Hace tan solo unas semanas, la multinacional norteamericana ALCOA que es una de las líderes mundiales en fabricación de aluminio, ha anunciado el cierre de dos de las tres factorías que tiene en nuestro país, concretamente las de Avilés y A Coruña. Con esto la empresa ALCOA inicia un procedimiento de despido colectivo de los casi 700 trabajadores que tienen en la actualidad en dos zonas especialmente sensibles social y económicamente.

Este anuncio no ha sido una sorpresa para nadie y mucho menos para los trabajadores, ya que sus representantes sindicales vienen denunciando en los últimos años el abandono deliberado de ambas factorías y la falta de inversión en ellas que ha ido provocando el envejecimiento de estas y una “progresiva pérdida de competitividad”.

La dirección de la empresa, como siempre, ha alegado para proponer el cierre de ambas fábricas el elevado coste de la materia prima y de la energía eléctrica (un elemento vital para la producción de aluminio). Pese a que el precio de la materia prima y de la energía están en puntos máximos, la empresa ALCOA no ha dejado de registrar beneficios a pesar de sus esfuerzos por esconderlos mediante la ingeniería contable entre las tres factorías que tiene en nuestro país. No hay un motivo objetivo para proceder al cierre de ambas factorías, más aún siendo el aluminio un material indispensable para la industria moderna tanto en España como en Europa. A modo de apunte, hace unos días se inauguraba en Valladolid una planta de inyección de aluminio para la fabricación de motores de Renault y se anunciaba la construcción de otra, con lo que en España se fabricarían más de la mitad de los motores que la compañía francesa monta en todo el mundo.

La estrategia de las multinacionales

El anuncio del cierre de las plantas de ALCOA no es más que un nuevo episodio del chantaje al que esta empresa viene sometiendo al Estado desde como mínimo 2014, tomando el bienestar de más de 700 familias y el futuro de dos comarcas como rehenes en su oscuro juego para obtener más beneficios.

Ya en el año 2014 presentaron un ERE de extinción para los 800 trabajadores de ambas factorías porque no habían obtenido las bonificaciones sobre el precio de la energía que ellos entendían necesarias para garantizar sus márgenes de beneficio previstos. El Estado sacó una nueva subasta para volver a bonificar a ALCOA y con esta operación se retiró el ERE. Dos años más tarde (2016), ALCOA anunció la venta de ambas factorías y el Estado volvió a responder con nuevas bonificaciones.

ALCOA acumula más de mil millones de Euros de bonificaciones en los últimos años y continúa presionando y chantajeando al Estado para seguir obteniendo beneficios a costa de subvenciones en una producción que, a pesar de la coyuntura de los precios, no ha dejado de dar beneficios.

La estrategia de ALCOA no es exclusiva de ésta, es usada de forma sistemática por las multinacionales y algunas grandes empresas de nuestro país para exprimir las arcas públicas a golpe de amenazas de cierre y despido ante gobiernos débiles que actúan al servicio de los beneficios del Capital. Las empresas engordan sus cuentas de resultado y mantienen sus redes de comisionistas cercanos al Estado que les hacen de “conseguidores” de estas subvenciones. Así, ALCOA, CEMEX, VESTA y un larguísimo etcétera que se remonta a la época de los primeros gobiernos socialistas y su primera oleada de desindustrialización (la mal llamada “reconversión industrial”), han ido extorsionando de forma sistemática al Estado por la vía de la amenaza del cierre, el despido y la deslocalización que finalmente se llevaban a cabo tras años de agonía de la clase trabajadora.

Gobiernos fuertes

Definitivamente, ALCOA no quiere negociar y así lo ha mostrado en la última reunión mantenida con los sindicatos en la que los representantes de los trabajadores se han levantado de la mesa ante la imposibilidad de dialogar con la multinacional.

Frente a este tipo de chantajes, la clase trabajadora de nuestro país necesita gobiernos fuertes que protejan el empleo industrial y planifiquen un modelo productivo acorde a las necesidades de nuestro pueblo, e independiente y soberano de la extorsión y las presiones de capitales principalmente extranjeros, más aún en sectores estratégicos de la producción y en zonas de desarrollo socioeconómico especialmente sensibles.

Desde un punto de vista económico y social, la nacionalización de industrias estratégicas es más que viable en tanto que garantiza el empleo y el futuro de la clase trabajadora y de sus pueblos. No es viable ceder permanentemente a los chantajes de las multinacionales y entregar dinero público a cuenta del mantenimiento del empleo por algunos meses.

Son necesarios gobiernos fuertes que sujeten las riendas de un capital que campa a sus anchas por nuestro país, gobiernos que fiscalicen y auditen las cuentas y los costes de estas empresas que anuncian cierres tras años recibiendo subvenciones y bonificaciones estatales y que, llegado el momento, tengan la valentía de intervenir y nacionalizar estas empresas mediante la intervención de la SEPI.

Desde el PCE apostamos decididamente por defender hasta el último puesto de trabajo industrial y la puesta en marcha de un gran plan de reindustrialización y modernización inserto en una estrategia de un nuevo modelo productivo para un país soberano e independiente. Si no ponemos freno al Capital la clase trabajadora seguirá siendo esclava de sus caprichos y sus cuentas de resultados.

Redacción