El calvario al que se está sometiendo al gobierno de Syriza parece que ya está haciendo efecto y más de uno se está desanimando con las posibilidades reales que hay de cambiar la dictadura de la troika. Sin embargo, es necesario recordar algunas cosas. En primer lugar, que Grecia es una y pequeña, frente al bloque uniforme que forman conservadores y social-liberales en la Unión Europea. Si en vez de una fueran dos, y la segunda fuera realmente grande, como es España, la cosa empezaría a ser diferente. Otra cosa a tener presente es que, digan lo que digan Rajoy, el FMI o el “sursum corda”, la crisis no se ha terminado, y en particular la situación de los bancos sigue estando muy lejos de haber sido resuelta.
En el fondo está la pregunta siguiente: ¿qué medidas podría adoptar un gobierno de unidad popular para empezar a remediar la situación de excesivo endeudamiento sin tener que esperar a que se produzca la revolución mundial? El crecimiento está bloqueado por el exceso de deuda y, sobre todo, por la ausencia de expectativas de beneficio. La inflación escapa de las manos de un gobierno sin soberanía monetaria y con un Banco Central Europeo “independiente”. Entonces debemos profundizar en cómo meterle mano a los diferentes tipos de deuda.
A mi modo de ver la mejor manera de reducir el estrangulamiento provocado por la deuda hipotecaria no es otra que la de modificar la Ley Hipotecaria: acomodar los pagos máximos por vivienda habitual a los ingresos, de manera semejante a como se hace con los embargos, sin que se pueda ejecutar la hipoteca mientras se cumplan esos mínimos. Al margen de lo anterior que sería una regulación general, habría que diseñar otras medidas para los casos de emergencia como se ha intentado en Andalucía con la expropiación forzosa del uso de la vivienda. Esta segunda línea tiene la ventaja de que si se expropia el valor de uso y no la propiedad, la referencia del justiprecio no es el “valor de mercado” más o menos inflado por el valor del suelo, sino la amortización de los ladrillos.
En cuanto al endeudamiento público podemos considerar un impuesto singular sobre la riqueza para la recompra de deuda. Aplicar un tipo del 20% sobre los patrimonios netos por encima de 250.000 euros recaudaría unos 250.000 millones de euros y afectaría a un 15% de la población. Reduciría la carga en una cuarta parte, sin afectar la capacidad de financiación en el exterior y el Estado ganaría un margen de maniobra que ahora no tiene.
Quedan las empresas. Las grandes están reduciendo su endeudamiento, pero no se han situado por debajo del nivel de deuda de 2008. En cambio las PYMEs sí lo han hecho, pero a costa de la reducción de su actividad. Su problema es de restricción del crédito, como ha señalado el BCE más de una vez, y esa restricción sólo puede levantarse con la banca pública porque la privada está zombie. Todo esto se puede hacer en la Carrera de San Jerónimo. Y con esto, a Bruselas con Varoufakis, a negociar …
