El 24 de mayo de 2015 se puso fin a 20 años de mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Alicante, encabezada por las figuras de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, alcalde y alcaldesa imputados por diversos casos de corrupción y cuyas políticas estuvieron marcadas por el compadreo con sus empresarios de cabecera.
A partir de ese momento, con un gobierno formado por tres fuerzas políticas, nos enfrentamos al complicado reto de tomar las riendas de un Ayuntamiento endeudado por encima de sus posibilidades, condicionado por las condiciones del rescate por parte del gobierno central que dificulta la toma de decisiones, limita las medidas sociales y de remunicipalización y deja en manos del señor Montoro la última palabra sobre nuestros presupuestos y con toda una serie de contratos heredados de legislaturas anteriores en los que se ponían los intereses empresariales por encima del servicio público que debían de prestar.
En estos dos años de legislatura se ha podido empezar a ver el cambio en las políticas municipales de Alicante. La creación de cinco concejalías nuevas, Inmigración, Cooperación, Igualdad, Protección animal y Memoria Histórica y Democrática que han puesto encima de la mesa cuestiones hasta la fecha olvidadas en nuestra ciudad, aumentando los presupuestos de solidaridad internacional y ofreciendo Alicante como ciudad de acogida a personas refugiadas, dando voz a los colectivos de migrantes, visualizando el heteropatriarcado existente en nuestra sociedad, impulsando acciones de protección animal con mascotas o colonias felinas, creando zonas de libre esparcimiento para animales o no dando apoyo institucional a algunas prácticas como los encierros de vaquillas o realizando actuaciones de puesta en valor de la memoria histórica en nuestra ciudad. En ese sentido hay que destacar el cambio de nombres de 46 calles ligadas a la dictadura, como la Primo de Rivera, Millán Astray o División Azul, a pesar de que en estos momentos esta sustitución esté paralizada por la sorprendente decisión de una jueza tras un recurso presentado por un PP que sigue añorando un pasado del que nunca ha querido desprenderse.
Del mismo modo se ha logrado reducir la deuda municipal de forma significativa (131 millones menos), ahorro que se está dedicando a políticas sociales, aumentando los programas de inserción social, las ayudas de pagos de alquileres a familias en riesgo de exclusión y las cuantías y tiempo de duración de las ayudas de emergencia, se ha tramitado un catálogo de protecciones en el que se incluyen hitos medioambientales, urbanísticos y culturales. Igualmente se está trabajando en recuperar la participación ciudadana con una propuesta de reglamento de participación en la que se introducen herramientas informáticas como Alicante Decide para acercar a la ciudadanía la toma de decisiones, y estamos viendo una nueva política en cultura y juventud, con ofertas mucho más diversificadas y que han logrado que de nuevo Alicante se convierta en referencia en estas materias en el País Valencià.
Otro giro palpable es la puesta en marcha de políticas medioambientales como lograr que el 100% del suministro eléctrico público provenga de energías renovables, reducir en un año en 65.000 toneladas los residuos que entran en nuestra planta de tratamiento, poner en marcha puntos de compostaje comunitario y el quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica, ir sustituyendo las luminarias antiguas por LEDs, iniciar los expedientes de protección de diversos parajes naturales o realizar campañas de educación medioambiental y de conocimiento y protección de nuestra biodiversidad autóctona, de manera que desde el consistorio se transmite un mensaje de respeto al medioambiente que hasta esta legislatura no había existido.
En definitiva, dos años en los que por fin los alicantinos y alicantinas pueden estar seguros de que su ayuntamiento ya no es el cortijo particular de nadie, que la transparencia empieza a ser una seña de identidad y que las políticas tienen como prioridad a las personas y no a los empresarios amigos de unos políticos que, por suerte, ahora ven con más asiduidad los banquillos de acusados que las salas de la junta de gobierno.
