Desde que se publicó el primer borrador del anteproyecto de ley se organizaron desde IU jornadas formativas e informativas destinadas a cargos institucionales. Miles de actos públicos para informar de los efectos negativos que la reforma local acarrearía a los ayuntamientos y en la vida de las personas. Carteles, octavillas, argumentarios, resoluciones, informes,… Mociones presentadas en los ayuntamientos en contra de la reforma. Manifestaciones y concentraciones se celebraron por todos los rincones del país. Centenares de ruedas de prensa, miles y miles de declaraciones en los medios de comunicación. Se llegó a la convergencia con entidades sindicales en la lucha contra la reforma. Conversaciones con federaciones de municipios y entidades de ámbito inferior al municipio para unificar criterios y actuaciones. Se tomó la decisión de abandonar los órganos de gobierno de la FEMP por la falta de pluralidad y por no acceder a convocar una Asamblea Extraordinaria que entrara a debatir el entonces anteproyecto de la reforma local. Entrevistas y reuniones con colectivos afectados. Tramitación de un recurso de inconstitucionalidad al que se han adherido 3.000 municipios, algo inédito en nuestro país,…y la lucha continúa.

Todo un clamor en contra de una reforma que atenta contra los principios básicos de la democracia.

La reforma local entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. Sólo disponíamos de tres meses para que, al menos, 1.160 ayuntamientos que sumaran 7,8 millones de habitantes aprobaran por pleno adherirse al Conflicto en Defensa de la Autonomía Local a presentar ante el Tribunal Constitucional. Y se consiguió con creces. 3.000 ayuntamientos de diferente signo político, incluso algunos del PP, que suman más de 16 millones de habitantes, aprobaron con mayoría absoluta oponerse a la reforma conocida como Ley Antiayuntamientos.

Y el recurso fue al Consejo de Estado para que emitiera dictamen, y lo hizo dándonos la razón en tres aspectos fundamentales:

1º.- Que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con el artículo 26.2, por desapoderamiento competencial, porque les quita competencias al determinar la coordinación por las Diputaciones Provinciales u órgano equivalente la prestación de servicios esenciales en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. El 96,19% de todos los municipios españoles.

2º.- Puede ser inconstitucional la utilización del denominado “coste efectivo” recogido en el artículo 116 cómo único criterio determinante de la asunción de servicios municipales por las Diputaciones Provinciales en todos los municipios cuyos costes de los servicios sean superiores a los establecidos por el Ministerio.

3º.- Que existen fundamentos jurídicos para estimar que la Disposición Adicional Decimosexta que permite aprobar los presupuestos municipales por Junta de Gobierno, cuando no se obtenga la mayoría necesaria en el Pleno, vulnera el principio democrático y la autonomía local; siendo aspectos esenciales para garantizar el funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones locales, en concreto, a lo que afecta al quórum y mayorías necesarias, precisamente en el Pleno municipal como órgano de carácter representativo y plural de una colectividad política territorial.

El recurso ya está presentado, puede ser que el Tribunal Constitucional resuelva el conflicto transcurridos muchos años, más de lo deseable, incluso no dándonos la razón. Pero ésta y otras leyes aprobadas por el Partido Popular son reversibles si en las elecciones municipales, autonómicas y generales Izquierda Unida tiene el poder necesario para poderlas cambiar.

LA RESPUESTA DE IU

Mientras tanto nos toca mantener nuestra identidad política de más participación ciudadana sacando los presupuestos municipales a la calle. Cuando el PP quiere ocultismo, IU más transparencia y participación.

Donde el PP quiere la privatización de los servicios a través de las Diputaciones, IU propone la remunicipalización.

Donde el PP impone primar el interés de las empresas privadas, IU antepone el interés de las personas.

Donde el PP impone la dictadura, IU propone el derecho de la gente a saber y también a decidir.

Estas son algunas respuestas de REBELDÍA DEMOCRÁTICA. En 2015 muchas más.