IU ha iniciado una ronda de conversaciones con las organizaciones de la pyme y el resto del sector para alcanzar conjuntamente un redactado final conjunto de una propuesta. Con ello, se presentará una iniciativa parlamentaria en este período de sesiones y, además, se transformará en una propuesta concreta de Gobierno, en caso de obtener la confianza de la ciudadanía.
En la primera de estas reuniones, Cayo Lara se ha entrevistado con una delegación de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (COPYME) encabezada por su presidente Salvador Bellido. La reunión abordó, en primer lugar, una medida destacada de la citada estrategia: la prolongación del plazo derivado de la Ley Boyer en los alquileres anteriores a 1985 mientras el paro no baje del 12%. El problema no es sólo para el comercio, sino para todo tipo de empresas (están en riesgo 100.000 empresas y 500.000 puestos de trabajo). IU se ha comprometido a desarrollar las iniciativas parlamentarias correspondientes antes de que finalice el plazo (31 de diciembre).
Un tejido empresarial basado en la pyme
La preeminencia de las pequeñas empresas es muy elevada en el Estado español. Muchas de ellas pueden ser consideradas realmente como micro empresas con 2 o menos trabajadores y constituyen el 83,1% del tejido empresarial. Sin embargo, en su conjunto, constituyen el mayor número de contratos de trabajo. Las dificultades de un trabajo sindical estable en este tipo de empresas son evidentes.
Sin embargo el número de cooperativas es comparativamente reducido. Solamente existen unas 21.000 cooperativas, la mayor parte de trabajo asociado. No obstante, la resistencia de las cooperativas a la crisis ha sido reconocida por el Parlamento Europeo.
En cuanto a la empresas de economía social (que deben entenderse como empresas sin ánimo de lucro), su desarrollo es aún novedoso pero constituyen una alternativa interesante a las empresas típicamente capitalistas.
Volviendo a las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, su número alcanza los 3 millones. De esa cifra, hay 1,67 millones sin trabajadores (el 53,6% del total de las empresas con actividad), es decir autónomos sin personas contratadas. En no pocos casos se trata de los llamados “falsos autónomos”, trabajadores dependientes obligados a darse de alta en la Seguridad Social bajo esa clasificación.
Además, las empresas con 1 o 2 trabajadores son 921.000 (fuente INE, 1 de enero de 2014), las empresas de 3 a 9 trabajadores son 395.000 y las empresas de 10 a 19 trabajadores llegan a las 70.000.
En total, las empresas con menos de 20 trabajadores representan el 98% del total de las empresas activas. La importancia social y económica de esta realidad es evidente. Por ello, Izquierda Unida está intentando construir una alternativa coherente para estas empresas que permita, además, conciliar soluciones que permitan la elevación de los salarios y la disminución de la jornada laboral, que son objetivos prioritarios para nosotros.
MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA
Prolongar la vigencia de alquileres antiguos, subvencionar el primer contrato indefinido a tiempo completo y modificar la Contratación Pública para establecer criterios de discriminación positiva para pyme, autónomos y economía social.
Medidas prioritarias:
• Subvencionar el primer contrato de trabajo indefinido y a tiempo completo de las pequeñas empresas y autónomos, que actualmente no tengan trabajadores asalariados (en torno a 1,7 millones). 30% de la retribución bruta durante el primer año, hasta un máximo de 6.000 euros/año. 20% de la retribución bruta durante el segundo año, hasta un máximo de 4.000 euros/año.
• Modificar la Ley de Contratos de la Administración en favor de las pyme, autónomos, cooperativas y economía social, estableciendo criterios de discriminación positiva para pyme, autónomos y empresas sociales en la contratación pública. Vincular estos criterios a los de cantidad y calidad del trabajo y a uso de procedimientos de sostenibilidad. Reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores. Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.
• Establecer mecanismos de colaboración público-social para la gestión de determinadas actividades, sin sustituir puestos estructurales en las Administraciones.
• Implementación de nuevas líneas de crédito, mediante acuerdo del ICO con las instituciones financieras nacionalizadas (Banca Pública), bajo los criterios determinados por el Gobierno, que podrán ser adoptados también de forma voluntaria por otras instituciones financieras. Establecer una línea específica del ICO para la Economía Social.
• Apoyo al turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado, apostando por segmentos turísticos emergentes y/o distintos de los tradicionales aún sin consolidar, por la diversificación y la especialización.
• Plan de apoyo a la reactivación del comercio en los núcleos urbanos, con especial incidencia en los cascos históricos, su especialización e innovación.
• Apoyo a la industria cultural. El español como recurso económico, la industria audiovisual y la expresión artística. Vinculación entre turismo de calidad y arte. Reducción del IVA cultural.
Medidas complementarias:
• Simplificación real de los procesos y exigencias administrativas. Vincular todas las administraciones al criterio “ventanilla única”.
•Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas.
• Incentivar en estas empresas los elementos de ganancia de tamaño, innovación, internacionalización y cooperación.
• Desarrollar programas concretos de fomento de la cooperación empresarial y desarrollo de clusters y de la innovación en la estructura empresarial y en la gestión.
• Apoyo a la implantación local y a los circuitos comerciales de proximidad: mercados y distribución.
• Implementación de nuevas líneas de crédito. Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO. Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO- SGR en 3 puntos para empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
• Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y servicios, una vez pasado un límite de 30 días. La compensación se haría contra las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Ad. General del Estado, de la parte autonómica de esos impuestos de los impuestos cedidos en las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales en el c caso de los Ayuntamientos.
• Apoyo específico a las iniciativas artesanales emprendedoras y a proyectos singulares en el sector del comercio y la artesanía.
• Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas. Programas de apoyo a microempresas en zonas rurales.
• Establecer un Consejo estatal de la Economía Social.
• Acordar nuevos modelos legales de empresas cooperativas, por ejemplo las cooperativas de uso de viviendas.
• Programas de capacitación de personas socias y trabajadoras de economía social.
• Apoyo a las cooperativas de segundo grado y especialmente a las cooperativas de crédito.
