El curso que viene se inicia con un Ministerio de Educación en descomposición. Un Ministerio que ha impuesto una contrarreforma educativa a sangre y fuego y que la ha mantenido contra todos los criterios posibles. Pero que, a escasos meses de las elecciones generales, sus máximos responsables emprenden una huida hacia adelante y abandonan el barco o les obligan a abandonarlo. Esto demuestra que el interés del Partido Popular por la educación es como causa ideológica o como moneda de cambio entregándola a alguien, para que sea su responsable, en pago por los servicios prestados. Éste parece el caso también del nuevo ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, hasta ese momento Secretario de Estado para la Unión Europea y un ferviente seguidor de las corrientes más conservadoras de la Iglesia Católica.
Rajoy pone así la Educación en manos del sector ‘ultracatólico’ de su partido. Íñigo Méndez es exprofesor de universidades privadas, presidente de consejos de administración de centros privados, barón de Claret, hijo de la condesa de Areny y hermano de la Secretaria General del CNI, ligado a la democracia cristiana del Marqués Marcelino Oreja. Si con Wert asistimos a un rosario de recortes, potenciación del sector privado, introducción del sector empresarial en la educación pública, subida de tasas y recorte de becas, segregación y selección de los estudiantes con más dificultades y reintroducción del nacionalcatolicismo en las aulas, imagínense cuál será el breve futuro que nos depara este nuevo Ministro de aquí a las elecciones generales.
La educación no se merece estos dirigentes. La comunidad educativa no se merece que sea moneda de cambio y de apalancamiento de familias en un gobierno en descomposición. La educación es el futuro de una sociedad. No el futuro productivo, sino el futuro de desarrollo personal, colectivo y de bienestar y felicidad social. El PP está jugando con fuego y lo estamos pagando la sociedad en su conjunto y la comunidad educativa en particular.
Lo que vive el profesorado y la comunidad educativa en todo el Estado es una presión y un desbarajuste mayúsculos. Miles de estándares y continuas reválidas. Crucecitas en los historiales académicos y programaciones que cambian continuamente. Y el inicio de curso que se prevé en septiembre se torna más negro todavía. Con los currículos recién publicados, cuando la matrícula ya se ha hecho, sin saber con qué asignaturas se contará exactamente ni cuando, con editoriales presionando para que se mantengan los nuevos libros de texto que han publicado ya conforme a las directrices de la contrarreforma de Wert. En septiembre el caos y el desastre puede ser todavía aún mayor, si cabe, que el del inicio de este curso.
El pasado curso implantaron la LOMCE en Primaria todas las Comunidades Autónomas menos Cataluña y País Vasco, e hicieron sus normativas para las evaluaciones del alumnado de Primaria todas excepto Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco. En Secundaria y Bachillerato ha desarrollado el currículo para el próximo curso Madrid, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valencia. La FP Básica de la LOMCE ha tenido su desarrollo normativo en todas las regiones menos en Asturias.
Pero las últimas elecciones autonómicas arrojan un resultado claro: derogación de la LOMCE. Antes de ellas esta ley contaba ya con seis recursos ante el Tribunal Constitucional y con un documento firmado por casi toda la oposición para derogarla si el PP pierde la mayoría en el Congreso. Pero tras los resultados electorales de las últimas elecciones municipales y autonómicas es evidente que la población que apoya a los partidos que se han comprometido a derogar la LOMCE es mayoría. De hecho actualmente ya se ha acordado paralizar la aplicación de la LOMCE en la comunidad aragonesa en la ESO y Bachillerato y la suspensión de la nueva reválida de Primaria; en Baleares se establecerán medidas para iniciar de forma inmediata su derogación; en Cantabria los dos partidos que han alcanzado un pacto de gobierno defienden la paralización de la LOMCE. Cataluña pide detener la LOMCE, etc., etc.
La total falta de apoyo cosechada en el ámbito parlamentario cuando se aprobó esta contrarreforma educativa de Wert y el amplio rechazo mostrado por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes, muestra a las claras la necesidad y actual urgencia no sólo de implementar medidas «paliativas», sino de escuchar a la comunidad educativa y a la sociedad en general, relegando el empeño del partido –por ahora en el gobierno- de poner en marcha una ley que nació muerta, y que está provocando el caos en colegios e institutos, con el consiguiente perjuicio para padres y madres, profesorado y alumnado.
Por eso Izquierda Unida ha venido manteniendo una oposición frontal a la LOMCE, tanto en el ámbito parlamentario con una enmienda a la totalidad, como en el ámbito educativo y social, a través de su campaña LOMCE NO: Insumisión. Hay Alternativa, con el propósito de aunar esfuerzos y sumar voluntades para impedir la aplicación de una Ley impuesta por el rodillo de la mayoría absoluta y ante la cual casi todo el arco parlamentario ha adquirido el compromiso de derogarla tras las próximas elecciones de noviembre de 2015.
Por eso, con el inicio del nuevo curso en septiembre, ya no se trata sólo de paralizar la aplicación de una contrarreforma educativa que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y que busca seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan, sino de avanzar en el amplio debate que se está realizando ya con toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y que se plasmará en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’ (http://bit.ly/1LLZtez). Las Comunidades Autónomas deben sumarse también a esta propuesta que dé, por fin, estabilidad al sistema educativo español.
