Estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas:
La Autonomía andaluza hunde sus raíces en las luchas históricas de nuestro pueblo, la Constitución federal de Antequera de 1883, las movilizaciones que proclamaron la Primera República, el advenimiento de la II República Española en el año 1931, las movilizaciones por la reforma agraria, por la educación pública, y por salir del caciquismo y de la opresión, la asamblea de Córdoba de 1933 elaboró un borrador de estatuto impulsado por Blas Infante que no pudo tramitarse en el parlamento republicano por la sublevación de los militares golpistas y traidores encabezados por el General Franco ahogaron en sangre los sueños de Andalucía y de la II República.
Tras la noche de la dictadura en la transición democrática, el pueblo andaluz se movilizó el 4 de diciembre de 1977 y la policía franquista asesinó al joven obrero malagueño, Manuel José García Caparrós. Era la Andalucía trabajadora la que derramaba su sangre en la lucha por la autonomía y los derechos de nuestro pueblo.
Los ayuntamientos andaluces, acordaron en sesiones plenarias a lo largo y ancho de nuestra tierra exigir al gobierno central de la UCD la convocatoria de un referéndum, el del 28 de febrero de 1980 en el que frente a la oposición del Gobierno Central de España, se ganó en las urnas la autonomía máxima que contempla la Constitución española en su Título VIII del Art. 151 al mismo nivel que las llamadas nacionalidades históricas.
La autonomía andaluza no ha sido por tanto regalada, concedida, otorgada por el poder central del Estado, ha sido arrancada, conquistada y amasada con la movilización, los votos y la sangre de nuestro pueblo.
Esta lucha singular del pueblo andaluz por su autonomía es la que le da derecho a reclamar la máxima capacidad de autogobierno e igual rango político y tratamiento equiparable con cualquier otra comunidad autónoma de España. Ello supone hoy la consideración de Andalucía como una nación que se constituye como comunidad autónoma, en el marco del artículo 2 de la Constitución Española.
Andalucía en su proceso de construcción nacional quiere avanzar con este Estatuto afianzando sus señas de identidad en el marco de sus relaciones solidarias con los distintos pueblos de España hacia una democracia plena que, por serlo, debe estar basada en el protagonismo colectivo y en la justicia social. Los poderes públicos deben estar así al servicio de la calidad de vida, de la paz, de la promoción indispensable de servicios públicos de calidad, de la protección integral del medio ambiente, del pleno empleo y la plena protección, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la lucha permanente frente a las desigualdades sociales y territoriales y, frente a cualquier tipo de discriminación.
Andalucía cerró el año 2013 con una tasa de desempleo del 36,3%, la mayor de su historia, 1.447.000 parados. La pobreza es más intensa, extensa y más crónica, el número de personas en el umbral de la pobreza y la exclusión social aumenta y se está encarnizando con las mujeres y los niños, según confirma UNICEF. Además se ha batido un récord histórico en desahucios desde el 2007, la cifra de ejecuciones hipotecarias marcan récord en España disparándose un 484,7 % durante la crisis. La ausencia de una ley de modulación de ayudas agrarias origina la injusticia de que 304 grandes empresas y terratenientes reciban cada año cerca de 400 millones de euros de subvención, el 80%, la misma cantidad que reciben cerca de 14.000 explotaciones agrarias pequeñas y medianas.
Asistimos a una ofensiva del capital neoliberal y de la derecha política para desmantelar los derechos de los trabajadores y las prestaciones sociales, y recortar las libertades democráticas y los niveles de autogobierno alcanzado. Las conquistas de los trabajadores que costaron años de cárcel, de represión y ríos de sangre; la eliminación de competencias totales o parciales de las autonomías y de los ayuntamientos para volver a un estado centralista y autoritario, la crisis económica y social que sufrimos, la corrupción generalizada que salpica a todas las instituciones del Estado demanda una respuesta.
Han tenido que transcurrir 35 años y la llegada de IU al gobierno, para que se reconozca a García Caparrós como Hijo Predilecto de Andalucía, hoy nos felicitamos de esta decisión. La recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de los fusilados por la defensa del gobierno legitimo y constitucional de la república está recibiendo ahora desde el gobierno andaluz un impulso importante después de tantos años.
Guerra a la deuda: IU pone en marcha una revolución social y democrática que lanza a los trabajadores. Una propuesta de cambio del modelo productivo. Desde la planificación democrática de la economía y una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del artículo 135 de la constitución, que establece prioridad constitucional sobre la defensa de las rentas básicas del ser humano, es decir, a los derechos sociales, sindicales, y laborales.
Para IU este proceso constituyente debe fijar la prioridad absoluta. La deuda es un tema considerado vital para poder recuperar lo público tras las agresiones del Partido Popular.
IU quiere transmitir a los ciudadanos su compromiso de crear una auditoria y rechazar la ilegítima, es decir, la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social, presentando una propuesta para la creación de empleo. La prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo, y servicios públicos; para instaurar la figura de la renta básica para quienes no tengan otra protección, políticas de igualdad, un sistema financiero de banca pública y el derecho básico a la vivienda.
IU aboga por poner en marcha ese proceso constituyente que desemboque en una democracia republicana con nuevas reglas e instituciones, para una sociedad que anhela la democracia y participación política.
Por eso llamamos a la movilización en defensa de una salida a la crisis que contemple la reforma agraria, la soberanía alimentaria, el banco público de tierras, un PER especial y cero peonadas para acceder al subsidio, la banca pública y un sistema financiero público andaluz, la renta básica, la dación en pago y garantizar la función social de la vivienda, la derogación de la reforma laboral, que da la puntilla a los derechos de los trabajadores, reducción de la jubilación y reparto del trabajo, cierre de las bases militares de Morón, Rota y Gibraltar, defensa del carácter público, de los servicios y derechos sociales como la educación y la sanidad, una democracia participativa, real y ciudadana, igualdad entre hombres y mujeres, y transparencia para luchar contra la corrupción y la plena igualdad en Andalucía acabando con el machismo y el patriarcado. La solidaridad y la distribución de alimentos para luchar contra la pobreza, la exclusión social y el hambre.
Una movilización que frene las privatizaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa siguiendo las directrices del Banco Central del fondo monetario internacional, de la troika, en una política de genocidio social, de terrorismo económico. Decía un viejo manifiesto andaluz: la provincia es una creación artificial, Andalucía es una pasión política y el municipio es una verdad concreta. Ante el ataque a la autonomía municipal del Gobierno del PP para tutelar a los ayuntamientos y violar su autonomía que hemos de defender, toda la ciudadanía empezando por la Junta de Andalucía, que ha de ser solidaria y leal con los ayuntamientos como ellos lo fueron en la conquista de la autonomía el 28 de febrero. Como dice nuestro himno, andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. Todos y todas a la manifestación el 28F en Sevilla a las 12:00 horas.
Viva Andalucía libre.
Viva la República.
