El PP de Madrid hace trampas y recorta la democracia

En el punto más álgido de la crisis y los escándalos de corrupción, el PP impuso en la Asamblea de Madrid, el 20 de junio de 2013, la creación de una comisión para estudiar la reforma electoral en el ámbito de la Comunidad. Un año después el PP madrileño ha traído al pleno de la cámara sus conclusiones con el único voto favorable del partido en el gobierno.

El desarrollo de la comisión se ha caracterizado por su escasa repercusión pública y una nula participación ciudadana, una triste seña de identidad de una institución clandestina para la mayoría social madrileña. Sin embargo se han invertido millones en comparecencias de “expertos” venidos del extranjero, antiguos presidentes de la Comunidad (entre los que destacó Joaquín Leguina, con su apoyo cada vez más descarado a las propuestas conservadoras) y horas de trabajo de los empleados públicos de la Asamblea de Madrid.

A principios de este mes de julio, como una solución honrosa a tanto disparate, se llegó a un acuerdo por todos los grupos parlamentarios. Consistía en trasladar a la comisión legislativa sobre el Estatuto de Autonomía, que se constituya tras las elecciones autonómicas previstas para mayo 2015, la posible reforma de la ley electoral. No obstante, poco después de alcanzar el acuerdo, en apenas un par de horas, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Iñigo Henríquez de Luna, dio marcha atrás tras recibir una misteriosa llamada.

Por las declaraciones posteriores de Esperanza Aguirre y los titubeos del Gobierno regional todo apunta a que el núcleo duro del PP quiere dejar abierta la posibilidad de imponer de forma unilateral la reforma electoral, a tan sólo diez meses de unas elecciones autonómicas y municipales

El dictamen salió adelante en el pleno de la Asamblea de Madrid 15 de julio con el voto en contra de todos los partidos de la oposición. ¿Qué recoge la propuesta del PP?

La principal orientación de la propuesta de reforma de la ley electoral del PP consiste en adaptar el sistema electoral actual con lo se conoce como el modelo alemán. Esto supondría la división de la Comunidad de Madrid en 43 distritos electorales, con el presunto objetivo de reflejar la “representación de las diversas zonas del territorio”. Según la propuesta, la mayoría de los distritos electorales estarían en torno a los 150.000 habitantes y todos, salvo los dos periféricos de la Sierra Norte y Suroeste, por encima de los 100.000.

Por otro lado se propone que la votación se realice en dos urnas. De la primera saldrían los 43 diputados de los distritos uninominales, elegidos por sistema mayoritario; es decir, el candidato que obtuviera mayor número de votos ganaría el acta. En la segunda urna, que es la que garantiza la proporcionalidad del sistema, se votarían las listas cerradas y bloqueadas que presentaran los partidos políticos; el porcentaje de voto obtenido por cada partido, aplicando el método D’Hondt, marcaría, como hasta ahora, la distribución de escaños en la Asamblea de Madrid.

Por último, los partidos y coaliciones se podrían presentar en uno, varios o en todos los distritos uninominales en cada elección, pero los escaños sólo se adjudicarían a la formación ganadora cuando hubiera obtuviera al menos un 5% en el conjunto de la circunscripción provincial. El dictamen mantiene abierta la posibilidad de que se reduzca el número de diputados de la Asamblea de Madrid, como defiende Esperanza Aguirre y aplicó María Dolores de Cospedal en el parlamento de Castilla la Mancha.

El PP defiende que la reforma propuesta es neutral, pero la evidencia demuestra que se está pensando en un modelo que fortalece al partido mayoritario y limita la proporcionalidad, en un momento de aguda crisis política y surgimiento de nuevos actores políticos. Además, como señaló uno de los comparecientes en la comisión de estudio, ¿es neutral que se unifiquen los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas mientras se mantienen separados Chamartín y Salamanca?

Izquierda Unida ha defendido la necesidad de aprobar medidas que garanticen una mayor conexión de los representantes con sus representados, para ello, hemos presentado un voto particular con medidas concretas. En este texto apostamos por reformas que incorporen mecanismos de democratización del proceso electoral y el control de los representados por sus representantes, sin modificar la representatividad de la pluralidad política de nuestra región en su parlamento. Entre estas propuestas las más destacables son:

– Garantizar la igualdad de todos los votos en la Comunidad Autónoma de Madrid, atendiendo a criterios de representación proporcional.

– Reducir la barrera electoral del 5% al 3% de los votos obtenidos por los partidos políticos que concurran a las elecciones para entrar en la Asamblea de Madrid.

– Elaborar un “Estatuto del cargo público” que recoja el principio de rendición de cuentas para que los cargos electos ofrezcan periódicamente información sobre su actividad.

-Obligar a registrar en la Asamblea de Madrid todos los programas electorales con los que se presenten las distintas formaciones políticas.

– Fijar debates electorales en los medios públicos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Además, hemos propuesto una reforma del régimen de aforamiento de los diputados que hoy no tiene razón de ser y la modificación de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular, que incluiría también a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con el objeto de recudir el número de firmas requeridas para su presentación.

Por último, demandamos la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para limitar el uso de los decretos para legislar sobre materias de competencia exclusiva, para que de esta forma la potestad de la Asamblea de Madrid, como órgano legislativo y representativo del pueblo de Madrid, quede garantizada y no mermada por un gobierno de mayoría absoluta.

Estas son algunas de las medidas que proponemos y que sin duda, aportarían más democracia, más control social y más transparencia a la vida política de Madrid, pero el PP está en otra clave. Tras la reunión su Comité de Dirección, Esperanza Aguirre defendió que la reforma de la ley electoral se pueda llevar a cabo sin alterar el Estatuto de Autonomía y, por tanto, sin que fuera necesaria una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara, todo una declaración de intenciones.

Es evidente que, en este momento de cambios políticos acelerados y de cuestionamiento del bipartidismo, el PP de Madrid, en línea en este caso con lo planteado por Mariano Rajoy con la elección directa de alcaldes y ante el temor del derrumbe del PSOE, quiere hacer trampas a diez meses de las elecciones, guardarse un as en la manga y tener la posibilidad de dar un golpe a la democracia para mantener un control total de las instituciones.

En el colmo de la demagogia, este proyecto antidemocrático se pretende camuflar con el clamor ciudadano de la crítica a la forma de gestionar la política por el régimen bipartidista. Por eso es importante desenmascararlo, explicar que su resultado sería menos democracia, menos participación y un mayor control por la minoría que ha aplicado los recortes sociales. Y al mismo tiempo defender tanto medidas concretas como un proceso constituyente que devuelva el poder originario a toda la ciudadanía, que no hurte ningún asunto a la soberanía popular y que nos permita construir una democracia con participación real y justicia social.