantean la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas.
En el terreno laboral, CC.OO. y UGT abogan por una reforma del despido que adapte la legislación española a la Carta Social Europea Revisada, con indemnizaciones que tengan un carácter disuasorio para las empresas y compensatorio para los trabajadores. El objetivo, según Luján, es evitar que el despido improcedente resulte “barato” y, por tanto, asumible como una práctica empresarial habitual.
Otro de los focos se sitúa en el contrato a tiempo parcial, una modalidad que afecta de forma mayoritaria a las mujeres y que, según los sindicatos, encubre en muchos casos situaciones de precariedad. La propuesta plantea revisar las causas que justifican este tipo de contratación para evitar abusos.
Finalmente, las organizaciones sindicales apuestan por reforzar la negociación colectiva mediante el reconocimiento explícito del diálogo social tripartito y la creación de nuevos instrumentos institucionales, como un Consejo del Diálogo Social.
Con esta propuesta, CC.OO. y UGT buscan situar en la agenda política un paquete de medidas que, a su juicio, resulta imprescindible para afrontar las desigualdades estructurales en un contexto de crecimiento económico que, advierten, sigue sin beneficiar a la mayoría social.
