Éramos conscientes de que un partido que se reclamaba liberal, como Ciudadanos y otro, un PSOE que aplicó estás políticas neoliberales a las relaciones laborales en España, no podían consensuar unas políticas contrarias a las que hasta ahora se venían llevando a cabo. El diseño de las políticas aplicadas tanto por el PP, como por el PSOE, tenían una estrategia clara y paciente en el tiempo, reducir los derechos de los trabajadores/as en sus tres niveles respecto a las relaciones laborales: la entrada al puesto de trabajo, la permanencia en el mismo mientras desarrolla su actividad laboral y la salida del mismo.
Desde el catálogo de contratos temporales que el PSOE puso en marcha en los años ochenta y que nos ha llevado a ser el campeón de la precariedad de los países desarrollados o en vía de, al abaratamiento del despido, flexibilizando la salida del puesto de trabajo, ha habido una sucesión de reformas del Estatuto de los Trabajadores (más de una treintena), que se ha completado con la limitación de la intervención de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores, o la flexibilidad en la realización de la actividad laboral, ampliando la movilidad funcional, geográfica, reduciendo los derechos de los contratos a tiempo parcial, o eliminando la concurrencia de convenios. Todo estaba dirigido a un trabajador con derechos individualizados, con mayores dificultades para defenderse del poder empresarial, y con el debilitamiento de la capacidad de intervención colectiva de sus sindicatos.
El pacto Ciudadanos/PSOE (quiero darle este orden, porque en materia laboral se han impuestos claramente los planteamientos del partido conservador), ahonda en esta política de flexibilización y recortes de derechos, alejándose de sus compromisos electorales de revertir los elementos más negativos de las últimas reformas laborales.
Pero ante este continuismo de recortes y regresiones a la calidad de vida de los trabajadores/as, quiero destacar una decena de medidas, que figuran en el texto del acuerdo, ya sean explicitadas nítidamente, o conscientemente omitidas.
1. Abarata aún más el despido equiparando, a la baja, el costo de la expulsión de su puesto de trabajo del contrato indefinido al temporal. La aplicación del modelo austriaco, no es más que reducir la indemnización del despido por debajo de la reducción anterior que ya la establecía en los 33 días. A esto se le suma que siguen facilitándose los despidos colectivos, al no modificarse las reformas anteriores y se mantiene el escaso poder de intervención de los sindicatos en los ERE, así como no recuperar el papel de arbitro de la administración laboral en los despidos, tal como tenía antes de la reforma.
2. Recupera la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, a pesar de que el Tribunal Supremo había establecido tras la anterior reforma, que los convenios no podían caducar dado que los derechos recogidos en el son inherentes al contrato de trabajo de los trabajadores/as. El acuerdo establece un límite a estos derechos de 18 meses y obliga a un arbitraje al final de los mismos. Esto lógicamente hace que el empresario no tenga prisa en firmar ningún convenio, sino que espere pacientemente a su caducidad. Amen que debilita aún más el poder de intervención de los sindicatos, eliminando la libertad de las partes de aceptar o no el arbitraje y reduciendo la capacidad de presión de otras herramientas sindicales recogida en nuestro ordenamiento jurídico.
3. No modifica la estructura que ha generado una terrible precariedad en nuestro país, al no recuperar el principio de causalidad de los contratos temporales y seguir reduciendo el costo para que los empresarios se libren de los contratos indefinidos. Tampoco revierte la inmensa flexibilidad de los contratos a tiempo parcial, que están discriminando doblemente a la mujer trabajadora.
4. Mantiene el poder del Convenio de Empresa, sobre el sectorial, no corrigiendo por tanto el debilitamiento de la concurrencia de convenios en lo que se refiere a los Convenios Sectoriales. Es cierto que revierte algunas materias a los convenios de sector, pero sigue manteniendo la preponderancia del Convenio de Empresa sobre el resto, tal como diseñó la reforma de la negociación colectiva del PP. Esto rompe el equilibrio alcanzado en el ET del 78, al reducir la capacidad de intervención de los sindicatos más representativos del Sector y facilita la constitución por parte de los empresarios de Sindicatos Amarillos de Empresa, para la firma de Convenios de este ámbito con menos derechos que los Convenios Sectoriales. Esta reforma en un país en el que el 95% de sus trabajadores/as están en Empresas de menos de 50 trabajador@s, solo ha significado una paulatina perdida de salarios, entre otros derechos.
5. Paradójicamente, dos partidos que se reclaman defensores del Estado indivisible, no recoge entre la literalidad de sus acuerdos, la eliminación del convenio Supra empresarial, verdadero soporte de las relaciones laborales potenciadas por los partidos independentistas, al situar el Convenio Autonómico, vestido de Convenio Supra empresarial, por encima del Convenio del Ámbito Estatal; con lo que esto conlleva de potenciación del modelo sindical independentista (dicho esto, lógicamente, con todo el respeto a la pluralidad nacional de nuestro país).
6. No establece un aumento presupuestario para las Inspecciones de Trabajo, con una mayor dotación humana y de recursos de las mismas, como arma para luchar contra un fraude generalizado en las relaciones laborales, sobre todo en la contratación, en el abono de salarios y en la protección a la igualdad y a la salud en el trabajo.
7. No recupera la capacidad de intervención de los sindicatos en la flexibilidad interna durante el trascurso de la actividad laboral, dando la sensación, el acuerdo, que quiere reducir la capacidad de intervención sociopolítica de los sindicatos a una limitadísima concertación social.
8. No corrige el trasvase de rentas de los trabajador@s a las empresas en lo referente a los cursos de Formación, al no establecer el control e intervención de las organizaciones de estos en su gestión y realización. No debemos olvidar que los recursos de la Formación de los trabajadores emanan directamente de su nómina, por lo que al eludir la intervención de estos y trasladar su gestión a empresas privadas de Formación, se establece definitivamente este trasvase de dinero de los propios trabajadores, que se va a situar para que empresas privadas aumenten sus beneficios.
9. Establece una reforma de la Administración Pública, sin la participación de los sindicatos representativos de la función pública y anunciando ya recortes de los derechos de los funcionarios en materia de excedencias forzosas y mantenimiento del derecho de permanecer como funcionario.
10. …y como el decálogo cristiano de los mandamientos, incumple totalmente el compromiso electoral de revertir los elementos más lesivos de las últimas reformas laborales.
En definitiva, la opción más progresista ha sucumbido totalmente a los parámetros de mantenimiento de las políticas de recortes de derechos de la gente que enriquece este país, que no son otros que los trabajadores, siguiendo con su estrategia liberal de debilitamiento de los sindicatos, para facilitar el poder unilateral del empresariado (sobre todo del gran empresario).
Debemos destacar también el informe contrario al acuerdo que el mayor sindicato de este país (CCOO) ha emitido, criticando duramente el mismo y su decisión de abandonar la recuperación de derechos y perdiendo la oportunidad de corregir los grandes desequilibrios que las sucesivas reformas neoliberales han dibujado en relaciones laborales de nuestro país.
