Las Marchas de la Dignidad han convocado una gran manifestación para el próximo 27 de mayo. Con el lema “Pan, trabajo, techo, igualdad” se concretan diversas reivindicaciones que aglutinan a decenas de entidades sociales, sindicales y políticas del Estado español con una voluntad firme y clara de acabar con el actual régimen del 78 e iniciar procesos constituyentes para avanzar hacia una democracia real y acabar con las desigualdades sociales.
Entre las reivindicaciones centrales están la defensa de los servicios públicos así como los derechos esenciales de la ciudadanía, la oposición a los tratados comerciales como el CETA, TTIP y TISA, que pretenden su total liberalización, y contra el pago de la deuda. No es una casualidad que se contraponga la defensa de los servicios públicos al pago de la deuda o los tratados comerciales o a la reforma del artículo 135 de la Constitución ya que todo es un proceso sistémico.
El proceso de privatización de los servicios públicos que se viene produciendo en los últimos años se inscribe dentro de una estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilización del sector público. Las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC) persiguen la liberalización de todos los servicios para el comercio internacional de manera que se eliminen todas las barreras legales que, de momento, lo impiden en los diversos países. Se pretende liberalizar los servicios públicos como: sanidad, pensiones, educación, cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, saneamiento o turismo. Los tratados como el CETA, TTIP o TISA y numerosas directrices europeas caminan en esa dirección. Se sustituye el concepto de «servicios públicos» por el puramente mercantilista de «servicios de interés económico general».
Esta estrategia global se sustenta sobre la manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático durante los últimos años, con el objetivo de vendernos que se debe reducir el tamaño del sector público. Los voceros neoliberales, disfrazados de economistas o medios de comunicación independientes, nos repiten una y otra vez que la empresa privada gestiona mejor los recursos y abarata los costes de la prestación de los servicios públicos. Han recorrido muchos caminos ya que una parte importante de la sociedad ha comprado sus argumentos y ve como una cosa normal la privatización de los recursos naturales, el transporte o la sanidad por poner algunos ejemplos concretos. No les importa quién preste el servicio sino esa supuesta y falsa mayor eficacia y eficiencia de lo privado. Ahora mismo, en el País Valenciano, Ribera Salud que gestiona diversos hospitales públicos de gestión privada está inmersa en una campaña publicitaria de costes incalculables para tratar de impedir la reversión de la privatización del Hospital de Alzira. Una reversión que ha sido una de las reivindicaciones de las plataformas de la sanidad pública valenciana.
La privatización de los servicios públicos supone, como se ha puesto en evidencia en todos los casos, una pérdida de su control democrático, la pérdida de la calidad en su prestación, el aumento de los precios para las personas usuarias y la disminución de los puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y precarización del empleo. Pero además, esas privatizaciones han supuesto la quiebra de los principios de igualdad y justicia social, el aumento de las desigualdades y la exclusión social y de los casos de corrupción.
Ante esa situación, desde nuestro punto de vista, es necesario poner en valor los servicios públicos, de gestión pública, como garantes de los derechos esenciales de las trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Para eso hay que trabajar en múltiples direcciones en los diferentes ámbitos públicos y sectoriales. Una es la exigencia a los gobiernos municipales y autonómicos surgidos de las elecciones de 2015 para que se comprometan con la reversión de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos anteriores. Unos compromisos que son inaplazables para las organizaciones que defendemos un cambio real y políticas transformadoras al servicio de la clase trabajadora y de los sectores sociales más desfavorecidos.
También hay que evitar que las Cortes Españolas aprueben el CETA. El gobierno español pretende usurpar la soberanía de los pueblos y naciones que conforman el Estado y decidir sin ninguna consulta ni debate sobre un asunto que afectará negativamente a las trabajadoras y trabajadores y la economía y que limitará nuestro poder de decisión sobre los asuntos que nos conciernen como ciudadanos y ciudadanas.
Para conseguirlo, es necesaria la confrontación política e ideológica pero también la movilización social. Por todo eso, hay que llenar, el próximo 27 de mayo, las calles de Madrid de la dignidad de las personas y de las organizaciones que nos oponemos al neoliberalismo, a la mano invisible, y que apostamos por acabar con el sistema capitalista en cualquiera de sus versiones.
