En Castilla y León hay más de 430.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza. La Carta Social Europea, de la que es España es firmante, garantiza una renta de 663 euros a las personas y familias que no perciben renta alguna por carecer de trabajo. No se cumple. En España esa renta está cuantificada en 426€.

Pero una sentencia de los juzgados de lo contencioso en Valladolid crea precedente en la respuesta dada a un ciudadano que reclamó el cumplimiento de la Carta Social Europea: obliga a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León a pagarle un complemento económico con el que la ayuda de 430 euros se eleve al menos a los 633 euros y no quedar por debajo del umbral de la pobreza. Es una victoria del colectivo Parados en Movimiento que lleva luchando desde hace años, junto con Marea Básica por la Renta Básica, por ese derecho reconocido en la Carta Social Europea.

El procurador en Cortes de Izquierda Unida-Equo, José Sarrión, aplaudió el fallo: “Es necesario que esta sentencia sirva como herramienta a movimientos sociales y partidos políticos para exigir al gobierno autonómico medidas reales que permitan a los castellanos y leoneses estar por encima del umbral de la pobreza”. Y así lo hizo ayer. Desde su escaño interpeló al presidente de las Cortes a que las rentas básicas para las personas desempleadas se igualen a lo que exige la Carta Social Europea. “Estamos hablando de una renta mínima para sobrevivir. Necesitamos garantizar los ingresos de las personas y las familias y atender a aquellas que no lograr obtener un trabajo. Hablamos de cantidades mínimas, por lo que creemos que es un deber darle la solución que las personas damnificadas merecen” argumentó Sarrión.

Sarrión pidió que se proponga una reforma del sistema de ayudas públicas de Castilla y León para garantizar el cumplimiento de la Carta Social Europea. “Es necesario para que nadie pueda vivir por debajo del umbral de la pobreza y así poder sacar a Castilla y León de la lista de las Comunidades Autónomas que incumplen dicha carta.”

La respuesta del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue dar largas apelando a la responsabilidad y a la necesidad de ajustarse a los recursos que permiten financiar esa partida, asegurando que la resolución de la Junta está “ajustada a derecho”.

Una decena de integrantes del colectivo Parados en Movimiento presenciaron el debate desde la tribuna de invitados. Tras la respuesta del presidente, uno de ellos, que cobra la ayuda de 430 euros, se levantó gritando para que le pudiera oír: “Herrera con el dinero que nos dan no se puede vivir”, tras lo que fue llamado al orden por la presidenta del Parlamento y acabaron siendo desalojados.

La sentencia de Esteban García Miranda refleja la situación que viven casi medio millón de personas sólo en Castilla y León. La suya fue la única denuncia que llegó hasta el final tras recursos, trabas y costes económicos que los otros siete denunciantes no pudieron afrontar.