Estando en verano entre finales de julio, que parece que el mundo se acaba, y principios de agosto, frente a un sentimiento similar a que de repente todo deja de existir, nos encontramos la noticia del esperadísimo “Informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias del consejo de derechos humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas”. Para ponernos al día recordaremos que este grupo estuvo de visita en España para conocer el estado de las desapariciones forzadas en España del 23 al 30 de septiembre de 2013.
Como era de esperar, el informe hace una serie de recomendaciones al Estado español –y, por tanto, a su gobierno-. Debemos resaltar, de entrada, que el documento vuelve a insistir en la responsabilidad del Estado en la resolución de desapariciones forzadas -no vamos a recordar nuestro empeño en la presencia de la administración pública en las exhumaciones- para, posteriormente, proceder a una judicialización del proceso, tal y como dicen los acuerdos internacionales. No es de recibo que haya entidades que sigan insistiendo en la importancia de la memoria personal -que por supuesto debemos respetar y con la que hay que trabajar- cuando los organismos internacionales inciden una y mil veces en que son los poderes públicos los que deben llevarlas a cabo. Ese ha sido y es nuestro discurso y por ello seguiremos trabajando.
Otras recomendaciones a resaltar son las de terminar de implementar la ley de memoria (ley 52/2007) –tan despreciada con propósito político por el PP y olvidada por el PSOE-; y critican la interpretación errónea dada a la ley de amnistía desde el poder judicial para mantener la impunidad de los crímenes franquistas y no investigarlos. Que tiene que existir un plan nacional para resolver las desapariciones forzadas con la existencia de un banco de ADN para las víctimas, el libre acceso a los archivos es otra de ellas…y así hasta cerca de las setenta.
Vuelven los expertos a recordarnos que no existe, para nuestra vergüenza, una cifra real con base judicial de las desapariciones, que seguiremos manejando el dato del juzgado central de instrucción penal número 5 de la audiencia nacional -que cifra entre 1936 y 1951 en 114.226 las victimas- aunque, como todos sabemos, esta cifra es sólo una aproximación ya que el trabajo de este juzgado fue interrumpido por el sistema judicial -que ampara por acción y omisión la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad e inhabilitó en su día al juez Garzón-. Este mismo Auto eleva el robo de niños en España a 30.960, costumbre delictiva que se extendió hasta bien entrados los años ochenta.
Para la resolución de las recomendaciones marca un margen de 90 días al gobierno español y le invita a actuar con urgencia. Ya estamos observando la actitud del ministro Gallardón y del propio presidente de no dar relevancia al tema.
El verano tampoco interrumpió las investigaciones de las desapariciones en fosas comunes, como la realizada por la Asociación Foro por la Memoria Democrática en Alhama de Granada; en la segunda semana de agosto se comenzaron los trabajos para localizar los restos de la partida de Robles, unidad guerrillera desintegrada por la Guardia Civil y el ejército en septiembre de 1945. Arqueoactiva Sociedad Cooperativa Andaluza colaboró es estas primeras operaciones, que están siendo financiadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, en un intento de cerrar la historia de estos héroes de la lucha antifacista y defensores de la democracia.
Nuestro homenaje a las 13 rosas y 43 claveles –como gustaba decir a nuestra recordada Concha Carretero- el 5 de agosto y a los que se organizan en París cada día 24 del mismo con motivo de su liberación -conocido es que contó con una participación muy importante de combatientes republicanos españoles, tanto en la capital como en el resto de la zona ocupada por los nazis alemanes- cerraron el ciclo de reconocimiento a la lucha antifascista de este verano que ya se va.
Pero hemos de terminar esta vez realizando una reflexión sobre las nuevas posibilidades y formas de hacer política en un periodo que será apasionante sin duda: desde nuestra Asociación Foro por la Memoria Democrática queremos insistir en que no puede existir democracia plena sin conseguir fin de la impunidad franquista como medida política, y por tanto, no creemos en la reivindicación de la memoria democrática como un fin social en exclusiva, tampoco concebimos ningún tipo de izquierda, o de alternativa al sistema, que no lleve estas reivindicaciones fundamentales de derechos humanos entre sus prioridades.
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