El fraude fiscal constituye una importante realidad de la economía española. Según estimaciones del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, la estimación equivale a 8 puntos del PIB, unos 80.000 millones de euros.
La economía sumergida, por su parte, alcanza también un volumen significativo. En 2011, FUNCAS la estimó en el 23,7% del PIB; en 2012, VISA Europa la situó en el 19,2% del PIB y en 2013 el informe Tax Gap considera que la economía sumergida en España es la más importante del sur de Europa y alcanza el 29,1% del PIB. Realizando una ponderación de estos estudios se puede estimar que la economía sumergida era en 2012 del 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que la contribución fiscal media en España fue en 2012 del 32,5% del PIB (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social), esto representa un fraude equivalente a 82.225 millones de euros anuales. Hay que tener en cuenta además que no todo el fraude se realiza a través de la economía sumergida; existe fraude también en la economía llamada formal y numerosos mecanismos de elusión fiscal que rozan o rebasan la legalidad fiscal.
Con frecuencia, aparecen implicados en cuestiones de fraude fiscal personajes de notoriedad pública. Pero aun considerando la trascendencia social y política de estos hechos, éste no es el problema de fondo. La importancia del fraude fiscal estimado es una cuestión estructural de nuestra economía y nuestra sociedad.
Una Comisión de Investigación para conocer la envergadura del problema
Por esa razón, la Comisión de Investigación que ha propuesto Izquierda Unida no es ningún sucedáneo de otras vías para perseguir el fraude. Los defraudadores cuyo comportamiento sea presuntamente delictivo deben ser juzgados y encarcelados si son condenados. Así debe decirse en el caso Pujol o en el caso Bárcenas, y en tantos otros que, en no pocas ocasiones, están vinculados a la corrupción.
La Comisión de Investigación tiene los objetivos que se detallan en el recuadro adjunto. No se trata de señalar culpables de nada, porque una Comisión de este tipo raramente llega a establecer esas conclusiones. Lo importante es conocer la envergadura del fraude -tanto global como por cada impuesto-, los mecanismos y metodología de los defraudadores, la vinculación con la economía sumergida y los paraísos fiscales, y delimitar una frontera entre fraude y elusión fiscal. Y lo más importante: acordar los mecanismos legales e instrumentales, junto al modelo de Agencia Tributaria, necesarios para reducir el fraude y la economía sumergida al mínimo.
El Grupo de la Izquierda Plural es plenamente consciente de que será difícil que el bipartidismo apruebe una Comisión con esta naturaleza y finalidades, pero ahora o en la próxima legislatura esa investigación se hará.
La lucha contra el fraude, una palanca para otra política económica
La economía sumergida viene a ser en España el doble en porcentaje sobre PIB de la media de la UE y el fraude en torno a un 10% del total del fraude en la Unión. Cantidades tan elevadas que si se situaran en la media comunitaria permitirían reducir a cero el déficit público y, por tanto, invalidarían la justificación de toda la política de recortes.
Esto quiere decir que la lucha contra el fraude puede ser, en sentido inverso, una excelente palanca para resolver la financiación de una política alternativa que contribuya a la creación de empleo y al impulso de la economía real. Se trata de recuperar desde el bolsillo de defraudadores y delincuentes las cantidades necesarias para lograr esos objetivos.
Por eso, la Comisión de Investigación que proponemos es mucho más que una Comisión al uso. Es un punto de partida que, junto a una reforma fiscal justa y progresiva, puede fundamentar una alternativa y es difícil pensar que nadie se pueda oponer a que sea financiada por las deudas de defraudadores.
En esta dirección, un elemento importante a tener en cuenta es que cerca del 70% de la circulación monetaria que hay en España se hace con billetes de 500 euros que se han convertido en el instrumento preferido para las operaciones en negro. Limitar drásticamente su uso, con un plazo de tiempo de transición, permitiría una interesante elevación del consumo en ese período.
Pero además, si tenemos en cuenta que el período de prescripción en el fraude fiscal es de cuatro años (que puede aumentarse por ley), la bolsa de fraude potencial sometida a posible inspección fiscal supera los 300.000 millones de euros.
Con la necesaria voluntad política, inteligencia legislativa, y dedicación tributaria, policial y judicial, es posible recuperar cantidades importantes de ese fraude. De ellas, una bolsa de 100.000 millones podría financiar la creación de empleo, basada en el apoyo a la economía real, especialmente a la pyme.
Izquierda Unida está trabajando en una propuesta concreta para lograrlo.
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE FRAUDE FISCAL QUE PROPONE IU
– Estimar el importe del fraude fiscal en España, utilizando para ello además de los procedimientos abiertos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), los conocimientos e informes de la Fiscalía Anticorrupción, de la UDEF y de otros servicios policiales o judiciales.
– Utilizar para esta investigación los estudios realizados en España y en el extranjero como el informe GRECO del Consejo de Europa, la opinión de expertos del derecho tributario y profesionales fiscales y la información que puedan proporcionar éstos, además de la que faciliten los representantes de los sindicatos de la AEAT y del Ministerio de Hacienda. Para esta investigación se tendrá en cuenta también la metodología utilizada en países europeos de nuestro entorno.
– Identificar los procedimientos y mecanismos que se utilizan para dificultar la investigación sobre el fraude fiscal.
– Establecer el fraude estimado para cada impuesto y evaluar su importancia por nivel de tributación y sector social.
– Fijar la vinculación entre la economía sumergida y el fraude fiscal, especialmente en sus aspectos cuantitativos, globales y por sectores.
– Determinar el papel de los paraísos fiscales en el fraude fiscal y de los bancos nacionales y extranjeros con centrales y/o sucursales situadas en los mismos o en Estados que garantizan el secreto bancario o lo condicionan de forma que se limitan o retrasan las investigaciones sobre depósitos bancarios.
– Concretar el impacto en la recaudación y sobre las cifras de fraude de la última regularización fiscal aprobada por el Gobierno.
– El resultado de esta Comisión de Investigación deber ser la elaboración de un conjunto de recomendaciones concretas para su transformación en propuestas legislativas y reglamentarias y para su aplicación en la actuación de los organismos e instituciones públicas.
