Hace algo más de tres años saltó mediáticamente la introducción de un «intruso» en un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla, que fue el hilo por el que aparecieron muchos más en otros tantos ERE en Andalucía. Todo comenzó, cuando el Comité de Empresa descubrimos, al recibir copia de las pólizas de seguros de rentas del ERE de 2007, la incorporación de una persona que jamas había trabajado en la empresa y que era beneficiada de una póliza. Este hecho lo denunciamos ante los medios de comunicación, así como un intento de introducir a otra persona en otro expediente del 2003.
A raíz de ese hecho, el PP, entonces en la oposición, se dedica a denunciar a diestro y siniestro con un fuerte apoyo mediático por parte de los medios del régimen, creando la opinión de que en Mercasevilla todo se ha hecho mal y todos (trabajadores incluidos) son unos delincuentes.
La investigación judicial recae en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla creándose una macro causa ya conocida.
Investigación que nadie cuestiona que se realice. Sin embargo, la misma deja mucho que desear en un Estado de Derecho en el que la presunción de inocencia debe de prevalecer y se producen imputaciones sin sentido y otras sospechosamente coincidentes con la agenda electoral o política en beneficio del PP.
Entre esas imputaciones sin sentido, se produce la de un compañero de Mercasevilla, con una relación laboral de fijo discontinuo, que se acogió al ERE y a las prejubilaciones que en él se pactaron, mediante Póliza de Renta. Mercasevilla pagaba una parte (15.000€ por trabajador) y el resto la Junta de Andalucia. La imputacion de J.A. Rivera se produce porque da la casualidad que el mismo día que se firmo el acuerdo entre la Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa, ésta realizó orden de llamada al compañero, por lo que la Jueza ante alegaciones y denuncias del PP, entiende que se le contrató ese mismo día para beneficiarlo del plan de prejubilaciones.
Nuestra respuesta fue inmediata, con la publicación de la vida laboral del compañero, que venía trabajando en la empresa desde el año 1995, así como del convenio colectivo que demostraba el puesto de escalafón que tenía en la Bolsa de Contratación. Esta imputación, como se puede adivinar, le supuso un duro golpe y la impotencia de ser acusado de «intruso», hasta el punto de padecer un ictus cerebral.
Han pasado más de tres años para que el mencionado Juzgado le levante la imputación, reconociendo que era trabajador de Mercasevilla y no un «intruso».
Nadie le ha pedido perdón por todo lo sufrido, ni el propio Juzgado, ni la policía judicial, ni la UCO, ni el PP, ni los medios de comunicación que con grandes titulares anunciaron la imputación y ahora ni siquiera ha sido objeto de noticia, salvo honrosa excepción de alguna agencia de noticias.
«Todos son culpables mientras no demuestren lo contrario», es la máxima utilizada en esta investigación judicial y el inseparable poder mediático de la prensa del régimen, que sin ningún pudor acusa ante la impotencia de poder defender la honorabilidad y la inocencia.
