El día 7 de octubre se celebró a instancias de la Confederación Sindical Internacional (CSI) el día del Trabajo Decente en el que se plantea un programa de acción para poner de manifiesto las situaciones de desigualdad y precariedad de la clase trabajadora.
El programa tiene por objetivo promover el trabajo digno para la mayoría social trabajadora. El trabajo digno es una cuestión básica para el bienestar de las personas, puesto que además de generar un ingreso, un puesto de trabajo facilita el progreso social y económico, sitúa en condiciones de fortaleza a las personas y sus familias.
El programa contempla cuatro aspectos importantes: crear trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, extender la protección social y promover el dialogo social.
La OIT describe los objetivos mencionados de la siguiente manera: la generación de puestos de trabajo crea oportunidades de inversión mediante la iniciativa empresarial, desarrolla las cualificaciones y crea modos de vida sostenibles. Mediante la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras se logra el reconocimiento y el respeto a sus derechos, en particular de las y los más desfavorecidos que necesitan participación y representación, así como leyes que estén a favor de sus intereses. La extensión de la protección social promueve la inclusión social como la productividad al garantizar que tanto los hombres como las mujeres disfruten de condiciones trabajo seguro, tiempo libre y los descansos adecuados, contemplando una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. El dialogo social crea sociedades cohesionadas, eleva la productividad, evita conflictos mediante la participación de las organizaciones de trabajadores.
Para la OIT el objetivo general del trabajo digno es provocar cambios positivos en la vida de las personas a nivel nacional y local y sus prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos de desarrollo nacional con el propósito de superar los principales déficits de trabajo a través de programas eficientes que abarquen cada uno de los objetivos estratégicos.
En esta línea de trabajo el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados, una propuesta que pretende recuperar “derechos usurpados” aprovechando la crisis económica. Entre esos derechos se encuentran los de negociación colectiva, que devaluó la reforma laboral del PP, para recuperar su fuerza vinculante y la construcción de derechos en un modelo productivo ampliamente diversificado. También “generar nuevos derechos” abordando el modelo de relaciones laborales y la actual legislación laboral.
Para el grupo de la Izquierda Plural “La subcontratación en cadena es de largo el más grave de los factores que provocan segmentación entre trabajadores”, a la vez que se ofrecen alternativas para encarar los procesos de externalización productiva que se lleva a cabo a través de las cadenas de subcontratación. Según Joan Coscubiela, “Hoy se produce una escisión de responsabilidades entre la empresa que controla el mercado y los productos y la que se responsabiliza de la producción de bienes o servicios”. Y al respecto añade: “esta lógica está sirviendo para eludir responsabilidades empresariales y sobre todo para romper plantillas, impidiendo la construcción de solidaridad entre trabajadores. La subcontratación en cadena es de largo el más grave de los factores que provocan segmentación entre trabajadores”.
La iniciativa parlamentaria plantea la incorporación de nuevos derechos para hacer realidad la conciliación de vida laboral y personal pretendiendo acabar con la especial situación en que las medidas de conciliación se queden en las puertas de la empresa. Según el grupo de la Izquierda Plural para que la conciliación no quede en papel mojado o que dependa de la voluntad del empresario, se debe contemplar el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo que debe impregnar todos los momentos de la relación laboral, desde el momento del acceso al mismo, en todas las condiciones de trabajo, durante la vigencia del contrato y también en el momento de la extinción del mismo.
También plantea la iniciativa, que el tiempo es un elemento central de la vida de las personas y del contrato de trabajo. El derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo comporta una asunción equilibrada de las responsabilidades entre los hombres y las mujeres, para lo que es necesario regular de forma efectiva los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, para garantizar los derechos de la jornada de trabajo sin reducción de jornada y de salario.
Igualmente solicita la regulación de las ETT con la prohibición de que puedan actuar como servicios de empleo y recuperar el carácter público de los servicios públicos de empleo. De la misma forma hay que abordar la formación profesional como pilar fundamental para la mejora de la cualificación de las y los trabajadores. Recuperar la causalidad en el contrato, así como en los supuestos de extinción en la relación laboral. Y la defensa la libertad sindical como derecho fundamental, entre otras propuestas.
