Cuando se habla de amnistía política a uno le viene a la cabeza el perdón de penas decretado por un Estado como medida excepcional, para que todos los condenados o pendientes de condena por determinados tipos de delitos, generalmente políticos, sean liberados con la intención de crear una reconciliación social.
La ley de amnistía política aprobada en Venezuela en la Asamblea Nacional dista mucho de esta idea. De entrada, la ley la redactan los mismos que perpetraron los delitos.
Su efecto comenzaría el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta Ley, en un intento claro por desautorizar las leyes promulgadas desde dicha fecha por el gobierno de Chávez.
Por ejemplo, incluye los hechos muy graves de 2014, donde las guarimbas (grupos de resistencia organizados en las redes sociales cuya misión es bloquear calles con barricadas y dividir la opinión ciudadana) provocaron 43 muertes y más de 800 heridos que pretenden queden sin juicio ni castigo. También recoge las dos bombas colocadas en las embajadas de España y Colombia, en 2003 en Caracas, dos bombas sí.
En el texto de la Ley de amnistía destacan las exenciones del artículo 4: por delitos de asociación para delinquir; importación, fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios recogidos como delitos de terrorismo y el uso de menores en la comisión de delitos buscando la evicción de la cárcel por edad de los mismos.
No olvidemos que en España, por ejercer el derecho a huelga y la libertad sindical tenemos a 300 sindicalistas y activistas sociales que se enfrentan a 125 años de penas de cárcel, entre ellos Alfon.
Esta es la Ley de amnistía que el PP el 16 de marzo pide que una delegación del Congreso viaje a Venezuela a apoyar; o la ley de amnistía que el PSOE defiende con Felipe González a la cabeza, abogado de López y Ledesma, líderes de la oposición. Y por último esta es la ley que ve bien Ciudadanos con Albert Rivera: ‘queremos ver a Leopoldo y a todos los presos políticos venezolanos libres’, ‘no vamos a parar hasta conseguirlo’.
«La amnistía no debe conducir a la impunidad en relación con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a violaciones graves a los derechos humanos…» Tal y como recoge la constitución venezolana en su artículo 29. ¿Y los 43 muertos qué, quedan sin justicia?
Desde España, primero se practica la demagogia del que apoya la impunidad, después la hipocresía del que perdona sin justicia y por último el mirar para otro lado cuando los muertos no son españoles. ¿Les dirían lo mismo a los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA si la ley de amnistía se aplicara en España?
En el siguiente cuadro, se recogen sólo tres delitos destacados de la ley de amnistía en su artículo 4 que quedarían amnistiados (cuenta con 45 artículos y apartados) puestos junto a La ley de seguridad ciudadana (‘mordaza’) del partido popular y nuestro código penal.