Al calor de la decisión del Coordinador General de IU Cayo Lara de no presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas Elecciones Generales, toda la prensa ha recordado el importante papel desempeñado por Cayo en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Izquierda Unida, y en especial Cayo Lara, han dado una ingente y desproporcionada batalla contra la corrupción a lo largo de todo el Estado. Y lo han hecho en condiciones muy difíciles puesto que esta lucha no es reciente, sino que se inició antes de que las consecuencias de la crisis económica -provocada por las políticas neoliberales de traspaso masivo de recursos públicos a los bolsillos de grupos económicos privados- afectara a la mayoría de los españoles. En el año 2007 todavía la conciencia social no identificaba la corrupción como una consecuencia de la imposición a la sociedad de la cultura política del neoliberalismo e incluso el imaginario colectivo admiraba y pretendía imitar a aquellas personas que se habían enriquecido a través de maniobras especulativas –los “pelotazos”- o descaradamente a través del ejercicio de actividad política fundamentalmente -aunque no sólo- en los ayuntamientos de todo el país.
Seseña, la lucha numantina de IU
El caso “Seseña”, la lucha sin concesiones de la pequeña organización de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha contra un todo poderosos constructor, “El Pocero”, que compraba hasta las más altas voluntades políticas tanto del PP como del PSOE en esa comunidad autónoma, apareció ante la opinión pública española como un quijotesco caso único, percibida entonces como anecdótica resistencia de un “pequeña aldea” contra el todopoderoso imperio del “ladrillo”. Al frente de esta numantina lucha se situaron dos hombres dignos: El alcalde del municipio de Seseña, Manuel Fuentes, y el Coordinador Regional de IU, Cayo Lara. Sacrificaron poder político -pérdida de la alcaldía de Seseña- , haciendas -embargos judiciales inexplicables- y tranquilidad personal y familiar. Pero esa resistencia recibió sus frutos: la verdad judicial dio la razón a Izquierda Unida, que ganó las 14 querellas criminales y los 3 Recursos Contencioso administrativos presentadas por El Pocero contra Izquierda Unida, contra Manuel Fuentes y el resto de concejales de Seseña, contra Cayo Lara y contra el ayuntamiento entonces gobernado por IU.
La batalla de Seseña significó un antes y un después en la guerra emprendida por Izquierda Unida, en solitario, contra la corrupción política y la especulación financiera e inmobiliaria, una guerra difícil y desigual en la que el enemigo de clase llegó incluso a introducir sus caballos de Troya en nuestras filas, provocándonos derrotas en varias batallas importantes, con alto coste en prestigio y credibilidad política para toda IU, en especial a consecuencia de inaceptables actuaciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Alertamos pues a nuestras filas y a nuestro pueblo sobre nuestros pasados errores y sobre nuestra obligación de permanecer vigilantes y mantener cero permisividad ante fenómenos de cooptación de nuestro cuadros por el capital y sus muchos recursos desplegados para la compra de voluntades y personas.
Destapando la contabilidad B del PP
En febrero de 2013, Izquierda Unida convocó a distintas organizaciones sociales y políticas para combatir a “la madre de todas las corrupciones”, la inmensa maquinaria construida por el Partido Popular para entregar los recursos de los presupuestos públicos de todas las administraciones del Estado -central, autonómica y local- a grupos económicos privados a cambio de ridículas comisiones económicas percibidas por ministros y altos dirigentes ejecutivos de ese partido, maquinaria desvelada a la sociedad como la publicación de la contabilidad B del PP conocida como “Papeles de Bárcenas”. El volumen económico exacto de la gigantesca operación de despatrimonialización del presupuesto público puesta en marcha por el PP, al menos desde 1990 hasta nuestro días, nunca se sabrá de forma precisa. A fecha de hoy, 21 meses después de interponer Izquierda Unida y otras entidades la querella criminal que ha llevado al encarcelamiento de Luis Bárcenas y a que los tribunales acuerden 29 imputaciones de dirigentes del Partido Popular y grandes empresarios de la construcción de este país, la Fiscalía del Estado aún no ha interpuesto ni denuncia ni querella por estos hechos. Contrario a lo que era de esperar, la Fiscalía navega por la instrucción de la causa de forma desapercibida -salvo cuando pareciera que ejerce la defensa de aquellos que han desfalcado bolsillos y sueños de los españoles-, argumentando no apreciar indicios de criminalidad en los pagos de dinero negro -más de 60 apuntes contables de los Papeles de Barcenas ya han sido acreditados veraces en sede judicial- efectuados al Partido Popular por grandes grupos económicos para conseguir contratos millonarios de obra pública innecesaria cuando no directamente el diseño de los ruinosos y faraónicos planes de infraestructuras, -a través de la llamada “comisión de Infraestructuras del PP” constituida con tal fin por los cobradores del PP y los empresarios pagadores- que han arruinado a nuestro país. Pagos que acabaron indefectiblemente en los bolsillos de Ministros del PP y altos dirigentes del mismo partido.
Querella criminal contra Bankia
El pasado 14 de abril Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal, en calidad de acusación popular, contra los consejeros de las entidades BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. (BFA) y BANKIA, S.A, así como contra ambas entidades bancarias. El BFA es el mayor accionista de Bankia además de la persona jurídica que constituyó esta última entidad bancaria para intentar ocultar el vaciamiento patrimonial al que previamente habían sido sometidas distintas cajas de ahorros en la mayor operación ejecutada en el mundo de entrega al sector financiero privado de sólidas entidades financieras no lucrativas, previo su saqueo por unos incompetentes gestores que únicamente buscaban su enriquecimiento personal y el de su clase social.
Los querellados fueron los 20 consejeros de BFA, encabezados por Rodrigo Rato, y los 16 de Bankia, también encabezados por Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra el que fuera representante de Izquierda Unida en Cajamadrid, José Antonio Moral-Santín -del que a fecha de hoy la dirección de Izquierda Unida no ha recibido explicación alguna respecto a lo ocurrido durante el desempeño del cargo-, así como las dos entidades financieras, BFA y Bankia, en calidad de personas jurídicas responsables de los delitos. La querella se formuló por los presuntos delitos de asociación ilícita, delito contable, apreciación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Todos ellos delitos presuntamente cometidos en las cajas de ahorro que constituyeron el BFA, así como en esta entidad y en la posteriormente constituida por ella, Bankia, con ocasión de su privatización y posterior salida a bolsa, en claro perjuicio y engaño de clientes y accionistas de todas estas entidades financieras hasta entonces no lucrativas. Las consecuencias de este engaño masivo son por todos conocidas: la emisión de fraudulentos productos financieros y de inversión -como las denominadas “participaciones preferentes” o las propias acciones de Bankia- falseando sus precios y valores y realizando así una de las mayores estafas masivas de la historia del crimen económico en nuestro país, provocando el perjuicio y la ruina de miles de pequeños ahorradores, además de haber ocasionado el vaciamiento patrimonial previo de las cajas de ahorro, provocando con ello el posterior “rescate” de Bankia a cargo de los presupuestos del estado, por importe de más de 22.000 millones de euros de forma directa, más otro tanto en concepto de avales, por lo que el perjuicio patrimonial provocado en las cuentas públicas nos habría alcanzado a todas las personas que viven en España.
Sorprendentemente, el pasado día 13 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación interpuesto por IU contra la resolución del Juez instructor del caso Bankia, que además de exigirnos el depósito de 20.000 euros para ejercer la acusación en la causa, decidía que dicha acusación de IU debería llevarse adelante indefectiblemente a través de los abogados y procuradores del derechista partido UpyD, algo obviamente inaceptable para una fuerza de izquierdas como es IU. El sistema trabaja arduamente para anular la presencia de IU en la lucha contra la corrupción, aunque poco podrán hacer los tribunales de justicia para impedir que IU cumpla una función social que es inseparable de su razón de ser.
Lejos de tener alguna responsabilidad en lo ocurrido a consecuencia de la cooptación que el sistema realizó de varios de los consejeros de CajaMadrid designados por IU de la Comunidad de Madrid, con la escandalosa permisividad, falta de diligencia y de vigilancia o connivencia de varias direcciones de IU CM que como única explicación a fecha de hoy arguye que no sabía lo que ocurría, aunque tal ignorancia culpable no es considerada por sus portavoces como un error político suficiente para asumir responsabilidades ante los ciudadanos y militantes, Izquierda Unida es la única fuerza política estatal que viene exigiendo responsabilidades políticas y penales por lo ocurrido con las cajas de ahorros en España, como así se pone de manifiesto con las ya cinco iniciativas presentadas en el Parlamento pidiendo la constitución de una comisión de investigación sobre Bankia y como acredita la resolución de la Presidencia Federal de IU del pasado 10 de noviembre -ratificada por el Consejo Político Federal del día 16 del mismo mes-, exigiendo a IUCM que ponga nombres a los responsables de semejante error político y que éstos en su caso se bajen de los coche oficiales y salgan de palcos preferentes para asumir sus responsabilidades como los cabales dirigentes de la izquierda política y social que dicen ser. De no hacerlo de forma inmediata, la dirección federal de IU -consecuentemente con su trayectoria de inclaudicable combate contra la corrupción política y económica- tendrá que acometer dicha tarea, en cumplimiento de sus acuerdos, para evitar que la percepción social sobre lo ocurrido en Bankia anule los sacrificios y la abnegación de la inmensa mayoría de dirigentes, cuadros y militantes de IU para continuar siendo vanguardia en la lucha política y jurídica contra la corrupción y los corruptores a lo largo de toda España.
