Los últimos datos económicos en Europa indican al menos una desaceleración generalizada, cuando no la proximidad de una recesión. La preocupación ha cundido dentro de la propia Alemania. Representantes de la patronal, líderes notables del SPD y directores de relevantes institutos de economía sugieren que ha llegado el momento de que se abandone, o al menos se flexibilice, la política de austeridad. En realidad, es un mensaje que Draghi al frente del BCE ha venido repitiendo-aunque de forma un tanto velada, tal como se suelen expresar los banqueros centrales. Al final de su mandato, sin embargo, lo ha manifestado abiertamente: “Una diferencia clave de la Eurozona con otras uniones monetarias avanzadas es la falta de un instrumento fiscal que actúe de manera anticíclica en el plano federal. “No hay política monetaria que no cuente con una política fiscal». El BCE -y también la mayoría de los bancos centrales- piensa que la política monetaria ha dado de sí ya todo lo que podía dar, llegando incluso a tipos de interés negativo. Es el momento de los gobiernos, ha afirmado Draghi recurrentemente. En román paladino, de las políticas fiscales expansivas.
Bien es verdad que no todos los países tienen capacidad para aplicar estas políticas. A los países del Sur, con un fuerte endeudamiento, les resulta imposible asumir esta tarea sin riesgo de ser desestabilizados por los mercados, tanto más cuanto que carecen de moneda propia y la Eurozona está muy lejos de ser una zona monetaria óptima. Sin embargo, este no es el caso de Alemania y de otros países del Norte, con finanzas saneadas y fuertes superávits en sus balanzas por cuenta corriente. En una década el endeudamiento público del país germánico ha pasado del 81% de su PIB al 60%, y los tipos de interés de sus bonos en estos momentos son negativos, es decir, que cobraría intereses a los acreedores por los capitales que le prestasen para acometer nuevas inversiones. En estas circunstancias y cuando hay peligro de una recesión no puede extrañarnos que haya quienes aboguen por abandonar el dogma del déficit cero.
Draghi, en su despedida, afirmó tajantemente que el BCE ha hecho su trabajo; lo cual es cierto. Ha sido la política monetaria, junto con las políticas deflacionistas adoptadas por los países del Sur, las que por el momento han salvado al euro, cuando muchos creíamos que la Unión Monetaria estaba condenada a desaparecer. Paul Krugman, uno de los economistas que había negado con más fuerza la viabilidad de la moneda única y había pronosticado su ruptura a corto plazo, reconoció su error situando el origen de su confusión en que no podía imaginar que los ciudadanos de las sociedades europeas pudiesen soportar semejantes recortes y políticas deflacionistas como las aplicadas en el sur de Europa en esos años. No obstante, ante los signos de desaceleración presentes ya en toda Europa, es forzoso preguntarse qué ocurriría si se produjese una crisis como la del 2008. No resulta creíble que esta vez la solución pudiese provenir de los mismos factores.
Mientras tanto, los países del Norte no han cedido casi en nada. La UM arrastra los mismos defectos con los que nació. Aquellos que ingenuamente e imbuidos de un espíritu evangélico defendían “hagamos la Unión Monetaria y el resto se nos dará por añadidura” tendrán que reconocer que, de añadidos, poco. De hecho, en muchos casos se ha retrocedido. Cuando se firmó el Tratado de Maastricht, el presupuesto comunitario ascendía a un escaso 1,24% del PIB global; treinta años después es tan solo del 1,20%.
El hasta hace poco presidente del BCE no solo manifestó que sería preciso que países como Alemania u Holanda, que tienen margen presupuestario o financiero, realizasen una política fiscal expansiva, sino que la propia UM debería dotarse de un instrumento con una dimensión creíble para poder realizar en el plano europeo una política anticíclica y que, al mismo tiempo, compensase los desequilibrios que la UM puede producir entre los diferentes países. Macron se presentó como el salvador del euro, jactándose de que había convencido a Merkel -y por lo tanto a los países del Norte- de la necesidad de crear un presupuesto para la Eurozona, y España se subió al carro proponiendo un Seguro de Desempleo Comunitario. Pues bien, la montaña parió un ratón. Hace aproximadamente tres meses, el Eurogrupo acordó la creación de ese simulacro de presupuesto para la Eurozona al que ha designado con el nombre pomposo -en la Unión Europea todo es pomposo- de Presupuesto para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés).
Tras la aprobación, tanto el ministro de Hacienda francés como la ministra de Economía española se mostraron muy contentos con el roedor. Nadia Calviño, ese portento, según el presidente del Gobierno, columna y baluarte para afrontar la próxima crisis, ha manifestado que se han conseguido todas las reivindicaciones que planteaba España: que el presupuesto fuese anticíclico, redistributivo, y que la percepción de los recursos no estuviese sometida a reformas ni ajustes especiales. No obstante, nada dice acerca de su escasa cuantía, factor que invalida todos los demás. El futuro presupuesto nace con 13.000 millones de euros, lo que representa el 0,01% del PIB de la Eurozona. Con esa cantidad es imposible que pueda tener alguna efectividad, tanto más cuanto que no se va a nutrir con fondos nuevos, sino que estará incorporado al Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027.
En realidad, a quien haya seguido la historia de la Unión Europea no le puede causar sorpresa lo acordado. Sigue la tónica de todas las reformas. La trayectoria siempre es la misma. Primero son muchas las voces que plantean la conveniencia, cuando no la necesidad. A continuación, se origina una enorme oposición por parte de algunos países, principalmente los del Norte, y al final se llega a un acuerdo a base de descafeinar la medida, de manera que solo permanezca el nombre. Buen ejemplo de ello lo constituye la Unión Bancaria, que ha quedado reducida a transferir las competencias de inspección y liquidación de algunas entidades financieras (solo de algunas) a Europa, pero ni hablar de que los costes de las futuras crisis bancarias se asuman por el conjunto de la Eurozona. Ni siquiera ha prosperado, ni prosperará, el Fondo de Garantía de Depósitos europeo, y si se crea alguna vez será con condiciones tales que esté ausente todo factor de mutualización, es decir, cualquier asunción colectiva de las pérdidas.
Dos son las finalidades principales que debe cumplir el presupuesto de cualquier Estado, y se supone que son las que debería cubrir también un verdadero presupuesto de la Eurozona: instrumentar una política anticíclica y ejercer una función redistributiva. Y ambas son totalmente imprescindibles para que la Eurozona pueda mantenerse.
Resulta, sin embargo, imposible que el proyecto aprobado el mes pasado por el Eurogrupo pueda servir para realizar una política anticíclica. Solo el 20% de su dotación, 3.400 millones de euros, podrá dedicarse a esa función anticíclica, esto es, tan solo un 0,003% del PIB de la Eurozona. Para ser conscientes de la insignificancia de la cifra y de su inutilidad en momentos de crisis nada mejor que compararla con las cantidades empleadas en la pasada recesión en los rescates de países con dificultades: Grecia, 273.000 millones de euros; Portugal, 78.000; Irlanda, 85.000; España, 41.000; etc.
Aun cuando en principio se pudiese pensar que, tal como se ha diseñado, el BICC tiene una finalidad redistributiva, ya que el 80% se repartirá entre las naciones atendiendo a la población y a la renta per cápita, enseguida se llega a la conclusión de que tal disposición queda casi compensada y anulada por el hecho de que ningún país pueda recibir menos del 70% de lo aportado y, además, cada proyecto debe ser financiado en un 25% por los presupuestos nacionales. España y Francia han presentado como un gran triunfo frente a Holanda y Austria que se reduzca a la mitad (12,5%) la cofinanciación de los Estados que se encuentren en dificultades. Ciertamente poca cosa, y menos aun cuando se estipula que la rebaja en la aportación del presupuesto nacional no debe compensarse con un incremento en la parte financiada por el BICC.
El diario El País publicó dos días después del acuerdo, el 12 del pasado octubre, un editorial con el siguiente subtítulo: “El pacto para el nuevo presupuesto es excelente, pese a su escasa cuantía”. Es como si alguien dijese “tengo un trabajo magnífico pese a que el salario mensual es solo de un euro”. Las flores que el editorial echa al proyecto resultan tanto más extravagantes cuanto que poco después reconoce que no entrará en vigor hasta 2021, y aun después de este año, según afirma, “la cuantía inicialmente contemplada, en el entorno de los 17.000 millones de euros para todo el periodo, es extremadamente modesta e insuficiente para afrontar, por ejemplo, una crisis de un empaque similar a la de 2008. Si se repitiese pronto y en esos mismos términos, habría que echar mano, como entonces, de otras medidas de urgencia para afrontarla y de los nuevos instrumentos ya operativos (BCE, fondo de rescate)”.
¿Alguien puede pensar en serio que ante una nueva recesión sería posible emplear las mismas medicinas que en 2008? El propio BCE ha manifestado que la política monetaria no da más de sí, y todo indica que los países a los que ya se sometió a durísimos ajustes no resistirían de nuevo la misma terapia. No resulta creíble que las poblaciones de Grecia, Portugal, España, e incluso de Italia y de Francia, estuviesen dispuestas a tolerar devaluaciones internas como las de los años pasados, sobre todo cuando muchos de los efectos de la anterior crisis permanecen vivos (endeudamiento público, desempleo, bajos salarios, situación social y política, etc.). Lo cierto es que una nueva recesión no es desde luego nada improbable, sobre todo mientras subsistan los desequilibrios de las balanzas de pagos. Los países del Sur han corregido con muchos sacrificios sus déficits. Alemania y algún otro país del Norte han incrementado sus superávits sin que nadie les fuerce a eliminarlos.
