El pasado día 3 de diciembre decenas de colectivos y organizaciones sociales volvieron a pisar las calles para pedir “Pan, trabajo, techo y dignidad”. Miles de personas se sumaron a la convocatoria de las Marchas de la Dignidad que, en esta ocasión, incluía la lucha contra la represión y las leyes mordaza como una de sus principales reivindicaciones. Quienes reclaman una vida digna, como los afectados y afectadas por las hipotecas, sindicalistas o participantes de anteriores movilizaciones como Raquel Tenías, se encuentran a día de hoy con procesos abiertos o directamente presos y presas en la cárcel, como son los casos de Alfon y Andrés Bódalo.
Las Marchas Dignidad surgieron durante el gobierno de Mariano Rajoy ante la dureza de los recortes y el austericidio aplicado en el país, una respuesta social organizada que ofrece a día de hoy un espacio de lucha colectiva y plural por encima de adscripciones individuales, con la capacidad de aunar y aglutinar fuerzas para oponerse a lo que se ha considerado como un ataque a la ciudadanía –recordemos la modificación del artículo 135 de la CE en 2011 por la que la deuda pasó a ser la prioridad por encima de las necesidades vitales- por parte de los partidos que gobiernan y han gobernado, PP y PSOE, para sofocar las demandas europeas.
En su primera manifestación, las Marchas congregaron a casi dos millones de personas en Madrid, y en esa primera declaración de intenciones –contra los recortes y las medidas de la Troika- los manifestantes sufrieron duras e injustificadas cargas policiales mientras la Solfónica interpretaba el “Canto a la libertad” en la Plaza de Colón. Desde entonces más de 300 personas se encuentran con procesos abiertos, juicios, multas astronómicas e incluso penas de cárcel por defender sus ideas y una vida digna. En aquella ocasión, la repulsa social a la actuación de las fuerzas policiales fue masiva, y el gobierno que había aplicado el castigo comprobó que la ciudadanía no iba a tolerar abusos de ese calibre, lo que desembocó en una alteración legislativa de los derechos plasmada en el papel bajo el nombre de “Ley de seguridad ciudadana” pasando a formar parte de las ya conocidas como “leyes mordaza” que sirven, en la práctica, para proteger a los gobiernos que atentan contra los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. El derecho de resistencia a la opresión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que, teniendo origen legítimo, han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, y que reconoce la capacidad de las gentes de recuperar el control de sus vidas cuando los gobernantes abusan de su poder.
Las Marchas de la Dignidad han sabido ver que las reivindicaciones originales para recuperar la dignidad de nuestras vidas siguen vigentes, señalan a los culpables de manera inequívoca a la par que denuncian con esta movilización y las futuras, que esos mismos culpables son capaces de alterar la ley para reprimir la respuesta de un pueblo que despierta y se enfrenta a la situación, como ha sabido hacerlo la mayoría social el pasado sábado e, irremediablemente, volverá hacerlo. Ése es el principal motivo de la represión que sufren quienes están hoy en la cárcel, el poder se defiende “como gato panza arriba” del ejercicio democrático en su expresión más pura, pacífica y organizada: dignidad en las calles para traerla a nuestras vidas.
