Ante la LOMLOE, más educación pública

Hace poco más de un año (febrero de 2019), el Gobierno socialista monocolor, salido de la moción de censura, aprobó su proyecto de nueva Ley de Educación o LOMLOE, respondiendo así al compromiso de derogar la LOMCE del PP, que tantísimo rechazo había generado en amplísimos sectores de la comunidad educativa y en la práctica totalidad de las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Desde IU mostramos nuestro apoyo a la iniciativa de derogar por fin la nefasta LOMCE, aunque sabíamos que la (¿calculada?) tardanza del Gobierno en hacerlo, junto a la convocatoria anticipada de elecciones, convertía el intento en papel mojado, como así fue: el proyecto socialista de LOMLOE no inició siquiera su tramitación parlamentaria.

Ahora, tras dos elecciones generales, un año con Gobierno en funciones y apenas mes y medio de Gobierno de coalición, la Ministra Celaá ha vuelto a llevar al Consejo de Ministras su Proyecto de LOMLOE sin cambiar ni una coma. El pretexto para no intentar siquiera consensuar con sus ‘socios’ de gobierno una alternativa a la LOMCE, antes de trasladarla al Congreso, es –dicen- acortar los plazos para su rápida aprobación, dejando así para el trámite parlamentario el devenir de un Proyecto de nueva Ley de educación que por ahora es sólo del PSOE.

En estas circunstancias el papel de Unidas Podemos (UP) no puede ser otro que introducir cuantas enmiendas sean precisas para garantizar, por un lado, el cumplimiento estricto del acuerdo del Gobierno de coalición en materia educativa; y por otro, atender a los compromisos adquiridos con todas las organizaciones de la comunidad educativa que compartimos el espacio unitario Redes por otra política educativa, cuyo “Documento de Bases para una nueva Ley de educación”, elaborado colectivamente, nos tiene que servir de guía para que la LOMLOE no se limite a suprimir los aspectos más nocivos de la LOMCE, sino que se convierta en un acicate para avanzar decididamente en la extensión y mejora de la educación pública, una educación que ha de ser gratuita, inclusiva, coeducativa, laica, democrática y suficientemente financiada, si realmente queremos que sirva para acabar con la segregación escolar garantizando el derecho de todas y todos a una educación pública de calidad en condiciones de igualdad.

Luces y sombras del proyecto socialista de LOMLOE

El Proyecto de Ley, en su versión actual, incorpora sin duda notables aciertos, empezando por su Disposición derogatoria única, por la que queda derogada la LOMCE, su calendario de implantación y “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley”. Ello se concreta, entre otros aspectos destacables, en la eliminación de itinerarios segregadores en la ESO, que desde los 13 años podían condenar a ese alumnado a seguir una formación devaluada, cuando no a un callejón sin salida (es decir, sin título alguno); o en la supresión de las perversas “evaluaciones externas” o reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al PP a posponerlas sine die; o en la recuperación de toda la Educación Infantil como etapa educativa desde los 0 a los 6 años; o en la devolución de competencias sustraídas a los Claustros y Consejos escolares de los centros, que habían quedado profundamente devaluados; o en la pérdida de protagonismo de la asignatura de Religión; o… etc, etc. Acabar con éstas y otras tantas barbaridades de la LOMCE era/es sin duda una necesidad imperiosa.

Asimismo, compartimos en gran medida los objetivos declarados del Proyecto de ley, especialmente los que optan por una educación inclusiva que impida toda forma de segregación escolar, recupere la equidad y cuente con recursos necesarios para asegurar el éxito escolar de todo el alumnado, especialmente en las enseñanzas obligatorias. Pero para lograr esos loables propósitos echamos en falta una apuesta mucho más clara y rotunda por la educación pública como única garante del derecho universal a la educación.

La experiencia acumulada, junto a los múltiples datos recogidos en rigurosos estudios recientes, nos permiten afirmar que globalmente la doble red escolar sostenida con fondos públicos ha devenido en una red segregadora, por lo que ha llegado la hora de abordar el problema desde su raíz, y eso pasa por dar prioridad absoluta a la educación pública, estableciendo por ley el carácter subsidiario de la enseñanza concertada y abriendo a su vez un proceso para su incorporación progresiva y negociada a la red de centros públicos, como ya se ha iniciado en alguna Comunidad Autónoma. Además, la nueva ley deberá recoger explícitamente (y no de forma ambigua, como ahora lo hace) la imposibilidad de acceder/mantener conciertos educativos a los centros que no respeten la coeducación o discriminen al alumnado por cualquier otra circunstancia de índole social o personal. Segregar al alumnado por razón de sexo atenta gravemente contra la igualdad de mujeres y hombres, principio que esta Ley está obligada a garantizar.

Respecto a la programación de la red de centros, nos parece positivo que se haya reformulado algo el art. 109, reconociendo la obligación que tienen los poderes públicos de “garantizar el derecho de todos a la educación en condiciones de igualdad”, y que se haya eliminado la “demanda social” como criterio para programar la oferta de plazas escolares gratuitas; pero no cabe mantener implícitamente la equiparación del derecho de todos y todas a la educación con la “libertad de elección de los interesados”. La elección de centro público o privado concertado (mientras subsistan), como manifestación de una preferencia particular, no puede ser determinante a la hora planificar plazas escolares suficientes para responder a las necesidades de escolarización existentes en cada área de influencia.

Por otra parte, nos parece que el tratamiento dado a la Religión en el Proyecto de LOMLOE tampoco es satisfactorio. También en este asunto ha llegado la hora de ser coherentes dando pasos concretos para avanzar realmente en una educación pública laica que respete la libertad de conciencia y saque el adoctrinamiento religioso del ámbito escolar. No basta con anunciar que la asignatura de Religión no computará en la nota media del alumnado que la curse, y que no tendrá alternativa obligatoria para el resto de estudiantes. Esas barbaridades hay que corregirlas, por supuesto, pero no sólo. Hay que sacar ya la religión confesional del horario lectivo y cumplir de una vez por todas con el compromiso de proceder a la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, que son la coartada legal para impedir que el gobierno de turno se atreva a sacar definitivamente la religión del sistema educativo.

Enmendar la LOMLOE para mejorar la educación de tod@s y para tod@s

Junto a los aspectos ya señalados (conciertos, programación de la oferta educativa, presencia de la Religión…) que deben ser enmendados, creemos que en el trámite parlamentario de la LOMLOE se deben incorporar otras enmiendas. Entre ellas una reivindicación básica de la comunidad educativa, largo tiempo demandada y en la que hay prácticamente unanimidad, por entender que resulta clave para hacer efectivo el modelo inclusivo de atención a la diversidad que se declara en la propia ley como uno de sus enfoques fundamentales: la reducción de la ratio, es decir, del número de alumnos y alumnas por grupo-aula con que el profesorado debe trabajar. No se logrará una enseñanza más personalizada, no se podrá dar respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, ni desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje realmente inclusivo, mientras no se reduzca sustancialmente la ratio existente en Educación Infantil y demás etapas educativas (25/30/35 en Primaria, ESO y Bachillerato respectivamente).

Pero para ello es crucial que se destine financiación suficiente a la educación pública en los presupuestos venideros. La educación es una inversión, no un gasto. La comunidad educativa lo repite hasta la saciedad. Por eso se debería recoger en la nueva Ley la obligación de incrementar año a año los fondos públicos hasta alcanzar al menos el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en su proceso de implantación. No basta con los artículos que prometen posibles incrementos sin concretar. Demasiadas veces han resultado ser promesas incumplidas.

Conviene recordar al respecto que los recortes acumulados en educación han supuesto 9.000 millones de euros en los últimos años. Por eso, como plantean los sindicatos del profesorado, solo para revertir estos recortes educativos la inversión en educación debería situarse en ese 5% del PIB. Y ello sin olvidar que muchos colectivos de la comunidad educativa reclaman que el horizonte sea alcanzar progresivamente un 7% del PIB, para situarnos en el grupo de países europeos que claramente apuestan por la educación pública: en los hechos y no solo en las declaraciones.

Una inversión pública en educación de ese monto sí que permitiría abordar de modo efectivo la inclusión educativa, la estabilidad del profesorado interino para dar continuidad a los proyectos educativos, la gratuidad real de la enseñanza pública desde la primera infancia hasta la Universidad, así como cubrir todas las necesidades de 0 a 6 años con plazas educativas públicas, o aumentar las plantillas de profesorado y de otros profesionales de la educación que pudieran dar una respuesta adecuada a las distintas necesidades del alumnado de cada centro, contando con medios y tiempos para coordinarse y desarrollar un currículo auténticamente innovador con el enfoque inclusivo, igualitario y ecológico que se plantea.

Esperamos que, en la tramitación de la nueva ley, prosperen los bloques de enmiendas señaladas anteriormente; de no ser así, estaríamos ante una nueva oportunidad perdida para avanzar hacia la Educación pública, laica e inclusiva que demanda la comunidad educativa y social del siglo XXI. Ahora es el momento.