Mundo Obrero: Una de las principales víctimas de la gestión neoliberal de la crisis ha sido la mujer. ¿Cómo está repercutiendo esta crisis sistémica en su vida laboral y familiar?
Cristina Simó: Penalizándola sobre sus derechos y condiciones de vida, con especial incidencia en las mujeres solas con responsabilidades familiares, las migrantes, las jóvenes y también las mayores de 65 años, como consecuencia de las políticas de ajuste de la Troika.

Por un lado, con las sucesivas reformas laborales del PP, y antes del PSOE, que han aumentado el empleo precario asumido mayoritariamente por las mujeres y el empobrecimiento femenino, con el incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres (24%), la precarización del trabajo a tiempo parcial y la feminización de ciertos sectores que determinan una situación económica peor que la de los hombres en términos globales.

Las tasas de riesgo de pobreza son muy elevadas, con una fuerte incidencia en la exclusión social de las mujeres, especialmente las que viven solas. Esta progresiva exclusión social está abocando a muchas mujeres a situaciones de extrema precariedad laboral y de vida, dejándolas en situación de máxima vulnerabilidad, desprotegidas cada vez más de los abusos empresariales, de la violencia machista y de la prostitución.

Las mujeres jóvenes, las mejor capacitadas y preparadas profesionalmente desde décadas en España están siendo obligadas a emigrar.

Por otro lado, está la reducción del gasto público y los recortes en los servicios públicos relacionados con el cuidado y atención a las personas, en educación y en sanidad pública, sectores altamente feminizados. La minoración de los salarios y la pérdida de empleo que han agudizado la penalización sobre las condiciones de vida de las mujeres.

En España, por ejemplo, se utilizó la excusa de la austeridad económica para eliminar los organismos públicos especializados en las políticas de igualdad, dejando claro cuál era el compromiso real con la igualdad del gobierno de Zapatero.

Todas esas medidas inciden en el refuerzo del establecimiento de los roles de género asentado en la división sexual del trabajo; tanto en el remunerado como en el no remunerado. Las mujeres, en general, dedican más tiempo al trabajo, pero hay que constatar que es el trabajo no remunerado en el que invierten más tiempo. Esta mayor dedicación al trabajo no remunerado que realiza gran parte de la población femenina tiene incidencias negativas en su calidad de vida, tanto respecto a su incorporación al mercado laboral, como a la menor disponibilidad de tiempo para una jornada de trabajo remunerado, a su estado de salud y al menor acceso a la participación social y política, etc.

Según los datos que obtiene el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, las mujeres dedican cuatro horas y cuatro minutos a tareas domésticas y familiares (mantenimiento del hogar, compras, cuidado de hijos/as y personas ascendientes) en un día promedio, lo que representa dos horas y cuarto más de lo que dedican los hombres al mismo trabajo.

Esta dedicación diferenciada del uso del tiempo se ha visto agudizada por las políticas de austeridad y los recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. En España, por ejemplo, se ha paralizado la aplicación de la “Ley de Dependencia”, reduciéndose hasta un 85% algunas de las prestaciones económicas concedidas por dependencia y eliminando la cotización a la seguridad social de las prestadoras no profesionales en el entorno familiar (mujeres en más del 90%).

La orientación de las políticas de austeridad, en España, está provocando una reprivatización de los cuidados hacia el ámbito familiar, volviendo a recaer sobre las espaldas de las mujeres la mayor parte de las obligaciones que eran consideradas como una responsabilidad pública a hacer efectiva. Es decir, la austeridad está alejándonos del horizonte de la igualdad.

La maternidad es un factor de penalización sobre el empleo de las mujeres. Esta penalización se produce, por una parte, de manera indirecta y extensiva a todas las mujeres, como efecto de la percepción de mayor riesgo en su contratación.

Por otra parte, la penalización ocurre también de manera directa, tanto por la menor tasa de empleo de las madres con hijos/as menores de 12 años (que se ha reducido en más de 12 puntos porcentuales respecto a la que había en 2008) como por la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial. España es el país de la UE con más contratos a tiempo parcial, de estos contratos a tiempo parcial el 73% son mujeres, lo que significa una discriminación laboral indirecta.

Las políticas de austeridad han puesto el freno a una de las medidas más efectivas para la corresponsabilidad: los permisos intransferibles y bien remunerados ante un nacimiento. La equiparación progresiva de los permisos por nacimiento entre hombres y mujeres se considera una reforma estratégica para la corresponsabilidad, sin embargo, las políticas de ajuste emprendidas han renunciado completamente a ella. En España se ha aplazado por tercer año consecutivo la ampliación a 4 semanas del permiso para los padres y también se ha aplazado el debate político sobre la proposición de ley para la equiparación de los permisos por nacimiento, a pesar del escaso presupuesto que supondría dicha reforma. En definitiva que nos quieren en casa.

M.O.: El PCE está volcado en la campaña del Trabajo Digno para la mujer. ¿Cuáles son las propuestas del Partido y cómo se está llevando a cabo la campaña?
C.S.: Proponemos una serie de medidas dirigidas a acabar con la precariedad laboral que hoy sufren muchas mujeres en España y a garantizar el trabajo digno para todas:

Es imprescindible que a trabajo de igual valor haya igual remuneración. Abogamos por el reparto del trabajo. Volver a nuestra reivindicación histórica de las 35 horas semanales sin reducción salarial.

Pedimos la obligatoriedad de planes de igualdad para todas las medianas y grandes empresas. No permitir salarios por debajo de los 1.000€.

Demandamos la creación de empleo público en sanidad, educación y dependencia. También acabar con la economía sumergida e igualar los permisos de maternidad y paternidad.

Exigimos un plan de empleo y leyes que garanticen la creación de trabajo digno para las mujeres y dotar a la inspección de trabajo de medios humanos y técnicos para la correcta aplicación de las normas y leyes laborales.

Para la campaña se han elaborado materiales diversos como pegatinas, carteles y dípticos. La campaña que es sostenida en el tiempo, se desarrolla en tres fases:

La primera que se inició el pasado 25 de noviembre, con motivo del día Internacional en contra de la violencia de género. Salimos a la calle con un manifiesto que dejaba claro que la falta de trabajo digno para las mujeres es también violencia de género y este 8 de marzo salimos manifestando que sin trabajo digno para las mujeres no es posible la igualdad.

La segunda fase se da ahora cuando la campaña está en marcha. Es el momento de hacerla extensiva en las empresas y de tener más presencia pública en las calles, en las plazas, los mercados, los colegios, en las Universidades, en las oficinas de empleo… y presentar mociones en los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y en el Congreso.

La tercera fase, se materializará con un gran encuentro de mujeres sindicalistas y una movilización en el sur de España.

M.O.: ¿Cómo está la situación laboral de las mujeres en España respecto a las mujeres de otros países de la Unión Europea?
C.S.: Para que nos podamos hacer una idea, según datos oficiales de la UE del último año, la media de la tasa de ocupación femenina en España está 8,5 puntos por debajo de la media Europea. La media de contratación temporal a mujeres en España se sitúa 8 puntos por encima de la media Europea. La tasa de paro femenino está 10,2 puntos por encima de la media Europea. Como consecuencia de la falta de trabajo digno para las mujeres, nos encontramos en Europa con una media de riesgo de pobreza femenina del 17,5%, mientras que en España es del 22’1%.

M.O.: ¿Se está realizando algún tipo la campaña del trabajo digno a nivel internacional?
C.S.: Sí, a propuesta del PCE, el Partido de la Izquierda Europea aprobó una campaña a nivel europeo que se pondrá en marcha este próximo 8 de marzo con actos y acciones en diferentes países europeos.

De hecho, está previsto que para reforzar la campaña europea del trabajo digno para las mujeres, desde el PIE organicemos unas jornadas durante el mes de junio, en Córdoba.

M.O.: Con esta precariedad, desregulación y ultra-flexibilidad laboral, ¿en qué situación ha quedado la conciliación familiar ?
C.S.: Para las mujeres trabajadoras no existe.

M.O.: La brecha salarial, sigue marcando las grandes desigualdades económicas y sociales, no sólo en las mujeres en activo sino en las pensionistas. El empobrecimiento se acentúa en las mujeres con pensiones mínimas. ¿Cuál es el perfil de estas mujeres?
C.S.: Son mujeres que hoy viven las consecuencias de haber soportado desigualdades toda su vida. Sus pensiones son muy bajas, algunas derivan de su estado civil. Y las que perciben prestación por sus años de trabajo, éstas suelen ser inferiores a las de los hombres. Las mujeres se sitúan mayoritariamente en las cuantías más bajas de las pensiones contributivas por varios factores: la diferencia salarial, la interrupción o cese de la carrera laboral para cuidar de los hijos (o familiares enfermos o mayores) y una mayor tendencia a desempeñar trabajos de media jornada para poder conciliar. Además, las mujeres viven solas con más frecuencia al ser mayor su esperanza de vida. Cuanto más largo es el periodo durante el que se vive en situación de pobreza, mayor es el riesgo de exclusión social.

M.O.: La violencia de género también ha aumentado en estos últimos años alimentada por la inestabilidad laboral, el empobrecimiento económico y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida social y familiar. ¿Cómo está repercutiendo la política de austeridad en ese incremento de maltratos, agresiones y asesinatos?
C.S.: Como ya explicaba antes, la repercusión de las políticas de austeridad en las mujeres es muy grave: supone su expulsión del mercado laboral y dejar bajo mínimos los servicios sociales cargando las responsabilidades familiares sobre las mujeres… El aumento de la desigualdad comporta la dependencia de las mujeres respecto a sus parejas. No es casual que mientras por un lado aumentan los asesinatos, por el otro se reduzca el número de denuncias por maltrato: el 80% de las víctimas no denuncia. Y mientras, más recortes en prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con el cierre de casas de acogida, de los puntos de atención e información a las mujeres maltratadas. La falta de protección jurídica con las reformas del código penal coloca en una situación de indefensión, todavía mayor, a las mujeres que han sufrido violencia de género ya que, según la Ley de Tasas, se elimina la falta por “vejaciones injustas”, que suele ser el primer paso en los casos de maltrato, y se sugiere la mediación en los casos de violencia de género. Esto pondría en riesgo a la víctima y se solicita que la condena del agresor sea una multa cuando está prohibido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

M.O.: La semana pasada, en una reunión de la PAH en Madrid, había una joven víctima de violencia de género, en gran peligro. Su expareja, que intentó asesinarla, ha salido de la cárcel. Están en régimen de alejamiento, pero la joven no puede tener activado su dispositivo de alerta ni su móvil porque viven en un piso ocupado sin electricidad. ¿Qué tipo de medidas se deberían adoptar en estos casos que afectan a las mujeres más vulnerables?
C.S.: Partimos de una ley integral que no se dotaba de recursos y partidas suficientes. Nosotras desde su aprobación hace algo más de 10 años, ya fuimos críticas porque la ayuda que se concedía para hacer frente a las necesidades económicas de las víctimas resultaba insuficiente.
Prueba de ello fue que en tan solo dieciocho meses después de la entrada en vigor de la Ley, Amnistía Internacional denunciaba que se seguía detectando una falta de adecuación de las medidas de asistencia a las necesidades de las víctimas, así como la falta de cumplimiento de las tres condiciones básicas para su efectividad: la disponibilidad (los recursos siguen siendo insuficientes en número y desigualmente repartidos), la accesibilidad (continúan las restricciones en el acceso de determinados colectivos de mujeres) y la calidad (no existen controles de calidad eficaces de la gestión del recurso desde la institución responsable).

Actualmente que se han recortado aún más las partidas y los recursos para combatir la violencia de género, se deja aún más desprotegidas a las víctimas como es el caso de esta mujer que debería poder acceder a una vivienda social y tener cubiertas sus necesidades energéticas, en vez de dejarla en manos de un asesino convirtiéndose el estado en cómplice de un posible asesinato.

M.O.: La involución de los avances realizados por la mujer no sólo tiene causas económicas, sino ideológicas, cómo ocurrió en el caso del proyecto de ley del aborto de Gallardón ¿cómo está atacando el resucitado nacional-catolicismo del PP a las mujeres?
C.S.: Sí, es cierto, tras las medidas de austeridad existe un intento de devolvernos a casa y someternos bajo al yugo del patriarcado, por lo que nosotras debemos estar siempre en guardia. Las mujeres no sólo somos “victimas colaterales” de las políticas de ajuste, el objetivo es la vuelta al hogar, volver a asumir el papel de cuidadoras ocupándose del abandono de las políticas públicas de cuidados.

Las mujeres hemos vuelto a ser víctimas de otra de las imposiciones machistas del PP por querer contentar a su electorado más casposo y cavernícola. Una imposición machista que atenta contra la plena autonomía y hasta contra el futuro de mujeres adolescentes, que las coloca en situación de especial vulnerabilidad ante una realidad sumamente problemática en lo que respecta tanto a su entorno familiar, como social y económico. Atacan, una vez más, a las mujeres, en esta ocasión a las más jóvenes, aún más indefensas y desprotegidas.

M.O.: Con el poder de los medios de comunicación, en sus manos, y el desarrollo de la LOMCE a su servicio, ¿cómo se puede lograr vencer esa hegemonía del patriarcado que está reavivando y poder educar a la juventud en valores de igualdad de género?
C.S.: Derrotando al bipartidismo monárquico del PP y el PSOE y construyendo un bloque alternativo y social en el que las mujeres sean el eje central. Para ello es necesario empoderar a las mujeres y movilizarlas hacia la ruptura democrática, desvelar las relaciones de poder que han ordenado el sistema que hoy está en crisis y romper el pacto social que lo mantiene, por una nueva democracia en la que las relaciones de poder se den para construir el buen vivir de todas y todos. Solo así, empoderando a las mujeres y al conjunto de la clase trabajadora podremos cambiar el orden de las relaciones de clase y género en la construcción de una verdadera democracia participativa, paritaria y educadora de valores de igualdad.

M.O.: No todo son malas noticias, la presión popular logró parar el proyecto de ley del aborto de Gallardón, a pesar de que tenían mayoría absoluta para aprobarla. ¿Cómo se forjó esa lucha hasta llegar a vencer el pulso al gobierno de Rajoy?
C.S.: Desde que se aprobó el anteproyecto de ley en el consejo de ministros, el 20 de diciembre de 2013, hubo muchos movimientos, desde modificaciones del anteproyecto de ley inicial, gracias a las movilizaciones y a las presiones también internacionales que ayudaron a generar divisiones internas en el gabinete de gobierno respecto a esta ley.

El anteproyecto de ley debía aún someterse al debate parlamentario donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero la división interna que generó esta reforma llevó al presidente del Gobierno a aparcar esta norma hasta encontrar un claro consenso interno.

El 1 de febrero de 2014 miles de mujeres de toda España se sumaron en un solo grito contra la reforma de la Ley del aborto de Alberto Ruiz Gallardón. El Tren de la Libertad, una protesta que partió de unos colectivos feministas de Asturias y a la que se unieron miles de mujeres, organizaciones feministas y partidos de izquierdas. Protesta que traspasó fronteras, como en París, donde 5.000 personas salieron a las calles en solidaridad con las mujeres españolas.

Siguieron las movilizaciones, el 8 de febrero, el 8 de marzo, una columna violeta en las Marchas del 22 de marzo.

El Partido Popular se desgasta y esta ley les quema. Deciden posponer la aprobación de dicha ley. Pasadas las elecciones Europeas el PP volvió a la carga para intentar cohesionar el interior de su partido y organizaron, en el congreso el 3 de julio pasado, una jornada de debate en contra del aborto. Al mismo tiempo que el grupo de la Izquierda plural y el resto de la oposición rompimos expectativas y desbordamos en asistencia y participación. Mientras, las antiabortistas no llegaron a 25 personas.

Importantes también fueron las presiones externas, la iniciativa de los y las parlamentarias de GUE/NGL que realizaron un comunicado de apoyo a las mujeres españolas. Y las diferentes acciones en las diferentes embajadas españolas en Europa. Así como la recogida de firmas alrededor de la campaña del aborto del PIE.

Todo ello contribuyó a que la ley no llegara a aprobarse, demostrando que solo con la movilización pueden cambiarse las cosas.

M.O.: Otra buena noticia es la reestructuración del MDM ¿Cómo ha sido el proceso, en qué situación se encuentra el MDM en estos momentos y cuáles son sus objetivos?
C.S.: Se inició el proceso de reconstrucción en junio de 2013. El MDM surge, nuevamente, como una expresión de la voluntad de organizarse en el ámbito feminista para ser más fuertes y, por lo tanto, más eficaces en la movilización y en la lucha.

Es un proceso lento que se va dando de manera desigual por todo el territorio. Hoy ya existimos en Cantabria, Aragón, Andalucía, Cataluña, Luxemburgo y se están poniendo los cimientos en Castilla-La Mancha, Castilla Leon y País Valencià, donde próximamente se irá constituyendo.

El objetivo que tiene el MDM en España es dar respuesta a la necesidad de un frente de lucha amplio donde converjan todos los movimientos feministas, para abordar los verdaderos problemas de las mujeres (pan, trabajo, techo, maternidad, libertades, aborto, etc.), desde una perspectiva de clase y género. Y a nivel internacional potenciar las relaciones con la Federación Internacional del Movimiento Democrático de Mujeres.