Frente al discurso dominante de que se abusa de la Justicia o que no se han invertido suficientes recursos en su administración en España, los intervinientes en la Fiesta del PCE en el coloquio sobre el modelo de Justicia Alternativa no sólo desmintieron estos supuestos, sino que señalaron defectos más importantes en el funcionamiento del tercer poder del Estado, como el del déficit democrático en su funcionamiento, en su elección y en su control.
Mauricio Valiente, integrante del Foro de Abogados de Izquierda, negó que hubiese un aumento de litigiosidad en los juzgados. “El problema es justamente el contrario, la justicia es cada vez más clasista y cada vez hay más sectores no cubiertos por el amparo de la misma”, señaló. Denunció la escandalosa privatización de la Justicia, accesible cada vez más para aquellos que se la pueden pagar, e hizo una defensa coherente de la politización de la justicia, en el sentido de su democratización, no entendida como subordinación a los partidos políticos y denunció en este sentido la utilización por el bipartidismo del Consejo General del Poder Judicial.
Rafael Lafuente, Presidente del Sindicato de Secretarios Judiciales, abogó en su intervención por una justicia entendida como Servicio Público. “La Justicia no funciona porque tiene una pésima organización”, apuntó. “Cada juzgado funciona como un chiringuito; no hay poca inversión, está mal invertido”, abundó, y comparó su funcionamiento con el que había tenido durante el franquismo.
“Que la Justicia funcione como quieren los jueces o secretarios judiciales es una visión incorrecta de la independencia de la justicia, acorde con una visión de la división de poderes monopolizada por la derecha”, señaló.
Lafuente cuestionó ese falso modelo de independencia judicial, sin claridad, sin transparencia. “No puede ser que haya jueces que dentro de una misma ciudad señalen juicios a tres meses y otros jueces en casos similares señalen juicios a tres años”, ejemplificó.
Abogó por una nueva organización de juzgados, con criterios ordenados; planteó juzgados de proximidad y mecanismos de control ciudadano de la Justicia, como el tribunal popular o la acción popular.
“Hay que pedir al ciudadano que se implique en la administración de Justicia”, apremió por su parte Antonio Segura, integrante de la Asociación Libre de Abogados. “Los ciudadanos deberían elegir a los jueces”, y lamentó que “no nos cuestionemos que uno de los poderes del Estado no se elige democráticamente. Por eso nos encontramos con una casta fuera del control democrático, acorde y a la medida del modelo político del bipartidismo y el juancarlismo”.
Para Segura el poder de los jueces es incontrolado, los juzgados se administran como cortijos y el sistema de acceso a la carrera judicial está marcado por la clase social de pertenencia. En su opinión debería cambiarse la forma de acceso a la carrera judicial, que no debería ser por oposición y deberían cambiarse también las normas de recusación de los jueces.
“El juez no puede estar decidiendo sobre asuntos puramente administrativos en un juzgado”, denunció Segura, y descendiendo en su relato a detalles irrisorios o grotescos en el funcionamiento de un juzgado. Finalmente denunció el corporativismo entre los jueces y señaló que las cacicadas no son de ahora, sino de siempre en la Audiencia Nacional. “Los jueces son independientes pero no imparciales”, concluyó.
