El PCE advierte que el Plan de Choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “puede afectar a la calidad de la justicia”.
La declaración del partido, considerando a la justicia como un servicio público, manifiesta su inquietud sobre la aparente amenaza de que “bajo la coyuntura creada por el Estado de Alarma, se busque introducir medidas que afecten a derechos y libertades de los ciudadanos, esquivando el oportuno debate a la sociedad civil”.
El PCE se refiere a “medidas organizativas y otras que afectan al derecho a la defensa como cribar recursos o agilizar trámites”. “Estamos en contra de utilizar la pandemia -declara el PCE- para implementar una serie de reformas constituyentes que no le corresponden al CGPJ sino al pueblo español y a sus representantes”. Y añade que “es necesario un amplio debate sobre la reforma de la justicia y el estancamiento de sus recursos, siempre con una mirada de servicio público”.
En un artículo publicado por el digital CTXT, José Antonio Martín Pallín, dice que “no podemos permitirnos que, además de las calamidades y desgracias personales acumuladas, se alteren las reglas y contrapesos de un sistema social y democrático indispensable para la comunidad”. Según el magistrado emérito del Tribunal Supremo, ”el principal problema que se puede plantear procede de la tentación de realizar innovaciones en las normas de procedimiento o en otras leyes generales, disminuyendo los principios y las garantías procesales”.
