Llama poderosamente la atención el poco espacio dedicado por los diferentes partidos políticos en las últimas elecciones al verdadero problema que atenaza a España, al igual que a otros países (Grecia, Portugal, Italia, Francia, o Irlanda), como es el de la presión ejercida por Bruselas, su Comisión y la Troika imponiendo recortes y austeridad. Recortes y austeridad que no dejan margen para aprobar medidas de progreso y bienestar a la población.
Estas medidas son consecuencia directa del Tratado de Lisboa (2007) que, a su vez desarrolla el modelo neoliberal de Maastricht (1992) para la puesta en marcha de la moneda única, el Euro. Todo ello aplicando las directrices del denominado “Consenso de Washington” (1989) que implantó el modelo neoliberal de la globalización como alternativa y enmienda a la totalidad del renqueante keynesianismo herido en la “Crisis Fiscal del Estado” de 1973. Según este modelo sólo se tienen en cuenta las variables que afectan al beneficio del capital invertido: el volumen de la deuda, el déficit público, la bajada de los salarios y la tasa de interés. No pintan nada las variables sociales: la tasa de paro, la cobertura social a los excluidos, los subsidios y los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.). Y desde luego desinterés completo respecto a las cuestiones medioambientales, al cambio climático o hacia los derechos humanos como muestra en este momento la actitud hacia los refugiados que huyen de las guerras que países de la UE propician. Bruselas se centra en la fórmula clásica de la Escuela de Chicago, “Más mercado y menos Estado” como expresión de la ideología fundamentalista del neoliberalismo.
En la campaña electoral pasada del 20D Bruselas utilizó en nuestro país dos fórmulas complementarias para la estrategia destinada a incidir en la voluntad de los votantes españoles: por una parte criticar y desprestigiar al gobierno de Grecia (de Syriza) y al de Portugal (del Partido Socialista con apoyo del Bloco de Esquerdas y del PCP) por sus planteamientos críticos con la Troika; y, por otra, alabar y apreciar los esfuerzos hechos por el PP y en concreto por Rajoy con los recortes presupuestarios y salariales como vía adecuada para salir adelante.
Esta conducta de Bruselas responde a la hoja de ruta de Maastricht de erigir como protagonista europeo al capital, y situar como actor secundario a la clase trabajadora, acotada en las fronteras de cada país, sin capacidad de ofrecer un frente común beligerante a escala europea. Es un auténtico escenario de la lucha de clases a escala europea. A ello contribuye la renacionalización de las políticas europeas fomentando los nacionalismos, el populismo y la xenofobia, y de esta forma facilitar la desunión de los trabajadores con el consiguiente éxito de las políticas neoliberales.
Este poder fáctico europeo realmente existente, la Comisión y la Troika, debe alertar a los partidos progresistas con el fin de que se incluya en todas las campañas electorales generales como primer y más importante punto el cuestionamiento al procedimiento aprobado por el Eurogrupo. De la misma forma que la UE reacciona y adopta respuestas eventuales, ad hoc frente a diferentes exigencias como las actuales del Reino Unido, o de Dinamarca u otras, habría que plantearse por uno, dos, tres, cuatro o más países el cuestionamiento del actual mecanismo de manejo de la deuda y de las variables asociadas. Habría que demostrar que hace falta un rumbo alternativo. Demostrar que “Otra Europa es posible”.
La arquitectura y el funcionamiento de la UE descansan en la llamada vía intergubernamental como garantía del consenso para cualquier innovación en su diseño y funcionamiento. Es decir, el Consejo Europeo está facultado por el Tratado de Lisboa, siguiendo la mecánica iniciada por el Tratado de Roma (1957), mediante acuerdos entre los presidentes y jefes de Estado de la UE en modificar las reglas del juego. Precisamente por ello resulta necesario que se dé un paso previo, imprescindible, como es el convertir la cuestión de la modificación del Tratado de Lisboa en objetivo principal en unas elecciones generales.
Habría otra posibilidad más remota y difícil, la conversión del Parlamento Europeo (PE) en verdadera cámara de la soberanía popular europea y como tal máxima autoridad y cauce para resolver estas cuestiones. Pero ello queda de momento algo más lejos puesto que la atribución de esta facultad depende de la vía intergubernamental mencionada anteriormente y parece que de momento la apuesta por una Europa federal está más lejos en el horizonte, aún cuando sería una perspectiva a explorar, debatir y proponer.
Son necesarias propuestas como las que preconizan los partidos de la Izquierda Europea, como IU-UP para España, centradas en los tres puntos decisivos: a) inversión pública a partir de fondos comunes y de la homogeneización fiscal europea, con un presupuesto europeo sustancialmente incrementado para crear empleo masivo, b) homologación por la cúspide de los salarios directos e indirectos para erradicar la pobreza y proteger los derechos humanos, y c) estructura financiera común al servicio de la población cambiando el estatus y los criterios del Banco Central Europeo (BCE) con el fin de situar como criterio principal la creación de empleo y el bienestar de la población. Este tipo de propuestas confrontan directamente con la Comisión y el BCE y obligarían a un debate público esclarecedor en el que más colectivos y protagonistas sociales como las diversas plataformas europeas semejantes a las mareas españolas e incluso los sindicatos europeos, la propia CES, forzarían el cambio necesario.
A ello contribuye la campaña iniciada por el Partido de la Izquierda Europea (PIE) de la Alianza Anti Austeridad (AAA) como expresión de los diferentes frentes sociales convergiendo en este objetivo.
