Allá por los años 80, un grupo de matarifes de Barcelona, con el objeto de ejercer su profesión mejorando su situación laboral sin tener que ser explotados por ningún empresario, decidieron constituirse en cooperativa de trabajo asociado. Lo que no podía ni imaginarse en aquellos momentos era que tres décadas después, en pleno siglo XXI, aquella iniciativa inicial se haya convertido en una forma de explotación que en algunos casos ronda la esclavitud.
Sin protección social, sin vacaciones, sin derechos, con jornadas interminables, con salarios de miseria… Esta es la situación en la que viven la mayoría de los trabajadores del sector cárnico, obligados a darse de alta como trabajadores autónomos e ingresar en las Cooperativas de trabajo asociado que operan en el sector. Una práctica en la contratación laboral que se viene desarrollando en el sector y que se escapa al control sindical, aunque se ha venido denunciando desde hace años por parte de los Sindicatos.
Una política que vulnera derechos básicos de los trabajadores/as, propiciando una política contractual que evita la aplicación del convenio y la correcta cotización a la Seguridad Social, tanto para garantizar las coberturas por contingencias por enfermedad, como para garantizar la carrera de cotizaciones de los trabajadores de cara a una futura pensión.
En concreto se trata en muchos casos de la mala praxis en la utilización de las Cooperativas de Trabajo Asociado para fines muy distintos a aquellos para los que se crearon, por cuanto actúan de tapadera para obligar a trabajadores a hacerse cooperativistas autónomos, cuando deberían ser trabajadores por cuenta de las empresas que contratan los servicios a esas cooperativas.
Estas mal llamadas cooperativas de trabajo asociado, se escapan a la aplicación de las normas laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del sector, por lo que en la práctica sitúan a estos trabajadores, en una gran parte inmigrantes, en la más absoluta precariedad, con jornadas interminables en muchos casos, sin posibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar, sin derecho alguno a los recogidos en las normas anteriormente mencionadas, al mismo tiempo que se produce un fraude a la Seguridad Social al no ser dados de alta en el Régimen General por parte de las empresas usuarias de estas cooperativas.
Esta práctica, además de vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores/as afectados, ya que consiguen precarizar los salarios, las jornadas y las condiciones de trabajo, está provocando un deterioro en la imagen de la actividad cooperativista, muy necesaria en diferentes sectores de la actividad socio-económica en el país, una actividad cuyo valor principal es la verdadera democracia interna en la gestión de las empresas, con socios fehacientemente voluntarios y no obligados como es el caso en el sector cárnico.
El sector de empresas cooperativas cumple con una función muy necesaria en el tejido económico y social en nuestro país y no debe sufrir un deterioro en su imagen por estas prácticas.
Esta desregulación del marco contractual en el sector, sobre todo en Cataluña, cuyo volumen de producción representa más del 25% del conjunto del Estado, es un nicho de atracción a una inmigración vulnerable a la explotación empresarial. No es por casualidad que la gran mayoría de trabajadores, fundamentalmente en los mataderos, son inmigrantes.
Y uno se puede preguntar: ¿Cómo es posible que esta situación perdure en el tiempo con absoluta impunidad de quienes utilizan esta mala praxis? La respuesta está en la normativa actual, en concreto en la ley de Cooperativas de Trabajo Asociado, que establece que las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores cooperativistas las regule la propia cooperativa. Y ya se puede adivinar que el poder de decisión de estos trabajadores dentro de la cooperativa es absolutamente nulo.
Por todo ello, el problema no se solucionará mientras no se cambie la normativa, cuya responsabilidad es del Gobierno.
Algunos pasos ya se han dado en algunas Comunidades autónomas como Galicia y Cataluña, modificando la ley de Cooperativas de su ámbito en el sentido de garantizar que a estos trabajadores se les aplique las mismas condiciones que las establecidas en el convenio colectivo del sector en el que trabajen.
