El abogado madrileño Enrique Santiago se enfrenta como candidato a sus segundas elecciones en seis meses. Un proceso agotador pero que se suma a la agenda de quién lleva tres décadas implicado en el activismo social y político. Un activismo motivado según él mismo por los unos principios y objetivos inamovibles. Acabar con las desigualdades sociales, que exista una auténtica justicia social y, quizá su principal bandera, la defensa de los derechos humanos.

Su dilatada trayectoria comenzó allá por los años 80. Desde el Movimiento Estudiantil primero y como militante del PCE tras cumplir los 18 años, contemplaba y participaba en los convulsos acontecimientos de esa década. El No a la OTAN, la formación de la coalición Izquierda Unida, las movilizaciones sindicales frente a unas reformas estructurales que ya comenzaban a horadar el incipiente estado de bienestar.

Al acabar la carrera de derecho en la Universidad Complutense de Madrid, a principios de la década de 1990 su interés e implicación en la garantía de los derechos humanos le llevó a colaborar en la Comisión de Ayuda al Refugiado en España, organización surgida tras el fin del franquismo como un gran acuerdo político y social para devolver la solidaridad que otros países habían proporcionado al exilio durante la dictadura franquista. Una entidad impulsada por personas como Marcos Ana y en la cual Santiago ha continuado implicado durante todos estos años, proporcionando ayuda a las personas que buscaban asilo en España.

Su implicación no se limita a la protección de los derechos humanos, siendo un abogado comprometido con los procesos de memoria, dignidad y justicia que han llevado ante la justicia a numerosos responsables de los crímenes cometidos por regímenes dictatoriales como los que se impusieron durante los 70 en Argentina o Chile. Su trabajo ha sido fundamental para garantizar el establecimiento de justicia en casos como el del militar argentino responsable del Adolfo Scilingo en cuyo proceso ejerció de abogado de la acusación particular.

Enrique Santiago continúa compaginando su actividad política en España con tan ajetreada actividad internacional, demostrando su inquebrantable compromiso por la paz. Actualmente, a petición de Noruega, ejerce como asesor jurídico de las FARC en las Mesas de Diálogo de La Habana que aspiran a consolidar un inminente acuerdo de Paz que de fin a un conflicto que desde hace 50 años azota a la República de Colombia.

Mundo Obrero: La consecución de la confluencia ha sido un proceso arduo, no exento de debate. ¿Qué perspectiva tienes de Unidos Podemos?
Enrique Santiago: Unidos Podemos tiene que ser algo más que un acuerdo electoral. Más que una mera coalición de fuerzas políticas con representación en el poder legislativo. El proceso de confluencia tiene que crear una fuerza política real, que presente una alternativa de gobierno. Se tiene que traducir en un proyecto concreto que ofrezca una salida a los graves problemas estructurales que existen.

M.O.: Como defensor de los derechos humanos, ¿Qué posición debe adoptar Unidos Podemos en este tema, tanto a nivel interno como a nivel internacional?
E.S.: España tiene un serio déficit en la defensa de los derechos humanos. No es porque lo diga yo. Organismos de las Naciones Unidas y organizaciones independientes, ONG’s así lo han venido señalando. Suspende en el tratamiento a los extranjeros, con devoluciones en caliente, con los Centros de Internamiento de Extranjeros, con el incumplimiento de sus derechos. En la pérdida de derechos sociales que están dejando a muchas personas sin sus derechos fundamentales. En su nivel democrático, con la represión establecida por la ley de seguridad ciudadana y la reforma de Código Penal. Con la recuperación de memoria histórica. Con el abandono de un estado social.

No cabe duda de que este déficit de cumplimiento y respeto de los derechos humanos debe ser una prioridad. El cumplimiento de la declaración universal de derechos humanos es el camino hacia la consolidación de una democracia más justa.

M.O.: Una de las principales preocupaciones de la población es la corrupción. ¿Cómo se plantea atajar este problema?
E.S.: En España la corrupción se ha convertido en una seña estructural del sistema. Ha quedado patente que no se trata de una sucesión de casos aislados sino de una cuestión que afecta a todos los resortes del Estado. Esto ha dado como resultado que posea los peores indicadores de transparencia y uno de los más altos índices de corrupción en la región. No basta con una serie de medidas y pactos casuales para atajarla. Hay que modificar cuestiones estructurales del funcionamiento del Estado.