Aprovechando las vacaciones estivales y la poca repercusión mediática, el pasado 1 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto que impone un pago por los préstamos en las bibliotecas públicas de nuestro país en todos los municipios de más de 5.000 habitantes.

En cuestión de cifras la cosa está clara, el Gobierno pretende que tengamos que pagar en función del número de obras con derecho de autor que dispongan (0,004€ por obra adquirida) y del número de usuarios/as inscritos/as en sus registros y que hagan uso de dichas obras (0,05€ por usuario/a). Tasa gestionada (pago de remuneración como se denomina en el Real Decreto), en su totalidad, por las entidades de gestión de los derechos de autor, que no olvidemos que son entidades de carácter privado, principalmente la SGAE.

Para hacerse una idea pongamos como ejemplo, en Parla, mi ciudad, tenemos dos bibliotecas públicas que dependen del Ayuntamiento: la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes e Isaac Albeñiz. Entre ambas hay unos 96.000 ejemplares y más de 34.000 carnés de socios activos. Haciendo cálculos rápidos en un año pagaremos unos 3.500 euros en tasas. Actualmente los parleños y parleñas, desde el Consistorio, pagamos a la SGAE por diferentes derechos de autor la nada desdeñable cifra de más de 8.000 euros. Sumando la tasa del canon llegarían a casi 12.000. Esto, multiplicado por la mayoría de las ciudades de España y por millones de personas, nos ofrece una cifra millonaria que será recibida por sociedades, algunas salpicadas por escándalos e investigaciones judiciales muy serias. Debe haber un riguroso control público y de máxima transparencia.

Es cierto que directamente el usuario no paga nada, lo paga indirectamente con sus impuestos. También es cierto que en muchas ciudades españolas las bibliotecas están sin recibir fondos bibliográficos. La cultura está siendo permanentemente atacada y recortada, y este es un nuevo ejemplo. Se mermarán fondos bibliográficos y, por consiguiente, la calidad del servicio y actividades que ofrecen hoy día las bibliotecas.

Después de la subida del IVA al 21% en los espectáculos culturales, el PP nos lanza este nuevo ataque al mundo de la Cultura y la Educación, un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta medida, a la que hay que sumarle la continua bajada de presupuestos en los últimos años por parte de la Comunidad de Madrid, se pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales.

Hemos cambiado mucho desde que Lorca visitaba los pueblos de España con “La Barraca”, llevando el teatro y la cultura popular a todos los pueblos de España. Las bibliotecas públicas municipales son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de la ciudadanía a la información y a la lectura, y es algo que merece la pena defender.

En definitiva, se está cometiendo un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que numerosos colectivos de bibliotecarios/as, usuarios/as y reconocidos/as escritores/as se están oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios/as y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios.

Por eso IU tiene que denunciar y denuncia este nuevo atropello a la cultura de nuestro país, motivo por el que hemos emprendido y participaremos en una campaña de acciones contra el canon a las bibliotecas públicas de nuestra ciudad y esperamos pueda ser ampliada a todo el territorio nacional. Dichas iniciativas contemplan la recogida de firmas en diferentes medios, la presentación de propuestas en los Plenos Municipales, y la instalación de mesas informativas en las puertas de las bibliotecas de nuestra Ciudad. La gente tiene derecho a conocer que esta decisión del PP pone en riesgo la calidad y sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales.

Hay un elemento que debemos tener claro, las bibliotecas públicas en general y las de Parla en particular son espacios de encuentro y lectura que necesitan a los/as escritores/as para ofrecer algo y ambas necesitan a los lectores para recibir algo. Lo que no nos parece bien es que quieran incrementar el reconocimiento de los derechos de autor con un canon por el préstamo público de sus obras. Por el sencillo hecho que ya está reconocido.

Cualquier usuario activo de los 34.000 que tenemos en Parla, o de los millones que hay en este país sabe que la biblioteca de su pueblo no es un simple depósito de libros, no es eso… es un centro vivo de encuentro y difusión de la cultura, con talleres, cuentacuentos, club de lectura, donde los libros viven e interactúan con la ciudadanía, y cualquier autor o autora se siente afortunado por tener un ejemplar en sus estanterías.

Desde Izquierda Unida nos oponemos a este canon por la sencilla razón de que va en contra de la propia esencia de las bibliotecas públicas de España, eso es lo que está en juego, nosotros defendemos que las bibliotecas ofrezcan la lectura a todo el mundo, niños y mayores, pequeños y grandes, ricos y pobres… sin tener que depender del dinero que se tenga; lo que queremos es que sigan siendo centros de democratización cultural y un servicio público esencial para los municipios y sus vecinos y vecinas. Eso es lo que está en juego, el futuro de las Bibliotecas.

La apuesta por las Bibliotecas Públicas es determinante porque debemos garantizar el acceso al conocimiento, a la información, a la educación, a la convivencia; es garantizar la igualdad de todos y todas.

Coordinador Local IU Parla y miembro de la ejecutiva de IUCM