Que una huelga dure más de 100 días es una barbaridad, que este desatino se desarrolle en una empresa que funciona gracias al dinero público es aún más grave. Y que esta empresa esté gobernada por el PSOE, más allá de que pueda parecer extraño a cualquier observador externo, es lo que precisamente explica este conjunto de desatinos.

Señalo como especialmente grave que producto de esta huelga, toda la campaña electoral reciente se ha ocultado a la Comunidad sorda de Andalucía, porque nadie ha querido ni siquiera sentarse a negociar una salida a este conflicto, creado por un concurso público técnicamente mal realizado por ellos.

Una empresa gobernada por impostores

Estamos hablando de una empresa cuyo Consejo de administración está caducado desde mayo de 2014. Ni el Consejo de administración ni el subdirector general representan al Parlamento elegido por los andaluces en las elecciones de marzo del 2015. Los directivos de la empresa líder en el mercado audiovisual del sur de España, son personas que se hacen pasar por quienes realmente no son, porque realmente no representan a “los accionistas” de esta empresa. De hecho, este subdirector general – máximo dirigente actual de la RTVA – tiene los poderes dados por un consejo caducado y debido a que el PSOE tiene bloqueada la elección del nuevo director general, que ha de serlo por el actual parlamento andaluz. Y sin embargo, este año cuentan con un presupuesto de 164 millones de euros de los impuestos que los andaluces pagamos para que sean administrados por quienes democráticamente hemos elegido en las urnas hace ya once meses y no por éstos que ocupan su lugar.

La huelga como último recurso

La huelga es el último recurso que nos queda a los trabajadores para conseguir nuestros derechos y que la Constitución Española reconoce como un “Derecho Fundamental”en su artículo 28.

Cuando la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico se pactó, creo que el legislador estaba pensando sobre todo en huelgas, como ocurría en los años 80, para conseguir nuevos derechos, a los que la contraparte empresarial se resistiera. Pero ahora estamos asistiendo a huelgas muy diferentes, en las se tienen que convocar porque el empresario se salta a la torera toda la normativa vigente, la justicia te remite a varios años para darte un veredicto, y además el empresario se niega a sentarse ni siquiera para hablar del asunto, porque el tiempo suele juega a su favor.

Este es el caso de la huelga de 100 días del colectivo de intérpretes de lengua de signos que trabaja en Canal Sur TV, 100 días en los que la comunidad sorda andaluza no puede acceder a la información de la cadena pública, tal como ha señalado el Consejo audiovisual de Andalucía en una resolución en la que “insta a la RTVA a arbitrar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la continuidad del servicio de traducción al lenguaje de signos de su programación en los términos que establece la ley”.

En la actualidad, Canal Sur 2 TV solo ofrece a la Comunidad Sorda un servicio de subtitulación que de ninguna manera garantiza la accesibilidad, porque la gran mayoría de personas sordas signantes no tiene el nivel de comprensión lectora necesario para poder leer los subtítulos. Este servicio, tal como se está ofreciendo en la actualidad, no cumple con los requisitos mínimos recogidos en materia de accesibilidad, tanto por el Contrato Programa vigente como por la ley 18/2007 de la RTVA.

La adjudicación de este servicio a SEPROTEC ha supuesto que la plantilla sufriera un cambio radical de sus condiciones laborales, saltándose el Estatuto de los Trabajadores: recortes del 40% que dejan salarios entre 500 y 750 euros brutos al mes y un cambio en la organización del trabajo, pasando a trabajar dos intérpretes por turno en vez de los tres habituales y necesarios para la preparación. Esta situación ha llevado al equipo de intérpretes a convocar una huelga indefinida desde el pasado día 30 de Octubre, secundada por el 100% de la plantilla. Desde esa fecha solo se puede ver la silla vacía en el canal accesible de la RTVA.

¿Y por qué estos recortes tan brutales? Pues porque Canal Sur TV sacó a concurso este servicio y aceptó la mejor oferta con una quita del 17,33%, sin valorar que la adjudicataria SEPROTEC no tenía ni idea de interpretación en lengua de signos en Televisión y que desconocía este trabajo. Además, esta subcontrata aporta a la Inspección de Trabajo de Sevilla un email en que desde la RTVA se le contestó en su día que el servicio se venía haciendo con dos intérpretes por turno y que por eso hizo esa oferta. Ahora, obviamente, las cifras no dan para mantener los mileuristas sueldos de antes. ¿Cómo puede una empresa pública como la Radiotelevisión de Andalucía mostrar tal grado de ineficacia al convocar un concurso público considerando tan solo el criterio económico y no exigiendo a la empresa concursante un conocimiento de la interpretación de lengua de signos en el sector audiovisual?

La RTVA y SEPROTEC han sido citadas en tres ocasiones en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA). Las tres veces, RTVA se ha limitado a enviar un letrado sin instrucciones para buscar un acuerdo y SEPROTEC solamente fue una vez y diciendo que las cifras del concurso no le permitían llegar a más. Canal Sur TV y SEPROTEC han despreciado así la capacidad de los mediadores de este organismo, que empresarios y sindicatos andaluces organizaron para resolver los conflictos laborales y que está además apoyado por la propia Junta de Andalucía.

¿Y por qué en 100 días aún no se han sentado a negociar?

Pues porque estamos hablando de un problema en una subcontrata, de un servicio que debería de estar dentro de la estructura de la propia empresa pública, como estuvo inicialmente y como está en la RTVE por ejemplo y no se quiere escuchar a quienes “no son de la casa”. Porque cuanto más se externalice, más fácil es precarizar el empleo y si empiezan a escuchar a esta subcontrata, temen que vengan detrás las demás. Y quieren dar ejemplo, apoyándose en las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP. Las 8 mujeres y los dos hombres de este servicio de intérpretes de lengua de signos están pagando caro ser los primeros en exigir un mínimo respeto a su trabajo.

Juan de Dios Villanueva, representante de Izquierda Unida en el Consejo de administración de la RTVA – ante la ineficacia de la Subdirección General interina en este conflicto – presentó una proposición, llena de sentido común:

1. Constituir una Comisión formada por un consejero de cada uno de los 3 partidos presentes en este organismo para entrevistarse con la plantilla en huelga y con representantes de la empresa concesionaria SEPROTEC al objeto de buscar una solución inmediata al conflicto laboral que vienen manteniendo.

2. En caso de que no se llegue a acuerdo con SEPROTEC, adoptar las medidas necesarias para rescatar esta concesión y realizar este servicio directamente por Canal Sur TV S.A. garantizando así los requisitos mínimos recogidos en materia de accesibilidad, tanto por el Contrato Programa vigente como por la ley 18/2007 de la RTVA.

El PSOE votó en contra con su ilegítima mayoría absoluta y el PP se abstuvo.

Y para terminar, digamos que no es la primera vez que ocurre un desaguisado como éste. En diciembre de 2012, Canal Sur TV sacó a concurso este servicio y lo adjudicó también por razones económicas, a la empresa INFOSERLA, sin experiencia alguna en el sector audiovisual y a la que finalmente RTVA tuvo que rescindirle la adjudicación por la nula calidad del servicio que prestaba. Sin embargo, no se tomaron medidas para evitar el mismo error en este nuevo concurso público.

Y aquí seguimos. Más de 100 días en huelga… y los que tarden en sentarse a hablar del asunto con ganas de resolverlo.

Delegado sindical de CCOO en RTVA