Son innegables los efectos que esta crisis está causando en nuestro país y cómo el COVID-19 está sacudiendo principalmente a la Comunidad de Madrid, a la cabeza en el número de contagios así como de fallecidos.
Para ello toca hacer un ejercicio de memoria y recordar lo que ha venido sucediendo en una región gobernada durante más de veinte años por la derecha más recalcitrante, obsesionada en convertir Madrid en un paraíso fiscal y en el desmantelamiento de los servicios públicos. Una política de recortes y privatizaciones impulsada por el PP, responsable de que la sanidad pública madrileña haya tenido que hacer frente a esta pandemia con casi 3.000 camas cerradas y 3.200 trabajadores y trabajadoras menos que hace diez años.
Mientras el COVID-19 nos está demostrando que la sanidad pública es la única capaz de hacer frente a una crisis sanitaria de estas características, Madrid -la Comunidad más rica- está a la cola en inversión, situando a esta región como la cuarta comunidad con menor número de camas por mil habitantes así como en número de profesionales sanitarios públicos. Datos que demuestran el maltrato sistemático del PP a lo público, convirtiendo a Madrid en punta de lanza de la privatización sanitaria, triplicando su inversión en los últimos cuatro años.
Una sanidad pública esquilmada a la que se suma un compendio de medidas en las últimas semanas que nada tienen que ver ni con el bien común ni con el interés general.
Vimos cómo días después de que la Consejería de Educación rescindiese el contrato con las empresas encargadas del transporte escolar, las escuelas infantiles y los comedores, la presidenta firmó un contrato con cadenas de comida rápida para alimentar a los menores más vulnerables. Una dieta saludable solo para el bolsillo de las empresas.
Han cerrado más de cien Centros de Salud, mermando uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública como es la atención primaria y debilitando unos ya raquíticos recursos fundamentales en el control de los pacientes con el COVID-19 que permitían la atención domiciliaria. Decisión denunciada incluso desde el Colegio Oficial de Médicos por el aumento inevitable del colapso de las urgencias hospitalarias.
Se ha levantado el “hospital más grande de España” en IFEMA, con una previsión de 1600 camas -lejos de las 5000 anunciadas inicialmente-, lo que supone el 50% de las camas perdidas y mientras nos siguen sorprendiendo imágenes de espacios vacíos y cerrados, mostrando la infrautilización de instalaciones sanitarias construidas en la época de Esperanza Aguirre. Un hospital cuyo funcionamiento ha recibido fuertes quejas de sindicatos y profesionales por estar produciendo un vaciado del sistema sanitario.
Hemos visto profesionales desbordados mientras otros esperaban a ser llamados para incorporarse en esta campaña contra el COVID-19. Contratos a estudiantes de enfermería y medicina sin garantizar que estos sean “para labores de apoyo y bajo supervisión de un profesional”, tal y como establece la orden ministerial que permite esta medida.
Unos profesionales que están teniendo que hacer frente al virus con grandes dificultades para estar protegidos, con una falta de EPIs justificada por Ayuso con las razones más peregrinas que van desde la acusación de bloqueo por parte del gobierno central a la pérdida de dos aviones por un valor de 23 millones de euros. Una situación a la que ha respondido un pueblo organizado, poniendo a disposición sus impresoras 3D y su tiempo para realizar viseras que protejan a los profesionales o incluso piezas para respiradores que salven vidas.
Nos hemos topado con la cara más cruel del modelo neoliberal, con más de 3000 muertes en las residencias de mayores de la región. Resultado de una política de abandono de uno de los colectivos más vulnerables y de la falta de recursos reiteradamente denunciada durante los últimos años. Es lamentable que tenga que ser el dolor el que ponga en evidencia que el modelo de gestión que mercantiliza nuestros derechos es incompatible con la propia vida. No es justo. Denunciarlo nos lo debemos, SE lo debemos.
¿Y la salud democrática?
La salud es un derecho y el miedo a perderla no puede ser usado como negocio. Por esta razón son inadmisibles situaciones como la existencia de empresas que estén cobrando 150 euros por saber si tienes el virus o que la sanidad privada prevea, según declaraciones de la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española, un ERTE para 28.000 empleados por la crisis del coronavirus.
El estado de alarma, entre otras cuestiones, recoge la intervención de la sanidad privada para ponerla al servicio del Sistema Nacional de Salud, pudiendo los Consejeros de Sanidad disponer de todos los medios necesarios del sistema privado para hacer frente a la epidemia. Conocer cuáles son todos esos medios y cuántos están al servicio de la sanidad pública madrileña está siendo misión imposible. Si hay algo que escasea en Madrid, además de EPIs, es la información, esa que, como la salud, también es un derecho y en vez de virus nos previene de bulos. Con el cierre de la Asamblea de Madrid, la información sobre la gestión del coronavirus se hace por Twitter. Desde entonces, no ha habido ni un solo pleno, ni una sola comparecencia del Consejero de Sanidad ni se ha habilitado ningún mecanismo de control parlamentario.
Crítica que no solo no le sienta bien a la derecha, sino que denunciarlo supone, como ya hemos visto, el linchamiento desde artículos en sus panfletos. Ya sabemos, la derecha señala y el fascismo dispara. Curiosa la furia que genera en ciertos sectores advertir del rechazo a quienes se aprovechen de esta coyuntura de crisis para seguir mercantilizando nuestros derechos, anteponiendo el beneficio privado al interés general.
Mientras todo el mundo arrima el hombro, los máximos responsables de gestionar esta crisis en Madrid están dando otra batalla. Han decidido pasarla de bulo en bulo y de acusación en acusación. Todo vale en ocultar la incapacidad de un gobierno para aceptar que sólo con unos servicios públicos fuertes se puede hacer frente a esta pandemia. Son conscientes de que esta crisis ha puesto todo patas arriba y se han agudizado a marchas forzadas las contradicciones del sistema capitalista. Ante esta realidad y el futuro que nos viene, ¿acaso no tenemos derecho a decir que las consecuencias no las podemos pagar, otra vez, las de siempre? Sí, sí lo tenemos. Es una obligación y un ejercicio de salud democrática defender un modelo que ponga la vida en el centro. Y es lo que hacemos.
