La privatización de los Registros Civiles entrega la gestión a los Registradores

El Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, sigue dando pasos de gigante hacía la liquidación definitiva del servicio público de la Justicia con la privatización del Registro Civil vía Decreto convalidado en pleno mes de agosto y la tramitación del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El macro-decreto “veraniego” hurtando a las Cortes la “potestad” legislativa y burlando una vez más el procedimiento legislativo común, entre otros ajustes y privatizaciones, regula la privatización de los Registros Civiles con la entrega de su gestión a los Registradores. Una privatización de manual en la que después de una fuerte inversión en modernización a costa del erario público (128 millones de euros) la gestión se transfiere a los Registradores. Algunos podrán preguntarse: Pero, ¿los Registradores no son funcionarios públicos también? Y si lo son por qué desempeñan una función pública en régimen de monopolio cuya regulación constituye una exclusiva competencia estatal, conforme establece la Constitución. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos desconocen es que perciben sus retribuciones económicas como profesionales. Es decir, la imagen de “ventanilla pública” que podríamos tener cuando pagamos los aranceles a los que están sujetos los actos registrales quiebra por completo cuando, en realidad, no estamos ingresando nuestro dinero en la Administración General de Estado sino en la cuenta corriente del Registrador correspondiente.

Por tanto, podríamos decir que los Registradores tienen el “status” de funcionarios públicos exclusivamente a efectos determinados que se podrían calificar de beneficiosos (estabilidad, seguridad, etc.) y el de profesionales libres en los aspectos que pudieran ser más beneficiosos (retribuciones acordes al mercado, percibidas directamente de los ciudadanos) y sin el inconveniente de la competencia.

El gran negocio

Resumiendo, aunque este tema daría para varios artículos, el singular sistema retributivo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en España, constituye privilegio no justificado, agraviante e insólito, convirtiendo así una función pública en un inmejorable negocio sin competencia, donde el Estado te redirige a los ciudadanos, convertidos ya en clientes, y se les factura por el servicio prestado, obteniendo unas elevadísimas retribuciones, muy superiores a las de cualquier alto funcionario de cualquier Administración Pública.

Esta privatización de los Registros afectará a 431 Registros, 700 Juzgados de Paz y supondrá la destrucción de 3.500 empleos en la Administración de Justicia. Mientras nos repiten con insistencia que “al ciudadano no le costará ni un céntimo” los efectos serán que pagaremos por doble vía (aranceles e impuestos), se reducirán drásticamente el número de registros y, consecuentemente, se alejarán de los ciudadanos y la protección de los datos contenidos en las inscripciones registrales tales como el estado civil, las adopciones o cambios de sexo, dependerá de personal que no tiene la condición de funcionarios públicos.

Por otro lado, el Gobierno, en otro ejercicio de cinismo, puso en marcha la reforma de la asistencia jurídica gratuita. La Constitución establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Repiten una y otra vez que se mantendrá la gratuidad de la justicia para encubrir sus intenciones “mercantilistas” cuando la reforma apunta precisamente en sentido contrario a esa garantía constitucional. Además, el aparato de propaganda del Ministro de Justicia intenta sustentar este nuevo recorte, otra vez, en la desconfianza y la sospecha sobre la ciudadanía. Nuevamente la justificación del ajuste está en el abuso que hacemos los ciudadanos de los servicios públicos (excusa que ya se utilizó para imponer las tasas judiciales, recortar prestaciones sanitarias o la percepción del desempleo, entre otros muchos ejemplos). Sin ofrecer ningún dato concreto y sin siquiera una estimación sobre el impacto económico en el presupuesto público de los supuestos abusos, el Ministerio de Justicia vuelve a acusar a la ciudadanía de colapsar el sistema.

El Gobierno muestra su obsesión por hacer sentir la responsabilidad a la ciudadanía como justificación de sus recortes. En este caso, pretende “concienciar” a los ciudadanos de la importancia (y coste, se sobreentiende) de los servicios que se le prestan, lo que lleva más a pensar en términos de “beneficencia” que de derecho (lo que anteriormente se llamaba el “beneficio” de justicia gratuita).

Lejos de destinar los recursos que verdaderamente hacen falta, ni siquiera se garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema de justicia gratuita. El alcance y la configuración del derecho de acceso a la Justicia se vinculan a la existencia de los recursos presupuestarios suficientes, abriendo así la puerta a que en algún momento se considere que el acceso gratuito a la justicia es económicamente inviable, con la consiguiente expulsión de la mayoría social del sistema de justicia.

Además, como se ha ido repitiendo a lo largo de la legislatura en todas las reformas propuestas por este Ministro de Justicia, tanto la privatización de los registros civiles como la reforma de la asistencia jurídica gratuita parten sin el más mínimo consenso apoyo con los operadores jurídicos (ahí están las recientes concentraciones de abogados/as con toga) de los sindicatos del sector y sin diálogo alguno con los grupos parlamentarios.

Sin embargo, es imprescindible visibilizar también el rechazo social a estos recortes y privatizaciones en la Justicia, a través de la movilización. Cuando hablamos de defender lo público, no olvidemos que la Justicia también es un servicio público. A veces parece que todo aquello que afecta a la Justicia concebida como servicio público y de proyección social -no sólo como un poder del Estado- nos resulta lejano, casi ajeno. Podría decirse que “eso de los juicios” siempre es cosa de otros. Pero no es así. Nos jugamos mucho, la tutela de nuestros derechos está en juego. Estas reformas, junto a las ya culminadas como la de las tasas judiciales, forman parte de una operación de “desmontaje” de la administración de justicia y de la justicia como servicio público, que afectarán a los ciudadanos en cuestiones trascendentales para sus vidas.

La falta de recursos es la última expresión de la voluntad política de un Gobierno que parece haberse marcado el objetivo de desmantelar el servicio público de la Justicia. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a mantenerse firme en su oposición a un Gobierno que está sentando las bases de una justicia clasista, de beneficencia, en la que los derechos quedan solapados por la visión mercantilista de los servicios públicos. Un Gobierno que ha optado por la consolidación de una estructura anquilosada, ineficaz y estéril, lastrada por los recortes y las privatizaciones, frente a la necesaria optimización de los recursos y la modernización de la Administración de Justicia como servicio público eficaz, de calidad, ágil y accesible para la ciudadanía. Desgraciadamente, ya nadie tiene dudas de que “quieren acabar con todo” como decía el lema de la última huelga general en 2012 contra la política de recortes del PP, de la misma manera que hoy no tenemos dudas de que enfrente tendrán la contestación social en la defensa de nuestros derechos, la merecida respuesta ciudadana en la calle… y en las urnas.