Quedarían en libertad los responsables del golpe de Estado del 2002 y los de la violencia postelectoral de 2013

Diputados venezolanos explican en Madrid la cara oculta de la Ley de Amnistía que plantea la Asamblea

Leopoldo López, entre otros, es el responsable de la comisión de actos de violencia que conllevó la muerte de 43 venezolanos y más de 800 heridos.

Hoy en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, dos diputados del Partido Socialista Unificado de Venezuela PSUV, han venido a denunciar la iniciativa de la Asamblea Nacional de promulgar la llamada Ley de amnistía y reconciliación nacional.
La propuesta legislativa impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) promueve la impunidad de todos las transgresiones en contra del pueblo venezolano.

Los diputados Núñez y Rojas, acompañados de Mario Isea, embajador de Venezuela en España, han desgranado los motivos por los que esa ley no debe ser aprobada y han señalado la importancia de recalar hoy en España, donde se está haciendo política «injerencista» desde ayuntamientos como el de Madrid o desde la propia sede de la presidencia de la comunidad de Madrid, en vez de preocuparse de los verdaderos problemas de los madrileños y españoles.
«Se pretende amnistiar más de 49 delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos. La ley contempla el perdón a delitos como el narcotráfico sin especificar cuantía y delitos de corrupción, llamando poderosamente la atención que en un país asolado por la corrupción, se empeñen en la injerencia en Venezuela en vez de poner la lupa en Valencia, por poner un ejemplo», ha afirmado el diputado Rojas, a la vez que señalaba especialmente el caso de Felipe González, que se ha convertido en un profesional lobista contra Venezuela, cobrando 50.000€ por cada ponencia injerencista contra el pueblo venezolano.

Así mismo la diputada Núñez, sostiene que desde la Asamblea Nacional se pretende generar y auspiciar un proyecto de ley contrario a tratados internacionales, en los cuales Venezuela es estado firmante. Esto generaría un grave retroceso a la protección de los Derechos Humanos en Venezuela. La ley de Amnistía pretende dejar sin efectos las sanciones penales ante delitos como la instigación a desobedecer leyes; zozobra generada a través de la difusión de informaciones falsas; obstaculización de vías públicas; daños a la propiedad y sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación; fabricación y suministro de artefactos explosivos; uso de menores de edad en la comisión de delitos y microtráfico de drogas, entre otro flagelos.

«¿Cómo les sienta a ustedes los españoles que se amnistíen delitos de terrorismo, como la colocación de bombas en la embajada de España en Venezuela, en febrero de 2003?» Se pregunta Núñez. Se pretende perdonar delitos tan graves como el uso de menores, la instigación a la violencia y a la rebelión militar.

Leopoldo López, entre otros, es el responsable de la comisión de actos de violencia que conllevó la muerte de 43 venezolanos y más de 800 heridos con sus llamamientos y está pagando por ello, tras un proceso judicial, como si lo hubiera cometido en cualquier otro país democrático, no entendemos que Cifuentes ponga carteles con la cara de un delincuente común. ¿Se imaginan que Caracas decora su ayuntamiento con caras de delincuentes comunes o terroristas españoles? Se pregunta Rojas.

Con la aprobación de esta Ley quedarían en libertad personas como los responsables de la violencia postelectoral tras de los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013; a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; y el sabotaje petrolero de los años 2002 y 2003, por mencionar algunos.

Lo que oculta la propuesta de la bancada opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela amenaza, entre otras cosas, con aprobar la «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional», que según los opositores “logrará la apertura de un diálogo nacional “, pero que en realidad busca liberar a políticos presos por propiciar la violencia y permitir el regreso al país de banqueros y corruptos prófugos y propone la impunidad de flagrantes delitos como la estafa y usura en la venta de viviendas, esta ley es más bien una ley de amnesia criminal, según Rojas.

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